Exenfermera de Chávez pedirá asilo político si evita la extradición
Reseñó que su esposo Adrián Velásquez, jefe de seguridad de Chávez, salió del país al ser amenazado de muerte en 2013, aunque no reveló los nombre de estas personas debido a que está en un «proceso de una posible extradición»
La exenfermera del fallecido Hugo Chávez y extesorera de la Nación, Claudia Patricia Díaz Guillén, insistió en que en Venezuela no hay «Estado de derecho» al igual que reiteró que podría ser torturada si la Audiencia Nacional de España la extradita a su país por delitos de corrupción, que asegura no haber cometido.
En entrevista a la agencia EFE, ratificó no haberse quedado con dineros públicos y califica de «intachable» y «limpia» su gestión, a la que asegura haber llegado con méritos propios. Ante la posibilidad de ser enviada nuevamente a Venezuela, manifestó confiar en la Justicia española y alegó que recurrirán a todas las instancias ibéricas y europeas para evitar el proceso.
«No tenemos nada que esconder, pero nos negamos rotundamente a ser unos rehenes políticos», resaltó.
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Explicó que fue «cesada» en 2013 y salió de Venezuela dos años más tarde. En cuanto a su gestión, aseveró que la misma fue auditada por firmas internacionales «y no se observó ningún daño al patrimonio. Yo dependía directamente del ministro de Finanzas, Jorge Giordani, de quien recibía instrucciones siempre apegadas a la ley. Fue una persona honesta». En ese sentido, se pregunta por qué él no es perseguido si las mismas cuentas auditadas en su caso, son iguales a las del acta de él.
Reseñó que su esposo Adrián Velásquez, jefe de seguridad de Chávez, salió del país al ser amenazado de muerte en 2013. «Ahorita estoy en un proceso de una posible extradición y no puedo decir esos nombres por salvaguardar mi vida, obviamente».
Aseguró haber ido a España por sus raíces canarias, por lo que su residencia es legal. Manifestó que luego de que se resuelva el trámite de la extradición, solicitarán asilo «porque este caso tiene un contexto político, es una persecución política».
Alertó que en varias oportunidades le presentaron documentos que estaban al margen de la ley, ya que en el caso específico de una empresa -a la que no nombró- se le pedía que se le devolvieran los impuestos de forma íntegra y que por no cumplir con esos requerimientos fue que la cesaron en sus funciones.
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«P: La justicia venezolana pidió el arresto de ustedes en 2016, cuando su marido aparece en los papeles de Panamá con varias sociedades. ¿Por qué las creó allí?
R: No es un delito. Mi esposo crea cuentas en Panamá para preservar el patrimonio familiar por las inseguridades jurídicas, las fluctuaciones cambiarias, el acoso y las olas de secuestros. Pero solo dos. Las otras fueron creadas por una persona sin más, que usó su pasaporte sin autorización de él».
En una entrevista previa publicada el 20 de noviembre por el diario español El Confidencial, Díaz Andrade relató que en Venezuela se ha encarcelado a más de 6.000 personas “sin garantías jurídicas y a algunas se las mata. Quieren torturarnos para que confesemos unos delitos que no hemos cometido”.
Además subrayó que devengó salarios altos en los puestos que ocupó y «cuando viajaba me pagaban dietas, pero no gastaba nada de esos dólares y adquirí un apartamento con mi sueldo en una zona popular de Caracas».
En abril de 2016 su vivienda en Caracas fue allanada por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Se trató no de uno sino de tres apartamentos en el edificio Oasis Suites, ubicado en San Bernardino y no en una “zona popular” como Propatria o La Vega.
Tras salir de la Administración Pública, se estableció en Punta Cana (República Dominicana) tras haber solicitado la ayuda del bufete panameño para abrir cuentas en paraísos fiscales, como las islas Seychelles y Suiza, además de dirigir una serie de operaciones comerciales y empresas tanto en Panamá como en Caracas.
Además, su nombre fue vinculado en 2013 al empresario Raúl Gorrín, dueño de la televisora Globovisión, por una denuncia hecha por el entonces gobernador de Miranda y dirigente opositor, Henrique Capriles Radonski. Gorrín actualmente es investigado en EEUU por lavado de dinero.
Con información de EFE
