En menos de cinco días número de víctimas de las protestas ascendió a 35
Provea resalta que en el caso de los asesinatos se repite un patrón similar a las detenciones, en el que personas de sectores populares salieron a expresar su rechazo a Maduro y su gabinete y fueron “reprimidos con saña”
El director de la ONG Provea Rafael Uzcátegui, indicó que en conjunto con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) han logrado constatar el número de personas asesinadas en el marco de las protestas antigubernamentales en los primeros días de 2019.
“Corroboramos 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones en todo el país, en 10 estados de Venezuela”, encabezando la lista Distrito Capital donde murieron 10 personas, seguido del estado Bolívar con ocho víctimas y cuatro en Portuguesa”, dijo.
Explicó que en el caso de los asesinatos se repite un patrón similar a las detenciones, en el que personas de sectores populares salieron a expresar su rechazo a Maduro y su gabinete y fueron “reprimidos con saña”.
Aseguró que todas estas personas han muerto a causa de impactos de balas disparadas por armas de fuego.
Uzcátegui informó que desde la ONG están generando una base de dato para levantar registros sobre las personas que han sido asesinadas no solo en el marco de las protestas, sino también cuando finalizan las movilizaciones pacíficas y se da inicio a operativos de seguridad “para detectar, perseguir y marcar a las personas que han participado en estas protestas”.
Señaló que hasta el momento se han registrado ocho ajusticiamientos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en su incursión a sectores populares donde se han originado manifestaciones.
Detalló que esta cifra de muertos incluye varios casos denunciados en la localidad del Tocuyo estado Lara, donde “el principal responsables es la Fuerza de Acciones Especiales (FAES)”.
Desde Provea rechazaron los patrones agravados de represión, “no solamente tenemos violaciones del derecho a la vida, la integridad persona y a la libertad, sino que también tenemos denuncias donde los cuerpos de seguridad quieren obligar a los familiares de las víctimas a que acepten el falseamiento de la causa del fallecimiento y les órgano responsables de la muertes”.
De no aceptar la alteración de estos documentos los allegados a las víctimas corren el riesgo de que no le entreguen a tiempo los cuerpos.
Denunció que el FAES “no es un ente policial que haya sido entrenado para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza o para realizar labores de contención, sino que su lógica es la del ataque letal, tomar territorialmente el sector y allí dar de baja a un grupo de individuos, una lógica de guerra, una lógica de exterminio”.
Para Uzcátegui con esta arremetida a los sectores popular el “Gobierno está demostrando que no solo practica con el hambre de los venezolanos como mecanismo de control, sino que también un nuevo mecanismo es el dolor, son traficantes del dolor”.
Por lo que aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las familiares de las víctimas a denunciar lo ocurrido con sus allegados, “necesitamos que su testimonio y documentación, vamos a preservar el anonimato, pero la única manera de castigar a los violadores de DDHH es tener registro”.
“Avanza la censura” en el gobierno de Maduro
Por su parte el director de la ONG Redes Ayuda, Melanio Escobar, denunció que durante los últimos días el gobierno de Nicolás Maduro, ha hecho un considerable “avance de censura” en contra de los venezolanos.
Explicó que en lo que va de 2019 se ha implementado con más fuerza el bloque “selectivos de redes sociales”, medida que ha venido aplicando el Estado desde hace un par de años, cerrando medios de comunicación y limitando la señal de medios internacionales.
Para Escobar esta media quedó en evidencia el pasado 21 de enero, cuando funcionarios del comando de la Guardia Nacional ubicado en Cotiza Caracas, se alzaron en contra del Gobierno.
Los vecinos del sector salieron en apoyo a la decisión de los uniformados y comenzó una fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad, todo lo que se sabía del caso comenzó a circular por redes sociales.
“Todos vimos cómo el Gobierno bloqueó el servicio de Twitter” dijo el activista de DDHH, quien explicó que la medida que cortó la señal en la zona y bloqueó la red social, no se debió a una casualidad.
Aseguró que esta práctica se implementa con mayor fuerza en momento “álgidos, cuando el Gobierno aumenta la escalada de violencia”.
Indicó que “Twitter, Instagram y Facebook” caen de manera selectiva según los intereses de Maduro y su gabinete, para mantener a los venezolanos más alejados de la información.
