Grave problema social: violencia doméstica, por Gisela Ortega
Las dificultades para que las mujeres de América Latina y el Caribe, logren los derechos, libertades civiles y políticas, y alcanzar un mayor nivel de bienestar material y espiritual, son de diversa índole, y tienen que ver con su inserción en el trabajo, los contenidos de la educación, su acceso a la salud y sus posibilidades de participación política.
Sin embargo, existen además otras causas que están relacionadas con la persistencia de la pobreza, las situaciones de conflicto bélico y ciertas manifestaciones concretas de la equidad de género como la violencia contra las mujeres. En la actualidad, la violencia contra las mujeres se considera un problema social, cultural y político, que obstaculiza el desarrollo con justicia al impedir el respeto a los derechos humanos y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
El tratamiento de esta problemática ha enfrentado dos obstáculos: hasta hace muy poco la violencia doméstica contra las mujeres era socialmente aceptada, y sancionada por la ley. En segundo lugar, los actos en que se incurría en el seno del hogar y de la familia, se consideraban privados y no llegaban a formar un hecho social.
Evidentemente, el contexto de democratización, de ampliación de los derechos ciudadanos y de esfuerzo por eliminar todo tipo de discriminación, ha influido notablemente para que el tema de la violencia adquiera relevancia en el debate social. También le han dado un impulso importante, los diversos movimientos de mujeres que, al organizarse en torno de diferentes objetivos, pusieron de manifiesto esta problemática oculta y considerada tabú desde tiempos históricos, que está relacionada íntimamente con la forma en que se ejerce el poder en la sociedad.
Las Naciones Unidas comenzaron a preocuparse de este tema a partir de 1980 y durante la Conferencia Mundial celebrada ese año en Copenhague se aprobó una primera resolución sobre las mujeres golpeadas y la violencia en la familia. En las Estrategias de Nairobi se incluyen consideraciones más específicas al respecto, y, a partir de entonces, se inició un estudio más sistemático de este fenómeno. En la región, durante la quinta Conferencia Regional de 1991 se aprobó una resolución sobre la materia.
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993. El artículo 1° de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de la Naciones Unidas, define como violencia de género:.” todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada”. Con su Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la Asamblea Nacional consolidó un instrumento uniforme para todos los Estados Miembros.
Las investigaciones hasta ahora realizadas, indican que este es un problema que existe en todos los estratos socioeconómicos y modelos culturales. Se ha elaborado una tipología de la violencia contra la mujer en las que se considera, entre otras categorías, la doméstica, en el lugar de trabajo, en las instituciones educacionales y la violación -como forma extrema de ésta-.
Las acciones emprendidas para eliminar este flagelo, que alcanza magnitudes significativas, ha comprendido la creación de hogares refugio para las mujeres golpeadas y para sus hijos, la capacitación de mujeres policías para atender denuncias de mujeres golpeadas y en varias naciones existen ya iniciativas legales y leyes destinadas a prevenir, castigar y erradicar la violencia de género con énfasis en la domestica.
Es en este campo, donde adquiere mayor importancia la aplicación de políticas con un enfoque integrado y una conceptualización amplia de los derechos humanos. De acuerdo con experiencias realizadas en países desarrollados, si además de una atención inmediata no se proporciona a las mujeres capacitación para el trabajo y acceso a un empleo, una forma educacional que le devuelva la autoestima, servicios de salud que incluyan atención psicológica, guardería para sus hijos y, en general, los medios que le aseguren una vida digna y el respeto a sus derechos, difícilmente podrán superar la situación vivida y terminaran acogidas en forma permanente a las casas refugio, y éstas, debido al costo que representan, en ningún país y menos en América Latina y el Caribe, pueden constituir más que apoyos temporales para enfrentar problemas de este tipo.
Un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, “Violencia contra las Mujeres: salud y derechos sexuales reproductivos en América Latina y El Caribe” revela que el 50 por ciento de las mujeres de la región sufren algún tipo de violencia, sobre todo en el hogar. Es una de las manifestaciones más evidente de las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales entre hombres y mujeres, lo que determina que una de cada cinco mujeres de la región sufre este fenómeno que les impide disfrutar de sus derechos humanos fundamentales.
El Banco Interamericano de Desarrollo –BID- considera que la violencia en contra de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias sobre las economías de los países. Al mismo tiempo tiene efectos sociales y culturales, afecta su seguridad, sus posibilidades de educación y desarrollo personal.
En algún momento de sus vidas más de la mitad de todas las mujeres latinoamericanas han sido objeto de agresiones en sus hogares. Un 33 por ciento fue víctima de abusos sexuales entre edades de 16 a 49 años, mientras que el 45 por ciento recibió amenazas, insultos y la destrucción de objetos personales.
América Latina y el Caribe fue el primer Continente en obtener un instrumento Jurídico de importancia como es la Convención sobre la Prevención, Erradicación y Sanción de la violencia en contra de las Mujeres, aprobada en 1994, por la Organización de Estados Americanos –OEA- firmada y ratificada por 23 países miembros.
