«En Venezuela hay una dictadura moderna», aseguran expertos en derecho penal
«En Venezuela rige un régimen de hecho», reitera Laura Louza, quien no dudó en afirmar que el régimen de Maduro es una dictadura
La directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, afirmó este miércoles durante la presentación del informe «El camino a la dictadura» que después de las elecciones parlamentarias de 2015 el mismo gobierno dio un golpe de Estado.
Louza asegura que «en Venezuela hay una dictadura moderna» y explica que se ha pasado de un régimen híbrido con menos espacios democráticos a una sociedad con una represión importante, además de que no hay Parlamento. «Aunque la AN sesiona, lo que decide jurídicamente no tiene efecto», puntualiza.
La directora de Acceso a la Justicia ratifica lo esbozado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el quiebre institucional del país. Destaca que todos los poderes del Estado son de hecho y el único legítimo es la Asamblea Nacional.
Louza considera que el camino a la dictadura se inició en el año 2015, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la elección de los diputados de Amazonas. También detalla que, en 2016. este poder declaró en desacato al Parlamento y la nulidad de todos sus actos, incluso los del futuro; además, impidió la realización del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro y usurpó las funciones de la AN al designar a dos rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta última práctica también la hizo en 2014.
La abogada explica que los decretos del TSJ han «servido para que Maduro eluda el control parlamentario y se apropie del presupuesto». Recordó que el máximo tribunal ha declarado constitucional el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica sin pasar por la Asamblea Nacional. «El decreto que se ha prorrogado 20 veces», puntualizó.
Cerco al Parlamento
A juicio de Laura Louza, el Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo órdenes del Ejecutivo, manipula la tesis del desacato para cercar al Parlamento. Sostuvo que la constituyente no es un órgano de derecho pero sí de hecho porque se instaló en 2017 sin realizar una «verdadera consulta al pueblo». Seguidamente, los poderes públicos se sometieron a esta, con la excepción de la Asamblea Nacional.
Por otra parte, la directora de Acceso a la Justicia afirmó que, en 2017, fue cuando se incrementó la persecución contra los alcaldes opositores, específicamente contra 17. En ese año, también mermaron en 70% los partidos políticos, dadas las trabas para su renovación y luego se anularon los partidos más importantes.
Destacó que parte de la guerra al legislativo implica que a 16 diputados se les ha levantado ilegítimamente la inmunidad parlamentaria bajo una supuesta flagrancia de delitos que no se han demostrado.
Otra de las denuncias del informe de Acceso a la Justicia fue la convocatoria a las elecciones presidenciales, en mayo de 2018, por parte de la constituyente. Laura Louza asegura que estos comicios realizaron «sin garantías»; mientras que los comicios de concejales se hicieron con retraso y separados de la elección de gobernadores, lo que «es ilegal».
Autoridades de hecho
La representante de Acceso a la Justicia también enfatizó que el Gobierno tiene varias autoridades de hecho, por la forma en que se hizo su nombramiento. «El fiscal, el contralor general, el defensor del pueblo son de hecho porque fueron designados por la constituyente y no por la Asamblea Nacional», puntualiza Louza.
«En Venezuela rige un régimen de hecho», reiteró Laura Louza, mientras señala que el Consejo Nacional Electoral también forma parte de los órganos de hecho y recuerda que, de forma ilegítima, Maduro se juramentó ante la ANC.
Otra de las irregularidades en el manejo de la justicia en Venezuela tiene que ver las liberaciones de presos políticos que son decididas por el Gobierno y no por los jueces. Esto que reafirma que en Venezuela «estamos en una dictadura», aseguró Alí Daniels, director de la ONG.
#Ahora 10:57 AM. Acceso a la Justicia asegura que el gobierno, y no los jueces, es el que decide la liberación de los presos políticos #17Jul #17JulTC pic.twitter.com/N6PvmCbw9G
— TalCual (@DiarioTalCual) 17 de julio de 2019
Crisis humanitaria vs. crisis económica
Daniels acotó que el gobierno no argumenta su negativa a aceptar que en el país hay una crisis humanitaria y se escuda en la tesis de la crisis económica. Asimismo dice que las razones que expone el régimen sobre las causas de la emergencia humanitaria compleja no son reales.
Aseguró que la emergencia en Venezuela afecta a todos los sectores de la sociedad y que las agencias internacionales que atienden esta crisis no se dan abasto. «Hasta que no se resuelva la crisis política no se resolverá la emergencia humanitaria compleja», advierte.
Además, el director de Acceso a la Justicia dice que «la ayuda humanitaria no es una limosna sino un derecho, que es negado por el Gobierno».
