De cómo Prieto y sus muchachos sembraron el terror en el Zulia
De las 240 personas asesinadas en supuestos enfrentamientos entre enero y junio 2019, 239 son presuntos delincuentes y sólo hay un funcionario policial, lo que plantea un desequilibrio bastante notable en caso de que hubiesen sido enfrentamientos
Braulio Polanco
El 20 de abril de 2018 Lisandro Cabello convocó una rueda de prensa para informar que fuerzas de seguridad habían asesinado en un presunto enfrentamiento, a miembros de una banda que se habían grabado días antes mientras mataban a una mujer en la Costa Oriental del Lago.
Cabello, secretario de Estado del Zulia y mano derecha de Omar Prieto desde que llegó a la gobernación, mostró grotescas imágenes de los asesinados y afirmó: “así terminan y así terminarán. Todo aquel que se enfrente a los cuerpos de seguridad va a quedar de esta manera, correrán la misma suerte”, agregó.
En todo el país y particularmente en Zulia, el terror se ha convertido en política de seguridad del Estado venezolano, como quedó reflejado en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela que habla de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales. En la región zuliana estas acciones vienen acompañadas de un discurso violento por partes de las autoridades regionales.
En mayo de 2018 Luis Losada (27) fue asesinado dentro de su casa en la comunidad Cerros de Marín, al norte de Maracaibo, luego de que supuestamente se robara unos televisores. Testigos afirmaron que sólo se escuchó el disparo que lo mató, por lo que descartan la hipótesis de que se enfrentó a la comisión de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Zulia (DIEP), como fue reseñado por medios locales. Cuando Prieto fue consultado por este caso, se limitó a responder “ustedes saben cómo son los del Cerro de Marín”.
Aunque la mayoría de los asesinatos en operativos policiales que ocurren en la región corren por cuenta de cuerpos nacionales, un reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) reportó que de 239 posibles ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre del 2019, al menos 14,29% fueron perpetrados por agentes de la Policía Bolivariana del estado Zulia.
Juan Berríos, coordinador de documentación de Codhez, asegura que se puede hablar de una «responsabilidad compartida» entre el gobierno central y regional, pues «existe una política de seguridad nacional que evidentemente siguen las policías de los estados y municipios».
Según el informe del Codhez, entre enero y junio 2019 hubo en Zulia al menos 240 asesinatos durante operativos de cuerpos de seguridad. Se cree que estos asesinatos pueden tratarse de ejecuciones extrajudiciales y no de enfrentamientos, en especial por el esquema que se repite en las diferentes acciones policiales.
De las 240 personas, 239 son presuntos delincuentes y sólo hay un funcionario policial, «lo que plantea un desequilibrio bastante notable en caso de que hubiesen sido presuntos enfrentamientos”, según Berríos
En el informe las FAES lideran las acciones violentas con participación en 46 de ellas (25%), seguido por el Cuerpo de Investigaciones Civiles Penales y Criminalísticas con 32 hechos violentos (17%) y la policía regional con las cifras ya comentadas.
Casi el 90% las 240 víctimas tenían 35 años o menos. Maracaibo fue el territorio con más hechos de violencia policial (28,7%).
Aquellas aguas
Para Gervis Medina, abogado criminólogo, el exgobernador Arias Cárdenas fue conocido como “el pacificador” durante su mandato, pues intentó cuidarse de ser señalado de crímenes de lesa humanidad al ser prudente en la manera en cómo actuaba en políticas de seguridad, aunque “hoy es cómplice” por seguir apoyando a Nicolás Maduro desde la Embajada de México.
Pero con la llegada de Prieto en 2017, luego de que Juan Pablo Guanipa se negara a juramentarse ante la Asamblea Constituyente, hubo un giro drástico en las políticas de seguridad tanto contra presuntos delincuentes como contra manifestantes, hasta el punto de que el mandatario “es hoy gran responsable de las ejecuciones”, de acuerdo a Medina
La actitud de Prieto no es nueva: su historial quizás predijo lo que sería la gobernación con él al mando. Cuando fue alcalde de San Francisco, entre 2008 y 2017, solía responder con tanta contundencia a las manifestaciones que las personas solían referirse a este municipio como “territorio liberado” por las pocas protestas antigubernamentales que se registraban debido al miedo, a diferencia de otras entidades como Maracaibo donde los ciudadanos que tomaban las calles se contaban por miles.
De hecho, en 2014 y a raíz de las protestas contra el gobierno convocadas por Leopoldo López, en la prensa regional abundaron las denuncias de represión. “Nadie puede salir al frente de sus casas o asomarse a las ventanas de su apartamentos a cacerolear, porque empiezan a echarnos tiros. La gente las toca a escondidas, dentro de sus viviendas, por miedo. Aquí el que proteste lleva plomo”, dijo una ciudadana en ese momento.
Por aquellos días los habitantes denunciaban que Prieto lideraba colectivos armados, quienes después de las 11:00 de la noche salían encapuchados en motos y camionetas rotuladas con logotipos de la alcaldía para sembrar zozobra en la colectividad.
Amenazas y agresiones
Marifé Cuauro trabajó cuatro años en el diario La Verdad del estado Zulia y sólo fue agredida en una ocasión: en 2011 cuando cubría la expropiación de un galpón en la Circunvalación 1, que atraviesa a Maracaibo y San Francisco.
Una funcionaria de Polisur, el cuerpo policial de San Francisco, le arrebató la cámara fotográfica del cuello luego de decirle que no podía tomar fotos. “Fue un momento terrible”, recuerda desde Chile donde vive actualmente. “La única agresión fue el jalón, no me golpearon, pero la cámara nunca la devolvieron”.
Cuauro explica que no le tocaba estar en ese sitio, pero llegó porque “estaban acosando al equipo y fuimos a apoyarlos. Una mujer policía no me dejó pasar a donde estaban mis compañeros y me quitó la cámara. Omar Prieto nunca dio declaraciones al respecto”, agrega
El entonces director de Polisur era Danilo Vílchez, cercano a Prieto, quien también posee un currículo lleno de acusaciones por violencia.
Este funcionario fue detenido brevemente en octubre de 2016 por orden de Néstor Reverol, luego de que varios manifestantes opositores resultaran heridos en hechos violentos que él lideró y donde hizo uso indebido de su arma de reglamento. En mayo del mismo año fue acusado de intentar estrangular a una enfermera del hospital Adolfo Pons, mientras participaba en una protesta en el centro médico que terminó con varios profesionales de la salud presos.
A pesar de ello, en diciembre de 2017, tras ser electo gobernador, Prieto designó a Vílchez como secretario de Seguridad de Orden Público por ser “leal y comprometido con la seguridad de este estado”.
“Cuento contigo para replicar en el Zulia, la experiencia exitosa que tuvimos en San Francisco”, expresó. En agosto de 2018, nuevamente por órdenes de Reverol, Vílchez fue separado del cargo.
Colectivos con chapas
En diciembre de 2018 José Camargo, coordinador de los Círculos Bolivarianos en el Zulia, anunció la creación del Servicio de Inteligencia Comunal (Sicom) que, según él, iba a contrarrestar de manera “enérgica” el acaparamiento de alimentos y medicinas, además de la prostitución infantil y la venta de efectivo.
Meses después las noticias apuntaban a otro lado: en una marcha de apoyo a Juan Guaidó el 30 de abril de 2019, un grupo de colectivos en Maracaibo atacaron a los periodistas Gerard Torres y María Carolina Quintero, quienes se resguardaron en un carro que fue destruido con tubos y piedras. Según denuncias, se trataba de funcionarios del Sicom.
El abogado Gervis Medina fue testigo de este hecho y afirma que los atacantes se bajaron de una camioneta Chevrolet Silverado azul que pertenecía a Camargo.
“Por hacer esa denuncia pública también fui objeto de amenazas: el señor (Camargo) me llamó y me dijo que no hiciera eso; yo le dije: hermano las pruebas están”, cuenta el criminólogo que asegura que este cuerpo irregular creado dentro de la Policía Bolivariana del estado Zulia no rinde cuentas al comandante de la policía sino directamente a Prieto, y que poseen pistolas del parque de armas de la policía municipal.
Tengo de primera mano las pruebas y expedientes de que el parque de armas de la policía del municipio Maracaibo está siendo alquilado al servicio de civiles que forman parte de los Círculos Bolivarianos”, señala. “Ni a Willy Casanova (alcalde de Maracaibo) ni a Omar (Prieto) les interesa esto. Les envié un mensaje y me dijeron que yo lo que quiero es fama”, dice el criminólogo
Medina tuvo que exiliarse en Ecuador, entre otras cosas, por recibir amenazas de personas cercanas a Prieto tras realizar denuncias públicas a través de un programa radial que conducía y que fue sacado del aire por presiones. “Me decían que sabían dónde vivía, con quién andaba y dónde estaban mis hijas. Fue una de las cosas que me llevó a salir del país”, denuncia.
Detalle a tomar en cuenta: en 1986 Omar Prieto, quien se graduó de economista en la Universidad del Zulia, fue campeón nacional de taekwondo, una disciplina de combate cuerpo a cuerpo. Todo indica que hoy sus peleas las lleva a cabo en equipo.
