Efectos de la crisis de gobernabilidad de Bolivia, por Marino J. González R.
Los sucesos de las últimas semanas en Bolivia ilustran nuevamente la secuencia impredecible de las crisis de gobernabilidad. Es más fácil identificar el origen, pero no lo es tanto presagiar el rumbo que tomen los acontecimientos. La ausencia de alternabilidad en el gobierno, tan característica en América Latina, se ha manifestado otra vez.
El intento de la tercera reelección de Evo Morales, objetado insistentemente por consideraciones jurídicas, fue seguido de denuncias de fraude electoral, certificadas en informe de la OEA. La consecuencia directa fue la renuncia del presidente y la entrada del país en un complicado escenario político. No está clara la evolución del nuevo gobierno, y mucho menos la existencia de un cronograma acordado para resolver la crisis de gobernabilidad. Mientras tanto, la violencia aumenta con el saldo lamentable en fallecidos y sufrimiento de los bolivianos.
Todo indica que las circunstancias políticas se han apoderado por completo del acontecer de Bolivia, con la continuación previsible de esta crisis en las próximas semanas o meses. Tal como ha sucedido en otras ocasiones en la región, la pérdida de la estabilidad política condiciona otros aspectos, especialmente la marcha de la economía y el bienestar de las familias. Se manifiesta en el acto la parálisis de las políticas públicas en muchas áreas, y cesa de funcionar la institucionalidad que permite enfrentar los múltiples problemas de los ciudadanos.
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Un primer efecto, directo, está relacionado con la economía. Ya el FMI había advertido a principios del mes de octubre pasado, sobre la disminución del ritmo de crecimiento en la gran mayoría de los países de América Latina.
En el caso de Bolivia, la tasa de crecimiento anual pasará de 4,2% en 2019 a 3,9% en 2020. Esta disminución no toma en cuenta los efectos que seguramente tendrá la crisis política en el ritmo de las inversiones públicas y privadas. Es muy probable que en 2020 se reduzca aún más la previsión del FMI.
De hecho, el crecimiento promedio de Bolivia entre 2015-2019 fue 0,6% superior al que se espera para el período 2020-2024. Esta estimación del FMI coloca a Bolivia en el séptimo lugar en la región con respecto a la magnitud de la tasa de crecimiento para el período 2020-2024, luego de ocupar el tercer lugar entre 2015-2019.
La reducción del crecimiento siempre es mala noticia. Pero es especialmente complicada cuando se produce en países en los cuales la producción de valor no es un objetivo central. La razón es que la reducción del crecimiento aleja mucho más la posibilidad de avanzar hacia estadios de mayor sostenibilidad. La economía de Bolivia es la segunda con menor capacidad para crear valor en la región (solo superada por la de Venezuela). Este ha sido un rasgo permanente en el período para el cual se cuenta con el índice de complejidad económica.
A la previsible reducción de crecimiento hay que agregar que Bolivia tenía en 2017 un mayor nivel de desigualdad que en 1990. Esto es indicativo de que la reducción de la desigualdad, como objetivo de políticas públicas, es prácticamente inexistente en el país. Expresiones de esta desigualdad se reflejan en el pobre desempeño en salud y educación.
Bolivia tiene la segunda tasa de mortalidad infantil de la región (solo superada por Haití), y la segunda razón de mortalidad materna (también solo mayor en Haití). El gasto de bolsillo representó en 2016 poco más del 30% del gasto en salud, porcentaje comparable al que tenía el país en 2000. La población de 25 años o más con estudios secundarios en poco menos de 60%, casi 20% inferior que la de Chile, por ejemplo. Solo el 52% de la población tenía acceso a servicios de saneamiento básico en 2015.
La crisis de gobernabilidad que afecta Bolivia ya seguramente ha cobrado sus efectos en la discusión pública relacionada con los temas anteriores. Toda la acción de la sociedad estará concentrada en la pugna por la resolución de esta crisis. Que la vía para solucionarla esté fundamentada en la ampliación de la democracia y la institucionalidad, es deseable, pero no está predeterminada. Lo que es bastante evidente es que solo esa vía estará en capacidad de colocar en la agenda pública los problemas sustantivos de las familias de Bolivia. Mientras eso no suceda, la dinámica política estará afectando, en muchos casos agravando, las dimensiones más significativas del bienestar sostenible.
Ojalá que los actores y líderes de la sociedad boliviana puedan encontrar rápidamente la senda para reducir las grandes brechas de desarrollo sostenible que se confrontan.
