Empresarios piden créditos para pagar ellos la nómina, no que lo haga el gobierno
Según dijo Maduro en enero de 2020, en Venezuela están operativas unas 14.500 pymes. De acuerdo con los cálculos y tomando en cuenta que hoy los trabajadores de las pymes privadas cobran en promedio 45 dólares mensuales, Maduro tendría que erogar 97,87 millones de dólares cada mes para pagar nómina
Este domingo 22 de marzo, y en atención a un anuncio hecho el pasado 18 de marzo, Nicolás Maduro ratificó que el gobierno pagará las nóminas de las pequeñas y medianas empresas para hacer frente al impacto que causará el coronavirus en la ya muy maltrecha y apocada economía venezolana.
Es más, a diferencia de lo anunciado cuatro días atrás, Maduro afirmó que el Estado asumirá no solo el pago a los trabajadores de las pymes sino de todo el sector privado. «Los trabajadores de sector privado recibirán pago de nómina garantizado por 6 meses«, dijo el mandatario, sin precisar cuánto del sueldo será cancelado.
Pero entre las medidas económicas de estímulo planteadas por economistas y dirigentes gremiales para tratar de reducir los riesgos de la cuarentena ordenada por Maduro, que tiene paralizada buena parte del aparato productivo del país, no hay ninguna que pida al Estado asumir los gastos operacionales de las pymes.
Lo que realmente solicitan los empresarios es que el Ejecutivo reduzca el encaje legal para que puedan acceder a financiamiento bancario y sean ellos mismos los que paguen los salarios que venían abonando a sus trabajadores, muy por encima de los tres dólares que al cambio deposita el Estado a empleados públicos.
“Nosotros no pagamos ni cerca de lo que es el salario mínimo, asumiendo que él va a pagar el equivalente al salario mínimo. En la industria estamos pagando entre 40 y 50 dólares al mes, aproximadamente. Lo que requerimos es netamente lo que requiere cualquier industria en cualquier país normal. ¿Qué es lo normal? Que yo vaya al banco y pida el crédito bancario que necesite para pagarle a mis trabajadores. Para nosotros es fundamental que haya una disminución del encaje”, asegura Luigi Pisella, presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes (Cavecal).
Según dijo Maduro en enero de 2020, en Venezuela están operativas unas 14.500 pymes. De acuerdo con los cálculos y tomando en cuenta que hoy los trabajadores de las pymes privadas cobran en promedio 45 dólares mensuales, Maduro tendría que ‘bajarse de la mula’ cada mes con la friolera de 97,8 millones de dólares, o 7,06 billones de bolívares al tipo de cambio oficial publicado por el BCV el jueves 19 de marzo (Bs. 72.260 por dólar).
La cifra no es poca cosa para un Estado prácticamente en bancarrota tras la caída abrupta de la producción petrolera (que bajó de 3,5 millones de barriles a unos 750.000 barriles en los últimos 15 años) y de los precios del crudo (que bajaron hasta los mínimos históricos desde 1991), imposibilitado para siquiera comprar insumos necesarios para el despistaje y prevención de la pandemia.
Esfuerzos por sobrevivir
Solo para pagar a los aproximadamente 10.640 trabajadores de las 532 pymes activas que hay en el estado Carabobo, que pagan como mínimo 3.500.000 bolívares (48 dólares a la tasa oficial), el gobierno tendría que erogar más de 515.000 dólares.
Elizabeth Brandt, directora la Cámara de Pequeños-Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo (Capemiac), afirma que los empresarios de la pequeña y mediana industria hacen un gran esfuerzo por pagar mucho más que el sueldo mínimo, bono de alimentación y beneficios adicionales, para así ayudar a los trabajadores en los actuales momentos. “Todo depende de la estructura de costo que cada empresa maneje”, afirma.
De acuerdo con la Ley de Promoción de la Pequeña y Mediana Industria, una empresa es considerada pequeña cuando tiene máximo 50 trabajadores, mientras que una compañía es calificada como mediana si su plantilla está conformada por no más de 250 personas.
Si ambas tienen una media de 25 y 150 empleados, respectivamente, se puede decir que cada una de las 14.500 pymes que hay en el país tiene un promedio de 150 trabajadores, por lo que en este sector trabajan alrededor de 2,2 millones de venezolanos, aproximadamente, un número muy inferior si lo comparamos con las nueve millones de personas que en 2012 laboraban en las pymes, según un estudio presentado en ese entonces por Richard Obuchi, economista y profesor del IESA, quien además señalaba que las micro, pequeñas y medianas empresas generaban 73% del empleo del país.
Por otra parte, los empresarios creen que si el gobierno paga las nóminas de las pymes, lo hará con el salario mínimo que desde enero pasado se ubica en 250.000 bolívares, como hizo en agosto de 2018 cuando Maduro anunció que asumiría por 90 días el pago de la nómina de las pequeñas y medianas industrias del sector privado del país luego de haber realizado un ajuste salarial de 5.900% que subió el sueldo base de 30 a 1.800 bolívares.
Aún así no es despreciable la suma de dinero que el gobierno tendría que desembolsar si paga las nóminas de las pymes con el salario mínimo. Serían unos 543 millardos de bolívares o 7,5 millones de dólares al tipo de cambio oficial para que los 2,2 millones de trabajadores de las pequeñas y medianas empresas recibieran el ínfimo monto de 250.000 bolívares, que no alcanzan ni siquiera para comprar un cartón de huevos, que en la calle lo venden en 260.000 bolívares.
Solicitudes
La industria nacional, que hoy opera a solo 20% de su capacidad instalada, pide al gobierno poder tener acceso a créditos no solo para pagar nóminas sino también para sufragar otros gastos como el mantenimiento de la infraestructura, los impuestos (que aumentaron luego del ajuste de la unidad tributaria) y el pago de los servicios públicos, los cuales muchas empresas han tenido que proveérselas ellas mismas dado el ineficiente suministro por parte del Estado.
En una misiva dirigida a la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, Conindustria, gremio que representa a más de 80% de la industria manufacturera venezolana, solicita “urgentemente un financiamiento, con tasas y condiciones preferenciales y propias de las circunstancias, para la adquisición, tanto en el ámbito nacional como internacional, de insumos y materia prima, así como para aquello que sea necesario para el procesamiento oportuno del producto final, y en la cantidad requerida”.
El gobierno ha limitado la capacidad de la banca para otorgar créditos con la implementación del encaje legal. En febrero de 2019 el gobierno elevó de 60% a 100%, medida que ha causado un problema serio de parálisis de la actividad económica y la principal causa, además del colapso del sistema eléctrico nacional, de que el PIB se contrajera 39,6% en 2019, según el Índice de Actividad Económica de la Asamblea Nacional (AN).
En la carta, el gremio industrial también solicita al gobierno otras medidas como flexibilizar los plazos para la declaración y pago del IVA e incorporar exoneraciones de hasta un año o reducciones de impuestos para sectores más afectados; no aplicar las sanciones tributarias por un período de tiempo prudente y hasta que las circunstancias le garanticen a los contribuyentes la posibilidad de cumplir oportuna y correctamente; y garantizar el suministro de combustible.
“Se hizo una solicitud al gobierno a través de Conindustria con diez puntos y no hemos visto ninguna respuesta”, aseguró Orsinis Hernández, presidente de la Cámara de Industriales del Zulia, estado donde el aparato productivo opera a menos de 15% de su capacidad.
Señala que uno de los temores de los industriales en esta contingencia es que la cuarentena se extienda y se les agoten los recursos para seguir pagando los salarios a sus trabajadores. “Tenemos esa preocupación de los sueldos porque no hay otro recurso que la gente tenga para comer. Estamos comprometidos a seguir pagándolos hasta que podamos, porque no hay flujo de caja y mientras tanto el Estado está aumentando la unidad tributaria. Nosotros no vemos ninguna sensibilidad por parte del Estado”.
Con respecto a la propuesta de Maduro de asumir el pago de las nóminas de las pymes, Hernández recordó que en el pasado los empresarios escucharon tantas promesas por parte del Ejecutivo “que de verdad esta nueva no la vemos como algo realista”.
Para la economista Alicia Sepúlveda, coordinadora del observatorio económico legislativo de Cedice Libertad, que Maduro proponga asumir las nóminas de las empresas “es meterse y, a la hora de la chiquita, es engañar, porque el Estado no produce riqueza, lo que hace es distribuir cierta riqueza”. “¿De dónde sacará el Estado para dar esos pagos? Del mismo bolsillo del ciudadano minimizado que recoge vía impuesto. Tienen que ser los propios privados quienes desde sus incentivos y sus proyectos generen riqueza”, afirmó.
