Informe de Amnistía Internacional reveló que la pena de muerte aumentó durante el 2021
Amnistía Internacional responsabilizó a países como Corea del Norte, Vietnam y China, de seguir ocultando su uso de la pena de muerte
En comparación con el 2020 en el 2021 la pena de muerte y los homicidios ocasionados bajo esta medida incrementaron un 20%, así lo señaló el último informe de la organización Amnistía Internacional (AI).
El 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, esto a raíz de que algunos de los considerados “verdugos más prolíficos” del mundo volvieran a las andadas y tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la covid-19.
Se conoció que el año pasado se llevaron a cabo al menos 579 ejecuciones en 18 países, esto sin contabilizar aquellas donde sus gobernantes niegan llevar a cabo estos actos.
Gran parte de este aumento fue atribuido a Irán, que ejecutó al menos a 314 personas, frente a las 246 del 2020, su mayor número de ejecuciones desde el 2017. Esto se debió, en parte, a un notable aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas, lo que supuso una flagrante violación al derecho internacional, que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos distintos a los que impliquen homicidio intencional.
Mientras tanto, en Arabia Saudí se duplicó con creces el número de ejecuciones, una sombría tendencia que continúa en 2022 con la ejecución de 81 personas en un mismo día en el mes de marzo.
“En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de Estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de derechos humanos”, afirmó Agnès Callamard, secretario general de AI.
Pese a estos retrocesos, el número total de ejecuciones registradas en 2021 constituye la segunda cifra más baja, después de la de 2020, que Amnistía Internacional ha registrado desde al menos 2010.
Como en años anteriores, los totales globales de condenas a muerte y ejecuciones registradas no incluyen los miles de personas que Amnistía Internacional cree que han sido condenadas a muerte y ejecutadas en China, ni la gran cantidad de ejecuciones que se cree que han tenido lugar en Corea del Norte y Vietnam. El secretismo y el acceso restringido a la información en el caso de estos tres países impidieron llevar a cabo un seguimiento riguroso de estas ejecuciones, mientras que, en el caso de otros países, los totales registrados deben considerarse cifras mínimas.
“China, Corea del Norte y Vietnam siguieron ocultando su uso de la pena de muerte bajo capas de secretismo, pero, como siempre, lo poco que vimos fue motivo de gran alarma”, señaló Agnès Callamard.
A pesar de esto, AI señaló a China como el mayor ejecutor a nivel mundial, esto, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar clasificado los datos como secreto de Estado.
Irán mantiene la pena de muerte preceptiva por posesión de ciertos tipos y cantidades de drogas, y el número de ejecuciones registradas por delitos relacionados con estas sustancias se multiplicó por más de cinco, hasta llegar a 132 en 2021 (frente a las 23 del año anterior). La cifra confirmada de mujeres ejecutadas también aumentó de 9 a 14, mientras que las autoridades iraníes continuaron con su aberrante ataque a los derechos de los niños al ejecutar a tres personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito, en contra de sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
Además del incremento en las ejecuciones observado en Arabia Saudí (65 frente a 27 en 2020), con respecto a 2020 se produjeron otros aumentos significativos en Somalia (al menos 21, frente al menos 11), Sudán del Sur (al menos nueve, frente al menos dos) y Yemen (al menos 14, frente al menos cinco). También llevaron a cabo ejecuciones Bielorrusia, Japón y Emiratos Árabes Unidos, pese a que en 2020 no habían llevado a cabo ninguna.
De las 579 personas que se sabe fueron ejecutadas en 2021, 24 eran mujeres, lo que se traducen en un 4%, siendo Irán el país que arremetió en contra de la mayoría (14 de ellas), seguido de Egipto con ocho, mientras que Arabia Saudí y Estados Unidos con uno cada uno.
Amnistía Internacional no tuvo constancia de ejecuciones en India, Qatar y Taiwán, donde sí se habían registrado en 2020.
En julio, el Parlamento de Sierra Leona aprobó por unanimidad una ley por la que se establece la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. Kazajistán adoptó en diciembre una ley que abolía la pena capital para todos los delitos, que entró en vigor este año. Papúa Nueva Guinea emprendió una consulta nacional sobre la pena de muerte, que se tradujo en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de entrar en vigor. El gobierno de Malasia anunció que presentaría reformas legislativas sobre la pena de muerte en el tercer trimestre de 2022.
Al finalizar 2021, más de dos tercios de los países del mundo habían abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. En 108 países, (la mayoría de los países del mundo) se había abolido la pena capital en la ley para todos los delitos, y 144 países la habían abolido en la ley o en la práctica. En 55 países aún se conservaba la pena de muerte.
Amnistía Internacional registró indultos de la pena de muerte en 19 países: Bangladesh, Botsuana, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Guyana, India, Indonesia, Irán, Malasia, Myanmar, Pakistán, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sudán del Sur, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Zambia y Zimbabue.
Amnistía Internacional registró siete exoneraciones de personas condenadas a muerte en cuatro países: Bahréin, Estados Unidos, Kenia y Zambia.
Amnistía Internacional registró la imposición de 2.052 condenas a muerte en 56 países, lo que constituía un incremento del 39% respecto a las al menos 1.477 impuestas en 54 países en 2020.
Etiopía, Guyana, Maldivas, Omán, Tanzania y Uganda impusieron condenas a muerte —a pesar de no haber impuesto ninguna en 2020—, mientras que ocurrió lo contrario en Bahréin, Comoras, Laos y Níger.
Al concluir 2021 se tenía constancia de al menos 28.670 personas condenadas a muerte. Nueve países concentraban el 82% del total conocido: Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Argelia, Sri Lanka.
Los métodos de ejecución utilizados en todo el mundo en 2021 fueron los siguientes: decapitación, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego.
Cuatro personas fueron ejecutadas por delitos que se habían cometido cuando eran menores de 18 años en Irán y Yemen. Amnistía Internacional cree que otras personas de esta categoría permanecían condenadas a muerte en Maldivas, Myanmar e Irán.
Américas
Las 11 ejecuciones registradas se llevaron a cabo en Estados Unidos. En el resto de la región de las Américas siguió sin haber ejecuciones por decimotercer año consecutivo.
Se impusieron 25 nuevas condenas de muerte en tres países: Estados Unidos de América, Guyana y Trinidad y Tobago.
Virginia se convirtió en el vigésimo tercer estado abolicionista en Estados Unidos y el primer estado del sur en abolir la pena de muerte. Por tercer año consecutivo, Ohio reprogramó o suspendió todas las ejecuciones previstas.
El nuevo gobierno de Estados Unidos también estableció en julio una moratoria temporal de las ejecuciones federales. En 2021 se constató la cifra más baja de ejecuciones en Estados Unidos desde 1988.
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