Informe de Bachelet se afinca en sanciones para reflejar la crisis agravada en Venezuela
Más de cinco informes escritos y orales ha presentado la Alta Comisionada Michelle Bachelet sobre Venezuela desde que visitó el país en 2019, y posteriormente firmó un memorando de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro. Abogados señalan que la metodología utilizada para su último documento estuvo errada. Familiares de víctimas aseguran que extender labores de oficiales de la ONU dentro del país no contribuirá a detener las graves violaciones a los derechos humanos documentadas estos años
Michelle Bachelet logró en 2019 lo que a otros altos comisionados de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se les negó reiteradamente: poder constatar la situación de Venezuela en el terreno, tras años de convulsas protestas que dejaron cientos de muertos y denuncias de graves violaciones, así como un escenario económico y social que contribuía a grandes pasos en la migración de ciudadanos hacia otros países de la región.
Desde ese año, la Oficina de la Alta Comisionada ha creado más de cinco informes orales y escritos, además de un memorando de entendimiento con el gobierno de Nicolás Maduro para atender las denuncias reportadas por víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil. Pero de las recomendaciones plasmadas en esos documentos, el Estado venezolano solo ha hecho dos anuncios —sin resultados concretos— para cumplir con estos deberes.
El último informe de Bachelet, hecho el pasado 13 de septiembre ante el Consejo de DDHH de la ONU, dejó en claro que las condiciones en el país se han agravado, aunque se alinea con las declaraciones de la relatora Alena Douhan y pone un gran peso en los efectos de las medidas coercitivas aplicadas por otros países al gobierno de Maduro.
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Fernando Fernández, abogado y expresidente del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional, explica que el último informe se refiere en casi su totalidad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca). «Pero, para abordarlos no estuvo bien documentado ni su metodología fue la más sólida, lamentablemente».
Fernández puntualiza que el informe de Bachelet no indica que haya consultado a expertos independientes de las disciplinas necesarias según los hechos implicados, y tampoco menciona «los problemas estructurales y de fondo que causan la crisis económica y han deteriorado los Desca, que en definitiva se resumen a un modelo político y jurídico que fracasó en todos países donde se intentó previamente».
Tampoco se identifica cómo, en el periodo analizado, se han radicalizado las políticas en términos de avanzar hacia leyes comunales en abierta oposición a la Constitución, como lo han advertido expertos y ONG calificadas en derechos humanos, y no incluye los acontecimientos derivados de la acción de la Asamblea Constituyente, «que sustituyó al órgano legislativo y usurpó sus funciones desde 2017 a diciembre de 2020».
En este punto, Alí Daniels coincide con Fernández en los problemas de metodología del informe, pues «dice que el Gobierno no da cifras, pero se privilegian las cifras del Gobierno, las pocas que dan, respecto a las de organizaciones humanitarias y no gubernamentales que están trabajando en el terrero».
Alta Comisionada, Michelle Bachelet, señala preocupación
por la ausencia de datos públicos en Venezuela para monitorear las políticas públicas en el país: “El papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido” #13Sep #DijoLaACNUDH pic.twitter.com/zNveKIIACR— PROVEA (@_Provea) September 13, 2021
Además, menciona la falta de contextualización de dichos números. «El informe dice que hay ocho casos en protestas donde se utilizó la fuerza, e incluso se dio un caso de ejecución extrajudicial. Si no vives en Venezuela, cualquiera puede pensar que dentro del país no se protesta. Por ello, si no le das contexto a esa afirmación, y es que dentro de las cuatro mil manifestaciones en ocho se utilizó la fuerza, así uno tendría una visión mucho más clara de lo que ocurre en el país. Igual ocurre cuando hace mención a que el 90% de la población está conectada al agua. Una cuestión es estar conectado y otra estar con agua».
La crítica general es que este informe carece de sentido de urgencia, asegura el director de Acceso a la Justicia. «Pareciera que el país que se describe allí es un país con crisis económica y no un país con una emergencia humanitaria compleja, que es la verdadera realidad. Lamentablemente, en este caso se habla de cifras que no reflejan las verdaderas carencias y problemas que tiene el país, y no tiene sentido de urgencia cuando solo se habla de los esfuerzos del Gobierno, cuando parte del esfuerzo real para que la emergencia humanitaria disminuya sus efectos vienen de las ONG trabajando en el terreno y brindando ayuda a través de mecanismos internacionales».
Bachelet reprobada
El informe del 13 de septiembre tiene 67 puntos y 18 recomendaciones hechos por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El abogado Fernando Fernández insiste en que, según el documento, «la culpa de todo la tienen las sanciones, en consonancia con lo que dice el gobierno en la remisión del examen preliminar II, bajo estudio de la Fiscalía ante la CPI».
Pero destaca, al igual que Alí Daniels, que no existe una verdadera interpretación de las causas que derivaron en la actual crisis económica y social, pues, por ejemplo, no se menciona la quiebra del fisco nacional, producto de una gran corrupción que se extendió a todos los espacios de la vida pública o la mala administración de los recursos derivados de la renta petrolera, que ascendieron en su momento a más de un billón de dólares.
«El costo de los alimentos perecederos, como las hortalizas y la carne, se multiplica por los múltiples pagos que deben hacer los productores para que lleguen sus productos al mercado. Eso aumenta el precio final al consumidor. Menos aún menciona la hiperinflación incontenible y exacerbada por el Gobierno y sus políticas financieras. Es obvia la falta grave de metodología al no incluir esta variable como causa del deterioro del salario, pensiones e ingresos», afirma Fernández.
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia que en Venezuela los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado: «Afectando el acceso a la alimentación y a la educación» #13Sep #DijoLaACNUDH pic.twitter.com/3SuChO5YCP
— PROVEA (@_Provea) September 13, 2021
Memorando sin avances
El 13 de septiembre no solo se presentó un informe. La Alta Comisionada mencionó la extensión del memorando de entendimiento, por un año más, firmado con el Gobierno de Nicolás Maduro hace dos años. Allí se establece el aumento de la presencia de la Oficina de Bachelet de seis a 12 funcionarios, el fortalecimiento de mecanismos nacionales de protección y acceso a la justicia, al igual que asistencia técnica a la agenda legislativa.
Se repite la implementación de las recomendaciones de diversos mecanismos de Derechos Humanos que forman parte del sistema de Naciones Unidas (Grupos de Trabajo y Relatoría Especiales), y se menciona una reforma policial y judicial.
Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, dice que no considera un avance respecto al memorando de entendimiento anterior, porque no trata de una oficina permanente sino la ampliación del número de delegados.
«No sabemos, de esos nuevos funcionarios, cuántos se van a dedicar a documentar violaciones de derechos humanos y cuántos se van a dedicar a la cooperación técnica, que son básicamente asesorías para el Examen Periódico Universal y cursos a funcionarios públicos. Es la misma situación preexistente y esto nos indica la ausencia de voluntad del gobierno de permitir la actividad de una oficina con la garantías que debería tener», asegura.
El director de Acceso a la Justicia hace comparaciones sobre el trabajo de esa instancia en otros país con respecto a Venezuela. «En Colombia la Oficina de la Alta Comisionada tiene más de 100 funcionarios. Eso pone de manifiesto cuando un Gobierno tiene disponibilidad y voluntad de que la Oficina haga lo que tiene que hacer en el país y no tener simplemente una presencia testimonial».
Destaca que para tener una labor efectiva, se deben tener dos cosas: una oficina permanente, lo que implica tener un acuerdo entre la Oficina y el Estado venezolano que no es renovable, sin término temporal; y una vez establecida la oficina, que tenga el equipo necesario.
«Pero ese es el punto, el Gobierno no quiere un equipo muy grande porque no le interesa que se documenten violaciones de derechos humanos», insiste.
Sin compromiso real
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, asegura que «el Gobierno firma cosas y no las cumple o las cumple según su conveniencia como sucedió con la visita de la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales. Entonces, eso evidencia que no existe ningún compromiso ni de voluntad real en el país de comprometerse con los derechos humanos«.
Destacó que «tímidamente» se han hecho algunos anuncios para atender las recomendaciones de Bachelet en sus informes, y que incluye la reforma de la Policía Nacional Bolivariana y el traslado de presos desde las sedes de organismos de seguridad e inteligencia del Estado a cárceles comunes controlada por el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Ninguno de estos se ha concretado.
«Este último ya lleva dos prórrogas. Pudieran pensar que en Venezuela hay miles de presos políticos y la realidad es que hay unos cientos. Estos anuncios no pasan de ser meros anuncios publicitarios. En el caso de los relatores sucede igual. Hace unos meses debió ser designado el relator que próximamente visitará el país y eso no ha ocurrido», dice Daniels.
Mientras que Molly de la Sotta, hermana del capitán Luis de la Sotta y representante del Comité de Familiares de Presos Políticos Militares, destaca que no están de acuerdo con la nueva firma del memorando de entendimiento, pues aún desconocen los logros del primero. «Van por el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, y del primero nadie supo qué pasó».
Asegura que un aumento del número de oficiales en terreno no cambiará la situación de los presos políticos. «Ellos solo dan cursos (…) La situación de nuestros familiares ha empeorado desde que ellos están en Venezuela».
Otra de las cuestiones que pone en duda es la liberación de 152 personas por la gestión de la Oficina de Bachelet ante la administración Maduro, pues asegura que la mayoría son presos por causas comunes y no razones políticas.
«A nosotros nos dicen que no han ido a Fuerte Tiuna, La Pica o Ramo Verde porque no los dejan entrar. Que no les responden sobre la solicitud de asistencia médica de mi hermano, que tampoco les responde la Defensoría ni el Ministerio Público. Que no los dejan ingresar a los juicios», dice la hermana del militar.
Al igual que los especialistas, De la Sotta afirma que la principal fuente de la Oficina de la Alta Comisionada siguen siendo los cuestionarios enviados a la administración Maduro, en algunas ocasiones con datos no corroborados o contrastados con otras fuentes.
«Varias cosas que informaron en este documento, ya se las había objetado en anterior. Pero este es el peor de los informes que ha presentado. Creo que su compromiso se ha fortalecido con el régimen», sentencia.
