Informe de ONG deja en evidencia la administración de justicia penal en el país
El informe señala que los tribunales no son los únicos integrantes del sistema judicial con problemas. Por lo que el informe también se refiere a la situación del Ministerio Público y de la Defensa Pública
La Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia presentó su informe denominado “La Administración de la Justicia Penal en Venezuela” donde expusieron el calamitoso estado en el que se encuentran los entes judiciales del país debido a factores externos que terminan interviniendo en su desenvolvimiento.
La asociación civil expresó que para la elaboración de esta investigación se analizaron diversas reformas que ha sufrido el marco jurídico nacional en las últimas dos décadas, así como su impacto en la labor de los organismos: policías, Ministerio Público (MP) y Poder Judicial.
Asimismo, agregaron que también fueron consultados informes de organizaciones nacionales e internacionales sobre la materia.
En el documento, la ONG precisó que durante el periodo chavista se “instrumentalizó el derecho y la justicia desde el poder para obtener fines políticos”, a lo que agregaron que los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado “pues las instituciones encargadas de investigar y juzgar cualquier delito no son capaces de realizar dicha labor”.
“El sistema de justicia penal existe, pero no para prevenir y castigar la comisión de delitos, sino para reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales”, denuncia el reporte.
De acuerdo con Acceso a la Justicia, la desviación del poder judicial comenzó tras la entrada en vigor de la Carta Magna de 1999, luego de que no se cumpliera, cabalmente, el proceso para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Lo cual produjo un efecto en cascada hacia el resto del sistema de administración de justicia”, expresaron.
“El TSJ nunca ha sido nombrado como establece la Constitución, lo que ha dado lugar a un órgano totalmente dependiente del poder político (…) Lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del Estado de derecho en Venezuela”, señala el informe.
Asimismo, recordaron que desde finales del año 2003 no se celebran en Venezuela los concursos de oposición que ordena la Constitución para la asignación de los cargos de jueces, “pues el TSJ no los ha vuelto a convocar”. En su lugar, han optado por realizar designaciones temporales y provisorias, a través de la Comisión Judicial.
“De los 844 jueces penales que hay en el país, solamente 164 son titulares (19,43%) y 609 son provisorios (72,16%)”, tal situación abre las puertas a que los jueces sean objeto de presiones para tomar decisiones, “sin importar lo que digan las leyes y las pruebas que tengan al frente, so pena de perder sus empleos”.
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El informe señala que los tribunales no son los únicos integrantes del sistema judicial con problemas. Por lo que el informe también se refiere a la situación del Ministerio Público (MP) y de la Defensa Pública (DP).
En el caso del MP, la investigación señala que desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999 también ha estado controlado por el chavismo, al tiempo que ha visto reducidas sus potestades mediante una serie de reformas legales o fallos del TSJ.
Sobre la DP también se destaca su falta de independencia y se recuerda que tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su alarma por la tendencia de los jueces y fiscales a presionar a las personas involucradas en la justicia penal, sobre todo si son víctimas de violaciones de derechos humanos, para que no nombren a sus propios abogados y que recurran a los que proporciona el Estado, y en caso de no hacerlo se les amenaza con represalias: tales como la prohibición de acceder al expediente, darles información oportuna sobre las audiencias y/o penas más duras.
