Inician juicios para detenidos por protestas poselectorales: 68 jóvenes imploran justicia
68 adolescentes esperan desde hace tres meses por una medida que los libere de forma inmediata o por regresar a casa con sus padres. Las primeras audiencias de juicio para los jóvenes detenidos en Carabobo comenzaron el 30 de octubre. A algunos se les ha permitido retomar los estudios mientras enfrentan su proceso penal
Los juicios contra los jóvenes detenidos por las protestas poselectorales en el país ya iniciaron, mientras sus padres esperan por una «medida de gracia» de las autoridades o, en última instancia, una sentencia absolutoria de los delitos por los cuales son señalados.
Mariela Molina, madre de uno de los jóvenes detenidos en Carabobo, menciona que las primeras audiencias de juicio en ese estado se realizaron el 30 y 31 de octubre. La segunda audiencia se espera para los días 13 y 14 de noviembre.
«Yo quisiera que esto ya acabara y dieran una (medida) absolutoria de todo este problema. Ya no aguanto más (…) Si me hubiesen dejado ingresar los videos en la audiencia preliminar mi hijo no estaría preso. Mi hijo no estaba quemando ningún caucho, no estaba vandalizando, no estaba haciendo ningún acto de protesta», señala Molina.
Orlando es un joven prospecto beisbolista que fue detenido la noche del 30 de julio en una cancha de la urbanización La Isabelica, al sur de Valencia. El acta policial –donde se escribió mal su número de cédula como se comprobó en la audiencia preliminar– señala que tenía cauchos y bombas molotov, pero los vídeos que grabaron vecinos de la zona muestran otra cosa.
Molina cuestiona que si, en efecto, su hijo Orlando hubiese quemado algún caucho cae en el delito de obstaculización a la vía pública, lo que no conlleva una medida privativa de libertad para un menor de edad. «No entiendo la situación, no entiendo por qué no hacen nada».
Al igual que Orlando, el hijo de Patricia Rivas también tendrá su segunda audiencia el 13 de noviembre. Fue detenido junto a un amigo en la urbanización Prebo, al norte de Valencia, y señalado de «atacar» el fuerte Paramacay junto a otros jóvenes. En ese lugar, ha dicho su madre, fue torturado con electricidad.
«Mi chamo ya está desesperado. Ha pasado mucho tiempo, al principio estaba tranquilo porque él es inocente de todo lo que lo acusan. Y bueno, ya está cayendo en depresión. Piensa que lo van a dejar allí siendo el inocente de todo eso. Aún no se explica cómo está allí metido sin haber hecho nada», señala.
La espera ha hecho que el joven exprese deseos de terminar con su vida. «Dice que prefiere morir que pasar 10 años de su vida encerrado por algo que no hizo. Eso me tiene muy mal. A veces siento que me voy a volver loca de tanto dolor (…) Antes de estar presos era un niño sumamente amoroso, esto le está cambiando su corazón. Todo esto es un show donde los más inocentes son los que la están pagando, unos chamos que ni siquiera votan», asegura Patricia.
Rivas hace un recuento de todas las irregularidades judiciales hasta la fecha: No los presentaron ante tribunales en el tiempo que dicta la Ley, no se respetaron los lapsos del proceso penal en el caso de adolescentes, no se les permite designar abogados de confianza, no dan acceso al expediente, no le hicieron un examen médico legal forense por las torturas, no se permitió promover testigos dentro del lapso correspondiente, a pesar de contar con ellos.
«A la abogada aparentemente no la dejan hacer su trabajo. Aparte que tiene a su cargo 40 casos de adolescentes, ya ni siquiera nos quiere atender. Esto es toda una locura», afirma.
En el caso de Irene Corrado, otras de las adolescentes detenidas en Valencia, su juicio iniciará el miércoles 13. «Ella sigue muy ansiosa, ya quiere salir de allí», comenta su madre Katherine Martínez.
Katherine Martínez puede visitar a su hija los días jueves. La joven de 17 años tiene una enfermedad coronaria que requiere atención médica
Irene, de 17 años, fue apresada el pasado 4 de agosto cuando acompañó a su madre a una citación judicial. Su padre fue llamado a una comandancia por presuntas amenazas contra una persona por medio de un chat de WhatsApp «opositor». Pero al tratar de irse, los policías le dijeron que la joven se quedaba detenida porque se comprobó que ella era quien pertenecía a ese chat.
La familia luego se enteró que la denuncia solo se formuló contra dos personas que pertenecían a dicho chat. El defensor público que le asignaron le comentó que ya introdujo una medida ante el Tribunal 1 con competencia en Terrorismo para que le permitan enfrentar el juicio en libertad. «Lo único que queremos es que se acabe todo esto», insiste Martínez.
Adolescentes retoman estudios
Al grupo de adolescentes detenidos en la Unidad de Atención Ciudad Caracas, en El Cementerio, se les permitió retomar los estudios mientras continúan encarcelados. Daiber Lucena Navas, uno de esos ocho jóvenes que permanece detenido por las protestas, está tratando de ser fuerte y sobrellevar el encarcelamiento. Así lo comenta su madre María Navas. Al igual que su hijo, espera por la fecha de la primera audiencia de juicio.
Por ahora, se le permitió iniciar el primer año de bachillerato que debía iniciar en septiembre. A su amigo Ángel Moisés Ramírez Ruíz también le permitieron continuar con el sexto año de contabilidad que debía haber completado de manera presencial en la Escuela Técnica Juan España.
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La madre de Ángel, Nérida Ruiz, pudo entregarle las primeras guías de estudio el jueves 7 de noviembre durante la visita. «Vamos a ver como va resolviendo las tareas y con el favor de Dios, mientras esto termina, él sigue estudiando».
Está pendiente la ayuda que puedan brindarles desde el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Venezuela, al cual solicitaron no solo que abogue por su libertad inmediata, sino que realicen una evaluación «independiente y directa» a estos jóvenes de forma física y mental y se garantice su atención médica y psicológica.
¿Dónde están?
El Foro Penal, en su reporte sobre la represión entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2024, indicó que en el país permanecen detenidos 67 adolescentes entre los 14 y 17 años, entre ellos siete mujeres, de los 162 que fueron apresados y vinculados a sucesos de las protestas.
Estos jóvenes se encuentran en centros para adolescentes en conflicto con la ley, cárceles o comandos policiales. La mayor cantidad se encuentra en el estado Carabobo (18), seguido de Lara (7), Distrito Capital (6), La Guaira (5), Anzoátegui (5), Yaracuy (4) y Nueva Esparta (4).
Los adolescentes son acusados de cargos como terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas, hurto calificado, resistencia a la autoridad y uso indebido de insignias y uniformes. Algunos reportaron haber sido víctimas de torturas como golpizas, acoso y violencia sexual, electricidad en varias partes del cuerpo, la negación de alimentos o asistencia médica. Ninguna de las denuncias ha sido procesada por los tribunales o la Defensoría del Pueblo.
El Foro Penal también incluyó en su reporte el arresto de 168 personas entre los 18 y 19 años que, según el concepto de adolescencia que maneja la Organización Mundial de la Salud y Unicef, entran en esta categoría. Resaltaron el caso de Michel Aurislin Acosta Durán, de 19 años de edad, y trabajaba en el peaje de Tazón. Fue detenida el 29 de julio por funcionarios de la Guardia Nacional cerca de Hoyo de la Puerta (estado Miranda), quienes la golpearon brutalmente y le arrancaron mechones de cabello.
La joven, que desde el 3 de agosto se encuentra en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas «La Crisálida», fue acusada por los presuntos delitos de terrorismo, uso de adolescentes para delinquir, promoción e incitación al odio, asociación para delinquir, obstrucción a las vías públicas y resistencia a la autoridad. Padece de convulsiones recurrentes tras la golpiza y sus familiares gestionan el traslado para que la vea un especialista.
Respecto a los adolescentes excarcelados, el Foro Penal recordó que a finales de agosto los tribunales emitieron una serie de excarcelaciones que beneficiaron a al menos 90 jóvenes.
«En la mayoría de los casos, se observó que las medidas impuestas fueron presentación periódica cada ocho días ante el tribunal o la autoridad que aquél designe, prohibición de salir sin autorización del país y de la localidad donde reside, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, específicamente en lugares donde se estén desarrollando actividades políticas», detalló la ONG.
