Instituto Casla: Dgcim tiene todo un sistema de «espías» en el país con permiso de Maduro
La abogada Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, aseguró que en el país hay personas que no saben que «colaboran» o proveen información de forma indirecta a la Dgcim, debido a los niveles de espionaje que desarrollado la contrainteligencia militar dentro de la administración pública, otros organismos de seguridad e incluso organizaciones sociales. También afirmó que en el último año se «refinaron» los métodos de tortura psicológica contra presos políticos
Un país de espías y colaboradores al estilo de la KGB rusa. Así definió el Instituto Casla los métodos establecidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el país para vigilar a «objetivos» determinados u obtener información sobre posibles «enemigos de la revolución», todo ello bajo el permiso y anuencia del mandatario Nicolás Maduro.
La abogada Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, presentó este miércoles 15 el informe anual «La Represión Sistemática en la Sombra», donde se reitera la responsabilidad primaria de Nicolás Maduro en la represión, persecución, hostigamiento y torturas contra dirigentes políticos y diversos sectores de la población, incluyendo a medios de comunicación, gremios y ONG.
Desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), Suju reveló que pudieron obtener el manual de operaciones especiales de la Dgcim, donde se establecen distintas formas de persecución y vigilancia según la «importancia» de las personas, así como «niveles de aprobación», formas de reclutamiento de «espías» y colaboradores civiles y militares, al igual que la definición de los «enemigos de la revolución».
El manual, según explicó la abogada, plantea tres «niveles de aprobación» según la importancia de las personas que son investigadas y de aquellas que ordenan la vigilancia, persecución y detención.
En el primer nivel toda responsabilidad recae directamente sobre Maduro, como comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.
«No hay duda de quién tiene en sus manos la persecución sobre los jefes de partidos políticos, de altos mandos militares, funcionarios del mismo Gobierno y el PSUV (…) Maduro tiene la responsabilidad directa de persecución en Venezuela, además de forjamiento de expedientes y expedientes falsos, así como torturas y tratos crueles», aseveró Tamara Suju.
El segundo nivel de aprobación le correspondería al mayor general Iván Hernández Dala, director de la Dgcim y jefe de Casa Militar. Bajo su permiso se «establecen medidas» contra efectivos militares de alto y medio rango y sus familiares, directivos de partidos regionales o municipales o personas de confianza.
El tercer nivel le corresponde a jefes de divisiones operativas y de regiones de contrainteligencia militar.
Para Suju, a través de este manual, «queda claramente establecida la cadena de mando de este organismo de inteligencia. Esta responsabilidad no solo está en el manual sino en el reglamento orgánico de funcionamiento de la Dgcim».
Recordó además que en 2022 se obtuvieron testimonios donde altos funcionarios de la Dgcim revelaron las convocatorias mensuales en la oficina del mayor general Hernández Dala junto a los directivos de cuerpos de seguridad, el fiscal general y otros altos funcionarios del Ejecutivo para «evaluar» situaciones que consideraban como comprometedoras de la estabilidad nacional.
Otras de las cuestiones que establece el manual de forma clara es quiénes entran en la definición de «enemigos de la revolución», donde practicamente todos los ciudadanos caen bajo esa definición, especialmente aquellos que usan redes sociales para «subverción», venezolanos con familiares en el extranjero o con afinidades políticas contrarias al partido de Gobierno.
Suju también aseveró que la Dgcim tiene totalmente penetrados los organismos de administración pública, e incluso organizaciones, donde se realiza reclutamiento selectivo de civiles y militares para labores de inteligencia.
Dicho reclutamiento está dividido en tres bases: Ideológica, dependiente (por pagos) y comprometedora (aquellos que son reclutados bajo coacción). «El régimen les dice ‘o vas preso o colaboras con nosotros’. Así de sencillo», señaló la abogada.
En las formas de reclutamiento hay una de «bandera ajena», donde se permite al funcionario «enmascararse» incluso dentro de organizaciones civiles, para captar a personas que den información a la Dgcim. Con esta forma, dijo la abogada, es difícil establecer cuántos venezolanos están directa o indirectamente dando información a este cuerpo de seguridad.
La presidenta del Instituto Casla señaló que en Venezuela los crímenes de lesa humanidad «continuan de forma silente ante la mirada de la comunidad internacional». Pidió además a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) que permitan al fiscal Karim Khan proseguir su investigación y se permita órdenes de aprehensión y llamamientos a declarar en este proceso.
Torturas «refinadas»
Dentro de su informe anual, el Instituto Casla dedicó un capítulo a los presos políticos y las formas de tortura a las que son sometidas. Según el documento, en el último año las torturas psicológicas se «afinaron» y se usaron de forma continuada contra los detenidos dentro de la Dgcim y otros organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En la Dgcim, según la información obtenida por el Instituto, las tres celdas que se «adecuaron» ante la visita de la anterior Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet fueron reutilizadas nuevamente para torturas.
Estas celdas fueron tapizadas con material aislante gris o negro y se le instalaron múltiples cámaras para aislar a los presos políticos. Debido a este aislamiento, torturas físicas y psicológicas, el Instituto pudo saber de al menos tres personas recluidas en los sótanos de la Dgcim -entre ellos el estadounidense Matthew Heath, ya liberado– que atentaron contra su vida por las presiones.
«Las víctimas sufren las consecuencias de forma permanente por medio de insomnio, pesadillas o ataques de pánico». También se les niega de forma permanente el acceso a servicios médicos o alimentos, son sometidos a amenazas de maltrato o torturas a familiares.
Incluso hay víctimas que fueron obligadas a observar o escuchar las torturas o tratos crueles contra otros detenidos, incluyendo abusos sexuales.
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También se documentó que el aislamiento de los presos políticos puede variar entre 72 horas hasta seis meses, donde las víctimas no tuvieron contacto con familiares o abogados; así como el uso de «alarmas de bombardeo» dentro de la Dgcim durante toda la noche con escasos 10 minutos de descanso, el sometimiento de los presos a cantar consignas a favor de Maduro, so pena de castigos o aislamiento.
Otras víctimas también denunciaron la intervención de agentes extranjeros en las torturas. Varias personas identificaron a agentes «con acento colombiano» con quienes la Dgcim simuló una entrega de rehenes. En otros tres casos se involucraron a presuntos agentes cubanos en sus torturas.
