Integrante de Misión ONU: Tenemos nombres de torturadores del Sebin y la Dgcim

Cox es abogado penalista y dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de México que encabezaba Enrique Peña Nieto para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Además, el chileno litigó ante la Corte Penal Internacional el caso contra Dominic Ongwen representando a 2605 víctimas del conflicto armado en el norte de Uganda.

Esa amplia experiencia en materia penal internacional le hace aclarar que no hace comparaciones entre regímenes violadores de derechos humanos. No obstante, sí destaca que en el caso venezolano encontraron, particularmente en el Sebin y la Dgcim, que «había una utilización de la humillación sexual». En el caso de hombres encarcelados, se usaron insultos homofóbicos, amenazas de violaciones y «violaciones que se concretaron como un intento de humillación y de maltrato en los centros de tortura». A las mujeres también, con tocamientos sexuales y amenazas de violación «no solo a ellas sino a sus familiares y personas cercanas».

Cox destaca que la tortura en Venezuela registrada por la Misión tiene técnicas muy propias, como la utilización de electricidad y «otros métodos que tienen nombres particulares que yo no había escuchado antes, como la crucifixión o el pulpito -esposar pies y manos juntos-. Lamentablemente el ser humano se pone muy creativo a la hora de infligir dolor a otro ser humano».

Lo que dice, respaldado por un amplio y detallado informe de 443 páginas, es resultado de la evaluación de diversos testimonios. «El estándar que usamos es el de motivos razonables para creer que algo ocurrió, que se da cuando hay consistencia entre varios relatos, coherencia en la descripcion de lugares, los nombres que empiezan a adquirir (las prácticas) -que es típico de centros de detención con torturas donde las personas conversan entre ellos-. También relatos de quienes escuchaban cómo torturaban a otras personas. Esto no es solo el relato de una persona, sino de muchas personas que van teniendo consistencia y coherencia y sirven para ratificar que tenemos motivos razonables para creer que todo lo que está dicho ahí tiene sustento».

Los testimonios fueron levantados, explica, a partir de víctimas, familiares y funcionarios activos o no que aportaron información, además de organizaciones no gubernamentales y equipos de defensa jurídica. «Pusimos un llamado abierto y hubo gente que directamente se comunicó con el equipo basado en Panamá. También tuvimos intermediarios».

Cuando habla de los testimonios de oficiales uniformados, confirma que se trata de funcionarios de rangos medios y bajos, «pero preferiría no dar mucho detalle para no poner en riesgo a nadie».

-¿Cómo se lograron las entrevistas con funcionarios aún activos de las fuerzas policiales?

-Se contactaron con el equipo usando los datos que habíamos hecho públicos. Algunos también usaron intermediarios. Muchos de los funcionarios que hablaron tienen mucho temor de posibles represalias. Por eso no se dan señales que los puedan identificar. De más está decir que atentar contra alguien que aportó información sería contrario a tratados internacionales ratificados por Venezuela.

-¿Los delitos de lesa humanidad están institucionalizados en Venezuela?

-Para que estemos frente a la categoría de un delito de lesa humanidad se requiere de un elemento contextual. Tiene que haber una política y los delitos tienen que favorecer o implementar esa política de Estado o de un grupo organizado que tiene control territorial. Nosotros determinamos que existen dos políticas de Estado con motivos razonables para creer que existen. Una es la represión, silenciamiento y aplastamiento de la oposición; y la otra es una política, en el contexto de lucha contra la delincuencia, de aceptar ejecuciones extrajudiciales.

-El informe retrata entre los ejecutores de estas violaciones al Cicpc, las FAES, el Sebin, la Dgcim. ¿Hay algún estamento de las fuerzas de seguridad que no haya adoptado prácticas violatorias de derechos humanos?

-De lo que vimos, casi todas las organizaciones ejecutan la política. Lo que sí notamos y lo decimos es que, si bien hay un debilitamiento en la independencia del Poder Judicial, hay jueces y juezas que a veces se salen de esa línea, y hay fiscales que también intentan investigar, por ejemplo a las FAES, pero que son amenazados. Hay jueces que incluso han dado órdenes de libertad pero que el Sebin no respeta. Por lo tanto, sí se ve que esta política ha penetrado bastante en las instituciones de seguridad del Estado venezolano.

-¿Qué rol ha cumplido Tarek William Saab al frente de la Fiscalía General?

-Respecto de la Fiscalía, nosotros decimos que se requiere mayor información, que sí hay una afectación a la independencia, que vemos que a veces se burla el sistema de designación de causa y que se van repitiendo algunos fiscales que toman estas causas. A diferencia de lo que decimos, por ejemplo, del presidente Maduro, del ministro del Interior, de Defensa, o del propio Diosdado Cabello, respecto de la Fiscalía nosotros necesitamos más información. No podemos decir que tiene una contribución directa a la comisión de los delitos. Sí decimos que hay ocasiones en las cuales se investiga sin tener pruebas, que se usan pruebas que han sido plantadas, falsificadas o fabricadas. Pero en esta etapa no podemos responsabilizar y decir que el Fiscal General tiene una participación directa en esto.

-Ahora, sí hay una determinación de que el Ministerio Público, por ejemplo, no actúa. En marzo de 2019, Tarek William Saab decía que en Venezuela «quien torture va preso». Este informe cita cientos de casos que desmienten eso.

-Efectivamente, eso lo decimos en el informe, en cuanto no hay una investigación acuciosa de las torturas, y es una de las recomendaciones que se hace. No hay aplicación del Protocolo de Estambul, no se respeta el Protocolo de Minnesota para ejecuciones extrajudiciales. Hay una serie de guías que son buenas prácticas más o menos aceptadas a nivel universal para investigar torturas y ejecuciones extrajudiciales que no se están implementando en Venezuela. Y efectivamente, como decimos, hay muy pocos casos de torturas que son investigados, y eso obviamente es un abandono de los deberes de la institución.

-¿Lograron determinar nombres específicos, más allá de la cúpula mencionada en el papel, de funcionarios involucrados en estos crímenes?

-Definitivamente del Sebin y el Dgcim sí tenemos nombres. Tenemos más de 20 en Sebin, y más de 25 en Dgcim. Respecto de FAES es más difícil. No tenemos nombres en la OLP y en las FAES. Como se usa mucho el cubrirse la cara, no estar con identificación, es más difícil que las personas hayan dado nombre e identificación, y en eso no tenemos más detalles de los autores materiales de las ejecuciones extrajudiciales en los operativos de lucha contra el crimen.

-¿Se ha determinado si jueces y fiscales en específico están más involucrados en este tema? Por ejemplo, jueces a los que siempre les caigan las causas, o siempre participen de algunos juicios.

-Hay efectivamente nombres que se repiten de manera llamativa, toda vez que en teoría estos casos debieran ser sorteados, debiese ser una asignación aleatoria y no predeterminada. Entonces, efectivamente hay nombres. Nosotros no los pusimos en el informe, pero hay nombres que se repiten.

El silencio de Miraflores ante la Misión

Francisco Cox integra el panel de cinco expertos mundiales que asesora al Comité Ejecutivo de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional para elegir al próximo Fiscal de la Corte Penal Internacional, y detalla a TalCual que el equipo de apoyo técnico para la Misión de Verificación sobre Venezuela fue contactado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.

Allí se incluyó un especialista en temas de género para que el informe tuviese un enfoque de una sensibilidad a esos temas, y «también había una sensibilidad por la comunidad Lgbti». En total, se contó con más 13 personas dedicadas a este trabajo, incluyendo asesores legales e investigadores con experiencia en otros países, además de los tres expertos que encabezaron la instancia: Cox, Marta Valiñas y Paul Seils.

Ninguna de estas personas logró que el régimen de Nicolás Maduro aportara algún dato. «Enviamos más de seis comunicaciones al gobierno de Venezuela, la primera estando en Ginebra, solicitando una reunión formal con la representación de Venezuela ante Naciones Unidas, porque nos interesaba trabajar con ellos, coordinar, hablar con ellos para que pudieran facilitar información. También se hicieron solicitudes expresas y precisas sobre casos concretos que no fueron respondidas por el gobierno. Ninguna de nuestras comunicaciones fueron respondidas, todas fueron ignoradas. Los expedientes entonces fueron obtenidos a través de abogados de distintos representantes de víctimas, y de organizaciones no gubernamentales».

-¿El gobierno de Maduro tuvo oportunidad de revisar el informe antes de hacerlo público?

-Les preguntamos cuál era el canal de comunicacion para remitir el informe y que ellos hicieran sus observaciones y luego ver cómo nosotros las incorporábamos, las respondíamos, las manejábamos. El gobierno venezolano no nos dio respuesta. No nos contestó. No teníamos canal de comunicación y no podíamos enviarlo.

-¿Por qué creen que no hubo respuestas de las autoridades venezolanas?

-La reacción posterior, incluso desde que se anuncia una Misión, es que el gobierno no la reconoce sino que se entiende con la Oficina de la Alta Comisionada. Entiendo que esa es la respuesta oficial.

-¿Esta actitud del gobierno venezolano se ha visto antes en otro gobierno que se haya negado a dar así la cara?

-No es la primera Misión que tiene que trabajar sin poder ingresar al país. El ejemplo más reciente es Myanmar, donde no colaboraron de ninguna forma con una Misión. Es una práctica de algunos Estados que intenta esconder la cabeza en la arena e ignorar las conclusiones que llegan de distintos organismos de derechos humanos. No es tan frecuente obviamente en países con un récord democrático y con un récord más o menos positivo de los derechos humanos.

-Este informe será discutido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y puede llegar a la Corte Penal Internacional. ¿Esa actitud del gobierno venezolano pesa a la hora de evaluar este documento?

-Una de las recomendaciones que se hizo cuando se crea la Misión es que el Estado venezolano colaborara en la entrega de información. Yo no soy diplomático y no sé decirle si tiene o no impacto, pero revisar que el Consejo solicitó que se colaborara y no se colabora, se evalúa como algo negativo porque no se cumplió con la petición del propio Consejo.

-¿Cómo se explica que esa sea la actitud de un país que es miembro del mismo Consejo que ordenó esa Misión?

-Creo que la actitud de Venezuela es no reconocer ninguna legitimidad de la Misión, y hablar sería reconocerle algun tipo de legitimidad. Si eso es buena decisión o no, o si eso favorece a la defensa de derechos humanos en Venezuela, escapa a mi rol como miembro de la Misión.

-Una de las recomendaciones del informe es que las autoridades venezolanas investiguen lo que está contenido en el documento para determinar responsabilidades. ¿Se le está pidiendo a los violadores de derechos humanos que se investiguen a ellos mismos?

-El derecho internacional de los derechos humanos, y más aún el derecho penal internacional interviene una vez que ha fracasado o no existe la voluntad o no se puede investigar un delito a nivel nacional. Es decir, primero se tiene que acreditar que las autoridades nacionales no quieren o no pueden hacerlo, para que pueda activarse el aparato internacional de manera efectiva. Entonces, nuestro llamado es a que se dé cuenta si es que se quiere y no se puede investigar, y por lo tanto dar la oportunidad a las instituciones del Poder Judicial y de la Fiscalía a que lo haga. Y, por otra parte, sí hemos detectado que hay jueces, juezas, fiscales que sí han intentado hacer su labor y reciben amenazas, pero tenemos que dar la oportunidad a que las autoridades locales cumplan con su mandato. Esa recomendación, que puede parecer ingenua, tiene que hacerse sobre la base del derecho internacional, sobre el cual nosotros construimos nuestro mandato.

-¿Hacia dónde se conducen los siguientes pasos una vez publicado este informe?

-El informe es una acumulación de información. En la Corte Penal Internacional se hace un examen preliminar que analiza la situación de muy arriba, la globalidad. Nosotros hemos podido entrar al detalle y establecer patrones de conducta, cómo se ejecutan las órdenes, quiénes son las personas involucradas, cuáles son los organismos involucrados. Ese nivel de información es útil para la Corte Penal Internacional. No es que nosotros estemos trabajando coordinadamente, pero obviamente, al ser un documento público, que se entrega al Consejo, es algo que puede ser utilizado por la Corte o por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

-¿En qué se diferencia este informe a otros que se han publicado antes revelando violaciones de derechos humanos en Venezuela?

-Nosotros hemos utilizado una metodología más cercana a lo que es el derecho penal internacional, que a lo que es habitualmente una misión de derechos humanos, y por lo tanto con ese enfoque hacia determinación de responsables. Los detalles precisos obviamente tienen que ser determinados en juicio. Cada institución es independiente. De hecho, nosotros no hemos accedido a la información que tiene la Oficina de la Alta Comisionada. El mandato que se nos dio es determinar los patrones de conducta, la cadena de mando, la toma de decisiones, qué delitos se están cometiendo. Si uno revisa los informes anteriores y los más recientes, se habla de tortura, de situaciones muy similares a los que nosotros estamos documentando, pero con otro enfoque. Somos entes independientes, no estamos alineados en nuestras conclusiones, en nuestra información. Ahora, a mí me parece que los hechos que hemos recabado hablan por sí solos. Las conclusiones casi como que cayeron por sí solas, una vez nosotros aplicamos el método que se aplica para cualquier investigación en términos de derecho penal internacional y en términos de derecho internacional de los derechos humanos cuando se está frente a crímenes de lesa humanidad.

-¿Las conclusiones a la que llega esta Misión de Verificación de Hechos acerca a Nicolás Maduro a la galería donde están Augusto Pinochet, Jorge Videla y otras figuras históricas reconocidas internacionalmente como violadoras de derechos humanos?

-Yo sinceramente prefiero no emitir opinión sobre eso. Yo sigo siendo miembro de la Misión y tengo un mandato muy determinado. La gente puede leer el informe y sacar sus propias conclusiones.

-¿Maduro o las otras personas señaladas pudieran ser detenidos si salen de Venezuela?

-Yo no conozco de casos abiertos, pero efectivamente hay países -como Bélgica, Francia o Alemania- en donde existe la jurisdicción universal donde una víctima venezolana puede concurrir y tratar de activar esos mecanismos en esos países y sin duda que eso es un riesgo una vez que hay un informe como el nuestro circulando que tiene antecedentes que pueden ser utilizados. Ahora, cada país tiene su propia legislación y tendrán que ser los o las fiscales de esos países respectivos quienes se formen la convicción para ver si inician una investigación o no, y eso es algo que en el fondo escapan de nuestras competencias. Pero el informe sí documenta información que señala que Nicolás Maduro y las personas que usted menciona contribuyeron a la realización de los delitos.

-Luisa Ortega Díaz ha dicho públicamente que ella aportó información y documentación a la Misión (ella aparece mencionada en el informe pues era Fiscal durante varios años de los eventos narrados). ¿Usted puede confirmar que esto fue así?

-Sí, ella efectivamente entregó información.