Intervención judicial de partidos afecta más al G4 si quiere ir a elecciones
Eliminar la intervención y judicialización de partidos es una de las promesas del CNE para dar garantías a todos los actores políticos sobre las elecciones de noviembre. El G4, que aún no ha definido su participación, es el más afectado de la oposición por estas medidas
Luisa Quintero |José Luis Carrillo
Las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre se han vendido desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el espacio para lograr la inclusión y participación de todos los sectores políticos, lo que podría dar lugar a revertir decisiones políticas tomadas desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra varias organizaciones.
Las intervenciones judiciales a partidos no son un fenómeno nuevo, pero sí se han incrementado en los últimos años, situación que organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han calificado como parte de la reducción del espacio cívico y de garantías democráticas al que ha apuntado la administración de Nicolás Maduro.
En 2020, y ante la inminencia de unas parlamentarias que parte de la oposición terminó no reconociendo, el TSJ inició una ola de intervenciones judiciales de partidos políticos valiéndose de demandas interpuestas por algunos militantes descontentos con sus directivas o que habían sido separados de sus cargos en esas organizaciones.
Para las próximas elecciones, el poder Electoral habilitó 110 organizaciones nacionales, regionales e indígenas para postular en los distintos cargos a elegir. Hay partidos nuevos dentro de la oposición como Fuerza Vecinal (conformado por varios alcaldes), así como la restitución de varios emblemáticos como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que contó con la tarjeta más votada en unas elecciones en la historia del país.
Pero de todos los partidos debidamente registrados que conforman la plataforma unitaria, el llamado G4, que aglutina a las cuatro organizaciones con mayor respaldo en elecciones (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) es el más afectado, si define su participación en los comicios de noviembre.
Analistas políticos consultados por TalCual afirman que los partidos de la oposición están muy disminuidos y desconectados de sus bases y de la población, lo que, aunado a la desconfianza de la población en que la negociación pueda generar acciones que mejoren su calidad de vida, hace que las fuerzas políticas que adversan a Nicolás Maduro, si finalmente deciden participar de los comicios del 21 de noviembre, vayan de forma desventajosa.
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPG – UCAB), asegura que, así la oposición logre algunas condiciones en la ronda de negociaciones que se desarrollará en México, las mismas no significarán un incremento en las posibilidades que tienen para las elecciones regionales y locales.
“Que devuelvan las tarjetas de los partidos cuando éstos ya decidieron no participar o devuelvan la tarjeta unitaria cuando ya decidieron si la utilizaban o no, y cuando ya ha transcurrido un cuarto de milla de la carrera electoral no significa mucho. Hay condiciones que, dadas en el último minuto, no sirven de mucho”, expresa Alarcón.
Añade que es posible que en el proceso de negociación se levanten algunas inhabilitaciones, pero no de todas las fuerzas políticas. “Hay que tomar en consideración de que, el que hagan ciertas concesiones en último minuto no resuelve el problema, es como vamos a una carrera, yo voy a correr contigo 100 metros planos y me permiten salir 30 metros delante de ti”.
Mientras que Daniel Varnagy, profesor titular e investigador del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad Simón Bolívar (USB), considera que Venezuela no está viviendo una época nada buena en cuanto a elecciones se refiere.
“Hay una judicialización de los principales partidos políticos, se cambiaron juntas directivas, se nombraron unas que no representan la voluntad de las bases de esos partidos y todo eso crea un clima de desconfianza en todo el tema electoral”, expresó.
A su juicio, quien está perdiendo es la sociedad civil, por un lado, y por otro los liderazgos políticos que están surgiendo. El profesor de la USB también es bastante pesimista sobre los resultados del proceso de negociación a realizarse en México, pues afirma que, desafortunadamente, una cosa es la que ocurre arriba de la mesa y otra por debajo, por lo que muchos de estos acuerdos y negociaciones son de un nivel ético bajo. “Hay reparticiones, no negociaciones, y la sociedad termina perdiendo”.
El partido blanco: dividido
La ola de las intervenciones en 2020 se formó con Acción Democrática. La Sala Constitucional del TSJ le quitó la secretaría ejecutiva a Henry Ramos Allup, todos los símbolos y la tarjeta para dárselos a Bernabé Gutiérrez, quien había sido destituido del cargo de secretario de organización.
En el caso del partido blanco, se ordenó que en el lapso de un año se hiciera la renovación de autoridades por medio de elecciones internas, que debía organizar una junta ad hoc; cuestión que no sucedió.
En otra sentencia, del pasado 21 de mayo, el máximo tribunal acordó una prórroga de un año para hacer las consultas internas con el objetivo de adecuar los estatutos y renovar la dirigencia a todos los niveles.
Sin embargo, uno de los demandantes originales que dio pie a la sentencia del TSJ, Otto Medina, acudió al TSJ junto a Carlos García y Mario Villasana para desistir de la acción de amparo sobre la cual se sentenció.
“Acudimos a la Sala Constitucional del TSJ en el entendido que el amparo 458 del 2018, a través del cual se decidió nombrar una comisión ad hoc y que esta llevara los destinos de AD, para solicitar el desistimiento y el cierre definitivo del expediente, porque consideramos que no se garantizó la tutela jurídica efectiva”, dijo Medina.
Para el abogado, no tiene sentido que exista un amparo que no dio los resultados esperados con la intervención de Acción Democrática; mientras Gutiérrez, quien tiene el control de la tarjeta electoral, hace uso del derecho a postular candidatos en elecciones.
Con el desistimiento del recurso de amparo por parte de los demandantes, señaló Medina, debe quedar sin validez alguna la comisión ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez. “A partir de este momento no existe comisión ad hoc, ni personas que representen a AD por medio de este amparo N°458 distintos a sus representantes legítimos”. En este caso, Henry Ramos Allup.
Amarillo y naranja, también intervenidos
Retrocedemos a 2020 de nuevo. Con menos de 24 horas de diferencia, el TSJ volvió a accionar contra un partido opositor, en este caso Primero Justicia (PJ). Por medio de una “tutela constitucional” se suspendió a la directiva de ese entonces -Julio Borges y compañía- y se designó al diputado por el estado Anzoátegui José Brito como coordinador nacional.
Tanto Brito como Conrado Pérez -el otro demandante- formaban parte de la “fracción CLAP”, al ser señalados de estar presuntamente involucrados en decisiones y actuaciones como integrantes de la Asamblea Nacional para favorecer al empresario colombiano Álex Saab (actualmente preso en Cabo Verde) e interceder por él ante la justicia de Colombia.
Al igual que con la sentencia contra Acción Democrática, el TSJ ordenó una junta ad hoc y la suspensión de manera provisional de “los actos de expulsión o exclusión partidista, suspensión, entre otros, efectuados por los miembros de la Junta Directiva de la Organización” contra sus militantes y, específicamente, los que recaían sobre Brito, Pérez y Luis Parra, quien pasó a ser el secretario nacional.
Pero el 4 de septiembre de 2020, el máximo tribunal tomó otra decisión sobre Primero Justicia para revertir esa junta ad hoc que nombraron en junio, a solicitud de los diputados Brito y Pérez, quienes ya habían concretado sus aspiraciones de ese año a través de otra tarjeta electoral. Actualmente es el TSJ quien mantiene el control de dicha organización política.
Situación similar atraviesa Voluntad Popular (VP), el partido fundado por Leopoldo López. A diferencia del resto, la tolda naranja no estaba habilitada por el CNE para postular candidatos en elecciones.
En julio fueron objeto de la intervención judicial donde se otorgaron la tarjeta, el logo y los símbolos partidistas a José Gregorio Noriega y Lucila Pacheco, que pasaron a formar parte de la junta ad hoc luego de haber solicitado un mes antes esta medida, tras su expulsión en diciembre de 2019 al vincularlos con la “operación Alacrán”.
A diferencia de otros partidos, sobre Voluntad Popular también está pendiente una decisión de la Sala de Casación Penal del TSJ, a solicitud del fiscal impuesto por la asamblea constituyente convocada por Nicolás Maduro, Tarek William Saab, de declararlos o no como una organización terrorista.
La petición fue hecha por Saab en mayo de 2020, al argumentar que Voluntad Popular tiene una “historia criminal” y por consecuencia “debe ser disuelta” y recibir sanciones por ello, en base a los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Participación fragmentada
Benigno Alarcón cree que lo que va a terminar pasando es que en aquellos lugares donde la oposición mayoritaria tiene posibilidades ciertas de poder ganar la elección, como en los municipios El Hatillo, Chacao, Baruta y en algunos lugares en el interior del país, posiblemente va a participar de la elección.
Advierte que la decisión final del G4 con respecto a acudir o no a la contienda del 21 de noviembre depende en mucha medida de si la Unión Europea finalmente envíe una misión de observación para los comicios.
“Si hay observación, la presión sobre la oposición para participar aumenta. Mucha gente va a decir que no hay razones para no participar, aunque la realidad es que lo que va a haber no es observación, porque ya es muy tarde, las observaciones internacionales entran con seis meses de anticipación a la elección”, señala.
Detalla que, luego que se tome tal decisión, un equipo de la UE se instalaría en Venezuela a mediados de septiembre o en octubre y al hacerlo, ya parte de las etapas del proceso electoral se habrán cumplido.
“Hay muchas cosas que esa misión no va a observar de manera directa, no será una observación propiamente dicha. La oposición dirá si está dispuesto a participar o no; creo se va a estar dispuesto a participar en algunos estados y no en otros”, insistió.
Daniel Varnagy, a su vez, hace hincapié en que, sea cual sea la decisión del grupo mayoritario de la oposición, las expectativas sobre resultados electorales son bajas, debido a la desconfianza no solo en el organismo electoral, sino en el mecanismo del voto.
“Desde el año 2000, según las mediciones hechas en el ámbito de los estudios de cultura política y capital social, la confianza interpersonal en las instituciones ha venido disminuyendo progresivamente y dentro de las instituciones, una de las que ha perdido mayor confianza es la electoral, y no me refiero solamente al CNE como ente rector, sino al hecho electoral en Venezuela”, indica Varnagy.
Sostiene que, aunque en Venezuela hubo una fuerte respetabilidad del sistema electoral en esas cuatro décadas desde 1958 hasta 1998, aunque con sus altibajos, de ahí en adelante la confianza ha ido disminuyendo de tal manera que en este momento tenemos unas elecciones que cuentan con la peor confianza interpersonal en las institucionales, que no es ya coyuntural, sino estructural.
“Pareciera que, más allá de los asuntos de los cuales se puede hablar en una negociación, ya la sociedad civil básicamente ha ido dejando de creer en la elección como mecanismo para trasladar su voluntad en una orden hacia los distintos poderes del Estado”, explica.
Concentrar esfuerzos y renovarse
Benigno Alarcón ve como algo remoto, aunque no imposible, que algunos de los partidos intervenidos sean devueltos a sus legítimas directivas, pero insiste en que, aunque esto suceda, no mejorará las posibilidades de los partidos del G4 con miras a la contienda electoral.
“Las concesiones otorgadas de manera tardía tienen poco efecto, y veo muy difícil que se devuelva la tarjeta a AD, por ejemplo, porque hay un acuerdo negociado con Bernabé Gutiérrez, y no creo que a estas alturas del partido le quiten la tarjeta para dársela a la directiva de Henry Ramos. A Primero Justicia podrían devolverle la tarjeta a última hora, pero no cambia la situación. Y en cuanto a Voluntad Popular (partido ilegalizado) lo veo como la opción más remota”, señala.
Por ello estima que la oposición debe ponerse de acuerdo en torno a la tarjeta unitaria, que es su mejor opción, para llevar candidaturas unitarias en aquellos lugares donde de manera realista puedan hacer un papel decente.
El profesor Daniel Varnagy, por su parte, cifra esperanzas en los nuevos liderazgos que están surgiendo y que podrían significar una renovación de la oposición.
“Se está construyendo un piso para hacer un conjunto de movimientos sociales y políticos, que van a comenzar a dar la cara en el corto o mediano plazo. Lo que está ocurriendo en las zonas populares es que está surgiendo un liderazgo mucho más pragmático, menos alineado con los esquemas político-partidistas vigentes hasta ahora y tienen que ver con la construcción de capital social. Lo que hacen es la construcción de capital social positivo, redes de relaciones para buscar mejorar condiciones de vida”, detalla.
Añade que muchos de estos políticos que actúan en grandes escenarios de negociación, tanto del gobierno como de las oposiciones, han perdido de vista al individuo.
“Están desconectados de la tragedia que está viviendo el venezolano de a pie y están es pendientes del endiosamiento del corporativismo mediático global. Esto está dando pie a que nuevos líderes jóvenes que están creando nuevas relaciones en sus comunidades tengan espacios de trabajo y esos espacios poco a poco se van a ver y otros nombres van a surgir. Este proceso que viene ahorita, si bien tal vez no se traduzca en un rédito directo en cuanto a cambios en el sistema, sí está creando cada vez más condiciones favorables para que vengan nuevos movimientos sociales y políticos que vayan poco sustituyendo a los anteriores”, concluye.
