Investigar cadena de mando: principal petición de víctimas al fiscal de la CPI
Nancy Márquez, hermana de José Márquez, quien fue asesinado por funcionarios de la Guardia del Pueblo en 2014, dijo que la CPI debe investigar porque en Venezuela existe una “política de omisión y acción de tortura en contra de civiles, que en este caso fue ocasionada por militares”
Un grupo de familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos esperan que la Corte Penal Internacional sancione los presuntos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, y avance el proceso que realiza la Fiscalía de la CPI que actualmente se encuentra en fase de examen preliminar.
Durante el segundo foro “Las víctimas le hablan al fiscal de la CPI Karim Khan”, organizado por el comisionado del gobierno interino Humberto Prado, la madre del joven asesinado Neomar Lander, Zugeimar Armas, dijo que pone su caso “en manos de la Corte Penal Internacional, ya que no va a haber justicia en Venezuela”.
Armas señaló que a cuatro años de la muerte del joven Lander no hay ningún responsable por su muerte y sigue impune, “teniendo pruebas no hay justicia, sin pruebas mucho menos. Por eso le pido al fiscal Karim Kham que investigue la muerte de nuestro hijo. Mi hija aún llora todas las noches la muerte de su hermano”.
En esto coincidió Julieta Ovalles, madre del joven Luigi Guerrero, quien fue asesinado durante unas protestas en San Cristóbal (estado Táchira) en 2019. Señaló que en el país “no vale de nada que uno investigue y entregue pruebas a la Fiscalía como yo lo he hecho. Lo que ellos esperan es que pase el tiempo para que eso quede así, pero acabar con la vida de un ser humano no es poca cosa, eso no quedará así”.
La señora Ovalles solicitó al fiscal Khan, “que nos escuchen, no crean las mentiras de un gobierno mitómano, todos los funcionarios del Gobierno parecen una obra de teatro. La sangre se ha derramado sobre nuestra nación y es la sangre de nuestros hijos por parte de un régimen que se ha dedicado a saquear y robar a un país ante la vista del mundo. Creo que seremos escuchados por el fiscal de la CPI”.
Carlos Marrón, detenido arbitrariamente y torturado por funcionarios de la Dgcim, también aseguró que la Fiscalía venezolana “no actúa de buena fe, la única ley que funciona en Venezuela es la de instigación al odio, y es para acusar a todo el mundo. Esa es la ley que aplica, más nada”.
Además, le señaló al fiscal de la CPI que en los casos de torturas, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas “la cadena de mando, para que el doctor Karim Khan lo sepa, todos son responsables. Desde el sargento hasta el Presidente porque todos toleraron, hicieron y avalaron la tortura que se hace en Venezuela. No nos podemos quedar sin justicia”.
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La solicitud de investigación a las cadenas de mando también fue avalada por Arianna Arellano, hermana del herpetólogo asesinado en 2017 Diego Orellano. “Condenen y presionen al régimen venezolano para que se investigue y sancione a los responsables, no solo por la muerte de Diego, sino de todos los venezolanos”.
Mientras que Nancy Márquez, hermana de José Márquez, quien fue asesinado por funcionarios de la Guardia del Pueblo en 2014, dijo que la CPI debe investigar porque en Venezuela existe una “política de omisión y acción de tortura en contra de civiles, que en este caso fue ocasionada por militares”.
Protestas sangrientas
Entre las víctimas que brindaron testimonio durante el foro estuvo Zuleymar Villegas, madre de César Pereira, un integrante de Voluntad Popular (VP) asesinado en mayo de 2017 por un funcionario de PoliAnzoátegui.
Villegas aseguró que su hijo protestaba de manera pacífica “por una Venezuela libre, democrática, con oportunidad para todos los venezolanos”, pero fue herido de muerte por el impacto de una metra en el abdomen, accionada desde el arma de un funcionario de la policía estadal, en quebrantamiento de normas internacionales sobre uso de arma orgánica y atención en manifestaciones.
Según la madre de Pereira, el funcionario de PoliAnzoátegui fue imputado y sentenciado pero no se encuentra en el sitio de reclusión ordenado por el juez, debido a la protección de la misma Policía.
“Me siento preocupada y perseguida. Dejé mi casa. Yo tengo una hija todavía en Venezuela y responsabilizo a Nicolás Maduro y toda su comitiva si le pasa algo. Mi casa fue allanada dos veces, fui perseguida porque mi hijo pertenecía a Voluntad Popular. Esto ha sido horrible, no se lo deseo a nadie”, señaló Zuleymar Villegas.
La madre de Pereira pidió justicia para su hijo, “y todos los caídos”. Además, pidió al fiscal de la CPI que, en su caso, “investigue al gobernador de ese entonces Nelson Moreno, así como la cadena de mando de 2017 y al director del hospital Las Garzas, que no le dio entrada a mi hijo a pesar de saber que venía herido. No le dieron entrada a mi hijo porque era ‘guarimbero’”.
Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, asesinado en junio de 2017 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho, dijo que le prometió a su hijo no rendirse “hasta conseguir la libertad. Yo creo que antes de pedir justicia debemos pedir libertad, porque en Venezuela no hay justicia, no hay la posibilidad de conseguirla”.
En el caso de Lander, su madre señaló que hubo criminalización y nula investigación por parte de los organismos competentes. Y es que el mismo días que murió el joven, el entonces ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol aseguró que Neomar falleció al tratar de activar un mortero de fabricación casera.
“El cinismo del Gobierno es único. Yo estaba sentada frente a la mano derecha de Tarek William Saab, y me dijo que él estaba en su oficina escuchando la reunión, que ellos iban a hacer su trabajo. Yo le conté que el cinismo era brutal porque justamente habían pasado cuatro meses de la muerte de Neomar y no se había llamado a declarar a nadie, no tenían resultados de las pruebas químicas y físicas que dijeron que iban a hacer”, sentenció.
Por su parte Julieta Ovalles, madre de Luigi Guerrero, señaló que su hijo “era un promotor de la paz, era un hijo de Dios porque nosotros somos cristianos. Fue cruelmente asesinado por asistir a una marcha, y pasó que luego el Gobierno creó la matriz de opinión de que nuestros hijos son lo peor. Así de descarados y cínicos son”.
Ovalles contó que esa protesta en enero de 2019 fue la primera y última marcha de su hijo. Explicó que las FAES llegaron disparando a la manifestación y Luigi resultó herido en un costado.
“En un descuido de los médicos de la emergencia del hospital Central, debido a la cantidad de heridos que llegaron a ese centro, funcionarios del Sebin y el Cicpc lo golpearon y remataron. Una doctora me dijo que lo fue a revisar y no pudo porque estos tipos estaban encima de él”, aseveró su madre.
Explicó que se dio a la tarea de investigar la muerte de su hijo luego de ver el cadáver de su hijo en la morgue, por lo que pudo obtener testimonios y datos para señalar a esos cuerpos de seguridad. Todas las pruebas recabadas no le han traído justicia, y solo pasaron a engrosar un expediente con varias carpetas en la Fiscalía de San Cristóbal.
“A mi mano han llegado videos y fotos de lo que le pasó a mi hijo. En la Fiscalía me toman el pelo, no hay señalamiento hacia ningún funcionario, ninguna persona. Menos el Cicpc porque ellos fueron los asesinos de mi hijo, ellos ocultaron las pruebas. Si no hubiese investigado por mi misma no sabría cómo murió asesinado porque los funcionarios me mintieron hasta en el sitio de su muerte”, destacó.
La señora Ovalles dijo que incluso sufrió amenazas contra el resto de su familia por sus investigaciones. “Gracias a Dios mi familia está en Colombia y voy a seguir aquí porque no tengo miedo, porque lo único que tenía era mi hijo (…) Hay una total impunidad en nuestro país, se burlan de nuestro dolor. Esto fue un asesinato cobarde y cruel como han hecho con todos los muchachos, esto es algo sistemático, algo repetitivo”.
Ayuda de la CPI
Arianna Orellano, hermana de Diego Orellano, también relató el testimonio de su familia y el estatus del caso. Señaló que su hermano era biólogo, herpetólogo e investigador de la UCV, y fue asesinado en mayo de 2017 por funcionarios de la Guardia Nacional en San Antonio de los Altos luego de detenerse en las protestas de la zona al no poder llegar a su trabajo.
Orellano dijo que su hermano fue herido con perdigones metálicos, cuyo uso está prohibido en manifestaciones, y fue traslado a un centro de salud donde falleció. “Era un ciudadano común, que no pertenecía a ningún partido político u organización, quiero que esto quede claro”.
Su familia todavía espera que se haga justicia en su caso. “Es la cadena de mando la que debe ser investigada, es decir, son los funcionarios que dieron las órdenes los que deben pagar por estas muertes”.
Por justicia efectiva también espera Nancy Márquez Fernández, hermana de José Márquez, quien fue asesinado en febrero de 2014 por funcionarios de la Guardia Nacional mientras se encontraba grabando los abusos cometidos por este cuerpo militar en protestas en el centro de Caracas.
Su hermana explicó que fue pateado y golpeado tanto en el abdomen como la cabeza, lo que le produjo heridas que le ocasionaron la muerte días después. En ese entonces se imputó a cinco integrantes de la Guardia del Pueblo, pero dos de ellos se encuentran evadidos.
Al igual que en el caso de Neomar Lander, Luigi Guerrero y César Pereira, después de su muerte José Márquez fue criminalizado por altos funcionarios del Gobierno. “El presidente de la AN de ese entonces, Diosdado Cabello, lo difamó tras acusarlo de terrorismo, tan solo por mostrar una foto donde estaba con su uniforme de airsoft, lo acusaron de terrorista, sicario y varias cosas más”.
Los abusos no pararon ahí. La jueza que llevaba el caso de Márquez dijo que los funcionarios actuaron en nombre propio y no en nombre del Estado, por lo cual se desestimó investigar la cadena de mando. También se rechazaron las acusaciones de robo, pese a que los militares lo persiguieron y le arrebataron su celular.
No se desestimó la imputación de homicidio calificado, pero la jueza les dictó una medida cautelar de supervisión. El MP apeló esta decisión pero se dejó sin efecto tres años después.
Nancy Márquez relató que ella y su familia han observado a algunos de los funcionarios involucrados en alcabalas móviles. “Nos han dicho que no insistamos, que no tenemos mucho que hacer ahí”.
Torturas ordenadas desde “lo más alto”
Las torturas a civiles no son nuevas, pero algunas son ordenadas desde “lo más alto” como lo relató Carlos Marrón Colmenares, quien fue desaparecido y torturado en 2018 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras ser señalado como dueño del portal DolarPro.
Marrón Colmenares fue detenido en abril de 2018 cuando llegaba al aeropuerto internacional de Maiquetía, para atender el presunto secuestro de su padre. “El régimen secuestró a mi padre, lo quisieron hacer pasar como un secuestro común pero estaba en manos de la Dgcim porque así se lo dijeron cuando lo montaron en el carro”.
Fue trasladado a la sede de la Dgcim, ubicada en Boleíta, donde el teniente coronel Alexander Granko Arteaga le informó las razones por las cuales fue detenido. “Esa noche empezaron las torturas, ahogamiento físico, con agua, golpes, asfixia. Yo fui una excepción porque no me pusieron electricidad, al resto que estaba ahí le pusieron electricidad”.
Marrón Colmenares señaló que lo torturaron para obtener todas sus claves, “incluyendo de mis cuentas bancarias para vaciarlas”. Estuvo aislado e incomunicado durante 60 días, en una celda que le llaman el cuatro de los locos. “Es oscura, no hay baños, comes con las manos en el piso, está hacinada”.
Al abogado también le informaron que era un caso especial para el coronel Franco Quintero, el mayor general Iván Hernández Lara y el propio Nicolás Maduro. “Considero que soy una de las pocas personas que han podido salir de estos sótanos (…) Había una instrucción del Ejecutivo para seguir detenido”.
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A su esposa la llamaban para extorsionarla y le decían que lo iban a envenenar. También lo hicieron grabar un vídeo asumiendo los hechos, “me di cuenta que no era para algo mediático, sino un vídeo presidencial”.
Le difieron 19 audiencias preliminares por falta de presentación, debido a que la orden era esa. A su equipo defensor también le denegaron todas las solicitudes de liberación. Salió en libertad por gestiones de la llamada comisión de la verdad, con una medida sustitutiva de libertad por lo que su causa sigue abierta.
