Iris Varela habla del retardo procesal que se profundizó en su gestión como ministra
El diputado Pedro Carreño anunció la creación del plan «Sistema de Justicia Revolucionaria 200» que será implementado en los centros penitenciarios para corregir el retardo procesal y, entre otras cosas, hechos de corrupción que habrían detectado de manera reciente
El retardo procesal en el sistema de justicia que durante años ha sido denunciado por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos parece ser tema nuevo para diputados oficialistas de la Asamblea Nacional (AN) de Nicolás Maduro. Incluso para la primera vicepresidenta, Iris Varela, quien estuvo frente al ministerio de asuntos penitenciarios entre 2011 y 2017 y 2018 y 2019 y para quien funge como presidente de la comisión de Política Interior, diputado Pedro Carreño.
El presidente de la instancia parlamentaria fue el primero en referirse al tema en su derecho de palabra durante un punto de información en la sesión ordinaria de este jueves 10 de junio. Carreño anunció un abordaje en cárceles del país y denunció que hay casos de extorsión a los reos para ser llevados a tribunales.
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«Esto es un secreto a voces, para la audiencia preliminar hay una tarifa, para la presentación y acusación, otra tarifa, eso no puede permitirse en esta revolución», dijo el diputado de la bancada oficialista.
Anunció la creación del plan «Sistema de Justicia Revolucionaria 200» que supuestamente será implementado en los centros penitenciarios para corregir hechos de corrupción que habrían detectado de manera reciente.
“La población privada de libertad en recintos penitenciarios, es decir en cárceles, tenemos procesados masculinos 25.038 y femeninas 1.122, para un total de 26.160 procesados, penados masculinos 14.429, femeninas 1.190, dando la totalidad de 16.119 penados en el país”, apuntó.
“Por la parte de los adolescentes, tenemos masculinos 772 y femeninas 70, para un total de 842, dando como resultado 43.121 privados de libertad”; añadió.
Aunque recordó que debido a la pandemia por el coronavirus el sistema de justicia estuvo por al menos siete meses sin despacho en los tribunales, después de ese período se comenzó a trabajar bajo el esquema ‘7+7’.
No sabía del retardo procesal
A lo señalado por Carreño le hizo seguidilla la diputada Iris Varela, quien afirmó que ni el Estado ni el Parlamento pueden hacer caso omiso a estos retrasos, que aseveró van en contra del debido proceso, pero que pasó por alto mientras estuvo al frente de la cartera ministerial.
La exministra de asuntos penitenciarios relató que se realizó un abordaje en tres organismos de detención en Carora, en los que hay privados de libertad, pese a no ser recintos de detención preventiva. Precisó que en las sedes de los destacamentos de la Guardia Nacional (GN) y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hay privados de libertad, en reducidos espacios y «en condiciones críticas y alarmantes».
Varela no dio a conocer, ni como ejemplo, algún tipo de acción hecha para hacer frente a esto durante su gestión como ministra.
Para los privados de libertad y sus familiares el tema del retardo procesal y el hacinamiento no es nada nuevo. La ONG Acceso a la Justicia realizó un informe sobre el desempeño del sistema penitenciario durante el período 2001-2015, en el que se tildó de “preocupante” el índice de hacinamiento en los penales del país, pues aumentó “de forma intensa” entre 2012 y 2013 al llegar a casi 300% con una población promedio de más de 50.000 reclusos. Para 2006, la sobrepoblación carcelaria ya superaba 200%
En el informe publicado en 2017, Acceso a la Justicia infirió que el hacinamiento carcelario era consecuencia directa del retardo procesal y de los pocos recursos que se destinaban a la administración de las cárceles. Destacó, además, que para ese momento sólo 30% de la población penal había recibido condena en vista de las deficiencias del sistema de administración de justicia.
El patrón sigue y con llegada del coronavirus se acentúo. De acuerdo a un reporte de El Carabobeño reclusos de Carabobo pasan entre uno y cuatro años sin celebración de juicios. En octubre del 2020 el abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, señaló que el retardo procesal se ha convertido en la constante en los juicios a presos políticos militares en Venezuela, al punto que en algunos casos hay retraso de hasta 750 días (más de dos años) sin que se haya procedido a la llevar adelante el juicio.
En 2019 el entonces director de Policarirubana Jesús López Marcano aseveró que la prohibición de traslados así como el retardo judicial convirtieron los centros de reclusión transitoria en cárceles.
“Esto le compete al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, a la doctora Iris Varela, quienes se han puesto muy exigentes: que tienen que tener nivel de estudio o no estar incursos en situaciones violentas, no tener cicatrices ni tatuajes, o que teníamos que proporcionarles colchonetas y bragas, y ¿de dónde sacamos nosotros para comprar eso?”, aseguró el funcionario, de acuerdo a Una Ventana a la Libertad.
«Índice Constitucional de Venezuela»
Durante la sesión de este 10 de junio el diputado Hermann Escarrá presento el índice Legislativo vigente y el libro «Índice Constitucional de Venezuela».
Según Escarrá, el libro distribuido en dos tomos aborda la organización del índice; evolución constitucional; hechos fundantes de la República y las Constituciones del país desde 1811 hasta 1999. Afirmó que «la obra», compuesta por más de dos mil páginas, es un aporte a la cultura política de los ciudadanos y el país.
El parlamentario comentó que la comisión para la Investigación, Verificación y Difusión del Índice Legislativo Vigente, presidida por él, también la integraron los diputados Juan Carlos Escalona como primer vicepresidente y José Gregorio Correa como segundo vicepresidente
«El mismo día que se instaló la comisión, dividimos el trabajo en dos áreas: El área legislativa y el área constitucional. En el área Legislativa podemos decir que al día de hoy se han revisado 49 mil gacetas oficiales y en un tiempo perentorio entregaremos a la AN cuáles son las leyes vigentes en Venezuela», explicó.
El presidente de la AN de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez anunció que será publicado el discurso de Escarrá sobre la presentación del Índice Constitucional. De igual forma se aprobó la impresión masiva de los dos tomos del texto.
Rock, recreación y teorías de dominación
La plenaria aprobó este 10 de junio en segunda discusión la Ley Orgánica de Recreación que será remitida al gobierno para su promulgación.
El instrumento fue aprobado en primera discusión a finales del mes de abril. En ese momento el presidente de la comisión permanente de Cultura y Recreación, diputado Earle Herrera, pidió la modificación de ocho artículos.
En aquella oporutnidad detalló que la modificación se basaría en dos situaciones que están definidas como situaciones especiales y situaciones sobrevenidas. Apuntó que las situaciones sobrevenidas son las que ocurren de forma imprevista como por ejemplo la pandemia, mientras que aseveró la segunda son escenarios que supuestamente se produzcan a consecuencia de, por ejemplo, las sanciones que han impuesto contra funcionarios del régimen de Maduro.
Entre los cambios realizados se encuentra el establecimiento de un nuevo artículo que pasaría a ser el tercero. «Todas las personas tienen derecho a la recreación como actividad para el desarrollo integral. El Poder Público con la activa participación de las familias deben adoptar medidas para garantizar el disfrute de este derecho», señala el nuevo artículo.
Se agregaron al mencionado artículo dos definiciones, el de una situación especial y el de una situación sobrevenida. Otros cambios que se hicieron a esta ley fueron el ordenar a través del artículo 10 al Poder Público a contribuir a hacer accesibles nuevas plataformas que permitan el disfrute de la recreación y la utilización de plataformas que amplíen el horizonte espiritual y ético de la ciudadanía.
La nueva ley aprobada este 10 de junio también plantea el reconocimiento de los juegos tradicionales como un valor del pueblo y por esa razón emplaza al Poder Público a promoverlos, incluyendo los de los pueblos indígenas.
Finalmente la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro aprobó el acuerdo para conmemorar cada 13 de junio el Día Nacional del Rock.
«El contexto histórico narra que en 1970 más de 12 mil jóvenes asistieron a la concha acústica del Parque Francisco de Miranda para escuchar a las bandas de rock», señala el acuerdo presentado por el diputado Alí Primera, quien aseveró que «estás bandas del rock se reunieron para hacer frente al sistema opresor que gobernaba para la época en Venezuela, es por ello que celebraron el primer Festival de la canción Rock evento que fue reprimido por los gobiernos de aquel entonces».
