Isaías viola la bicha, por Teodoro Petkoff
Se puede comprender al fiscal general Isaías Rodríguez. Que en la institución que dirige se haya denunciado la existencia de algunos funcionarios que aprovechan su cargo para la extorsión y que, encima de eso, salgan de la propia sede de la Fiscalía documentos supuestamente reservados y sean difundidos a través de los medios, es como para volarle los tapones al más pintado. Su organismo está seriamente cuestionado ante la opinión pública. Eso tal vez explica la declaración de ayer del doctor Rodríguez, con la cual, dicho sea con el debido respeto, intenta sentar una alambicada –otros dirían cantinflérica–, doctrina sobre derecho a la información y la libertad de expresión.
Según el fiscal, los periodistas “pueden reservar sus fuentes, pueden manejar sus fuentes pero no manejar los documentos que constituyen la esencia de la investigación”, porque, “una cosa es el derecho a la información… y otra que se utilicen documentos que no deben estar en manos de quienes manejan en algunos momentos las informaciones”. Si esta novísima doctrina prosperase se acaba el periodismo de investigación y se lesiona gravemente el derecho a la información. Una cosa es que un funcionario público filtre documentos reservados a los cuales tiene acceso, lo cual podría constituir un delito (así lo cometa de buena fe) y otra muy distinta que el periodista que los reciba lo cometa cuando los utiliza para dar soporte a una investigación que realiza. La esencia del periodismo investigativo serio es precisamente la de suministrar las pruebas documentales de lo que se afirma. Dice Isaías que la investigación abierta contra la periodista Patricia Poleo tiene el “propósito de determinar cómo obtuvo la información del expediente que se encuentra en etapa de reserva”.
Este “propósito” viola el artículo 28 de la Constitución que categóricamente establece: “Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”. Imputar o acosar a la periodista para obligarla a revelar sus fuentes es claramente anticonstitucional. Si la Fiscalía quiere saber como llegaron los documentos a los medios (no sólo a El Nuevo País, por cierto) hacia donde debe lanzar sus rayos coléricos es hacia el organismo que dirige y no hacia los periodistas, que no hacen otra cosa que informar –más aún sobre hechos respecto de los cuales el silencio informativo de la Fiscalía y la opacidad que rodea todos sus actos obliga a que el público sea informado por quienes tienen la posibilidad de hacerlo, que son los periodistas y los medios. Aquí se nos quiso vender la verdad oficial de un crimen terrorista, cuya víctima recibió hasta la Orden del Libertador. Fue la investigación periodística la que dio un vuelco a la información que se tenía y luego fue el ministro del Interior, Jesse Chacón, quien dio la primera versión oficial de que tras el caso Anderson pudiera haber una mafia de extorsionadores.
Si hubiera sido por Isaías, todavía estaríamos viviendo con la coba inicial. El fiscal aduce que la periodista Poleo ha incurrido en un hecho punible, tipificado en la Ley Contra la Corrupción. Falso. Esta ley, en su artículo 78 –que es el único que podría ser utilizado, torciéndole, eso sí, el pescuezo a la lógica y al Derecho– dice: “Cualquiera que ilegalmente ocultare, inutilizare, alterare, retuviere o destruyera, total o parcialmente, un libro o cualquier otro documento que curse ante cualquier órgano o ente público, será penado con prisión de tres a siete años”.
A menos que Isaías demuestre que la periodista tenía en su poder los documentos originales y que haya sacado subrepticiamente los libros originales de la Fiscalía, para ocultarlos, inutilizarlos, alterarlos, retenerlos o destruirlos, su argumento no resiste el más leve soplido de la Ley. Sólo con una interpretación arbitraria y atropelladora de esta podría sancionarse a la periodista.
Llama la atención que sólo a ella se la ataque, cuando es público y notorio que varios otros medios publicaron los mismos documentos y hasta el periodista Ernesto Villegas (canal 8), cuando entrevistaba al fiscal en días pasados, le mostró uno de ellos. ¿Entonces?
