Jorge Padrón: Anarquía impulsada por Nicolás Maduro permite desastre del Arco Minero
El coordinador de la Asociación Civil Ecológica Chunikai, Jorge Padrón, advierte que con la explotación indiscriminada del Arco Minero se está afectando el 80% de las reservas de aguas dulces, así como el sistema hidroeléctrico del Guri, que abastece de energía a 70% del país, además de que los recursos se van “por los caminos verdes”
El pasado 15 de julio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció la grave situación que se vive hacia el sur de Venezuela, en las áreas que constituyen el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), donde grupos criminales tienen el control del territorio, se explota a los trabajadores y se produce un daño ecológico de grandes proporciones cuyos efectos la población venezolana podría comenzar a padecer próximamente.
El AMO fue creado por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016 para aprovechar los recursos que se encuentran en la zona, que abarca gran parte del estado Bolívar, y partes de Amazonas y Delta Amacuro, con lo que paliar la merma en la producción y consiguiente explotación de petróleo; sin embargo, luego de tres años de explotación indiscriminada sin control ni rendición de cuentas algunos, poco han visto los ciudadanos venezolanos de la venta de oro, diamantes o coltán, mientras grupos criminales se han hecho millonarios, se denuncian ventas irregulares de estos recursos en países como Turquía, y se violan los DDHH, no solo porque los grupos que tienen el control de las zonas aplican la ley a su antojo, sino porque se afecta el ecosistema y se amenaza la vida de los venezolanos en general.
El coordinador de la Asociación Civil Ecológica Chunikai, Jorge Padrón, no duda en que la anarquía que ha impulsado el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha generado todo el drama que se vive en la región y asegura que el informe de Michelle Bachelet se queda corto ante la situación.
Informe Bachelet dejó de lado el tema ambiental
“Es relevante la información que da la comisionada y mejora sustancialmente con respecto al informe elaborado el año pasado que fue muy escueto, con muy pocas palabras dedicadas al tema del Arco Minero, pero en este caso detalló más y es un aval. Ella hace énfasis en el tema de la explotación laboral, lo que sucede con las mujeres y los niños, y sí, hay una parte social que es importante enfocar; también habla de los niveles de violencia que se presentan en la zona, pero el tema ambiental como tal lo refiere muy poco», expresó el geógrafo, quien es el responsable del capítulo sobre el Derecho al Ambiente Sano, del informe de la ONG Programa de Educación Acción en DDHH (Provea).
Sostuvo Padrón que cuando Bachelet toca el tema ambiental lo hace cuando habla de la calidad del agua que se consume tanto por las personas que han migrado hacia la zona como por la población indígena, que está tomando agua contaminada producto de esas sustancias que se vierten en los cauces, con lo que está enfocando la mirada en una zona cuya situación es terrible en el país, «pero hay muchas observaciones que hacer y que debieron reflejarse en un documento de esta naturaleza”.
Indicó que reconoce la labor de los asesores que trabajaron en la comisión, ya que reflejaron uno de los aspectos más resaltantes del problema, pero que, no obstante, el informe no habla de por qué se está generando esta situación.
“Hay una anarquía muy grande que está siendo promovida y respaldada por el Gobierno. El Estado está haciendo todo lo contrario de lo que debería hacer un gobierno. En vez de poner orden está impulsando el desorden y permitiendo entre otras cosas, esos hechos de violencia”, sostuvo Jorge Padrón.
Recursos del Arco Minero del Orinoco se van por los “caminos verdes”
Asegura Jorge Padrón que el gran grueso de los recursos auríferos que se explotan están entrando en poca proporción al fisco nacional y el grueso se va por los “caminos verdes” debido a que la mayoría de lo que se produce no está registrada. “Se habla de que hasta un 80% del oro no está siendo registrado. Nos estamos enterando por la información del oro que se está vendiendo en Turquía, por ejemplo”, señaló.
Explicó que buena parte de ese oro es parte de lo que antes estaba contemplado como minería ilegal. “Hasta 2010-2011, algunas zonas del estado Bolívar, aunque el tema del Arco Minero incide en Amazonas y Delta Amacuro y se expande, pues va mucho más allá del lindero establecido en el decreto 2248 de febrero de 2016, la minería que se daba en la zona estaba siendo vigilada, entre comillas, por parte de los ministerios responsables, que eran los de Minas y Ambiente. A veces se hacían operativos para frenarla, pero la actividad estaba contemplada como minería ilegal, informal. Entonces, a partir del decreto le dan puertas abiertas, luz verde, porque generan una producción significativa, pero no hay control, no se sabe en qué áreas se están metiendo, en qué bosques, inclusive en las áreas protegidas, y personajes del gobierno se la están comprando, hay una anarquía formalmente abierta y toda esa actividad está ocasionando graves daños al ecosistema.
-El Gobierno se aprovecha de la minería ilegal?
-En Provea y la asociación civil ecológica y social Chunikai le hemos hecho seguimiento a buena parte de las acciones que ha hecho el Estado. Una de las primeras cosas que hicieron es que el Banco Central les abrió la puerta a todos esos mineros ilegales, un oro no de sangre, pero ilegal, de origen irregular. El informe (de Michelle Bachelet) debía resaltar eso, no solamente los síntomas sino el origen, es una situación generada por el gobierno de Nicolás Maduro.
-¿Cuál es el papel de los militares allí?
-En el tema de los actores hay bastante información recabada por diferentes organizaciones, como Transparencia Internacional, SOS Orinoco, que han recogido buena cantidad de datos y reflejan que ha habido combinación de grupos vinculados inicialmente y promovidos desde la misma gobernación. Recuerda que los dos últimos gobernadores vienen de las Fuerzas Armadas, los generales Rangel y Noguera, hay un vínculo desde la misma gobernación y ha habido situaciones irregulares.
“Hay participación –prosiguió- de grupos delincuenciales vinculados a las cárceles, a los llamados pranes, los ‘sindicatos’, que no tienen que ver nada con el mundo sindical, laboral, le dicen “seguridad”, y hasta la guerrilla colombiana como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que el propio Gobierno ha llevado para apropiarse de territorio.
Parques nacionales afectados
-¿De cuánta extensión de tierra estamos hablando donde hay impacto ambiental?
-La superficie que comprende el decreto habla 11 mil 843 kilómetros cuadrados. Es el área que definieron en cuatro zonas y un agregado en la parte alta del Río Caroní, en total 112 mil kilómetros cuadrados. No obstante, hay que agregar el mismo Parque Nacional Canaima, tres millones de hectáreas, la zona sur del estado Bolívar, áreas protegidas que no incluyeron en el Arco Minero como tal, y el estado Amazonas, donde la incidencia aún es incipiente pero evidente.
Añadió Jorge Padrón que, a raíz de 2016 se incrementaron las actividades de extracción de oro, de diamantes y coltán en el estado Amazonas, donde está prohibida la explotación minera. “Hay una actividad hacia el norte del estado Amazonas, orientada a la explotación del coltán y denuncias de que la guerrilla colombiana está participando de eso”, apuntó.
Además, resaltó que el área de influencia de toda esta actividad irregular hoy incorpora áreas protegidas, no solo en el estado Amazonas sino en una parte de Delta Amacuro, con el parque nacional Imataca.
El impacto ambiental es como un cáncer
-¿Cuál es el impacto de la desforestación?
-El tema de la minería aurífera como tal no es un asunto de grandes superficies desforestadas. Lo que se genera en esos ecosistemas es una especie de cáncer, focos donde se generan problemas de sedimentación muy graves. El informe de Bachelet no dice que se está generando una actividad donde hay descarga de mercurio, que es muy contaminante y que no solo va a llegar a los ríos principales porque cae en los cauces de los ríos Cuyuní, Aro y Caroní, sino que terminan en el Orinoco, el Mar Caribe y el Atlántico; así que estamos afectando la zona pesquera del Mar Caribe.
“Hay estudios de gente en Puerto Rico que indican la presencia de peces contaminados de mercurio que vienen de nuestra zona. Depende de cuáles cuencas, si estamos hablando del Icabarú, tiene un ‘bonus’ que le metió el gobierno de Maduro al Arco Minero, ya que estamos hablando de la cuenca alta del Caroní, la más estratégica en términos de energía eléctrica de Venezuela porque abastece al 70% del país”, precisó Jorge Padrón.
Aseguró Jorge Padrón que se está afectando a las partes altas del Caroní con sedimentos cuyas cargas hacen daño al sistema hidroeléctrico del Guri.
“El profesor Alexander Luzardo ha hablado mucho de eso, es autor de un proyecto de ley sancionado por la AN, que deroga el Arco Minero, y establece que se debe proteger las reservas de aguas dulces más importantes del país. El tema de las aguas, al estar contaminada por estos focos de mercurio, deshechos de hidrocarburos, combustible, aceite, basura y en algunos casos cianuro, es que estamos afectando el 80% de las reservas de agua del país, agua dulce, limpia. Entonces el tema va más allá de la violación de los derechos de las comunidades indígenas, que son de los primeros afectados, estamos hablando del agua y la energía eléctrica de los venezolanos”, resaltó Jorge Padrón.
Procedimiento legal
-¿Cuáles son los derechos humanos ambientales que se están transgrediendo?
-Es muy importante porque mucha gente piensa que el tema de los DDHH no contempla la parte ambiental y resulta que el derecho al ambiente sano es un derecho humano. En el caso venezolano aún más porque está consagrado en la Constitución, desde la parte de motivaciones hasta el articulado, el 127, 128 de la Constitución establecen ese derecho. Hay derechos y deberes. Se transgrede el derecho al agua potable, a que el ambiente de los venezolanos, de las comunidades indígenas esté en equilibrio. Estamos hablando del aire, de todo lo que contempla las condiciones ambientales. Es parte de los DDHH principales el derecho al ambiente sano.
-¿Qué pueden hacer las Naciones Unidas luego de presentado este informe que como usted dice es un abreboca?
-Es otro elemento más para llevar a crear sanciones al gobierno venezolano no solo está el tema de los presos políticos, la falta de todos los servicios que estamos padeciendo, sino estos focos que se están abriendo y dando a conocer al mundo. El hecho que se conozcan es un gran paso. Hay un procedimiento que incluso puede llevar a la Corte Penal Internacional, de que aquí se están violando los DDHH en todas las magnitudes y con el componente ambiental es evidente. Estamos hablando del tema eléctrico y del tema del agua que cada día se ve empeorado este derecho.
-Y las tierras que ya no serán fértiles
-Quedan degradadas, por eso te decía que es como un cáncer. El proceso de restauración de esa zona va a implicar una inversión muy grande y va a ser experimental porque no hay muchos casos en el mundo de bosques tropicales restaurados después de pasar por la minería. Ahí se está haciendo un daño terrible y estamos hablando también de afectación a la biodiversidad, porque en esa destrucción se está acabando con distintas especies botánicas y animales que posiblemente pudieran ser fuentes para medicinas como el cáncer. Igualmente se afecta el clima mundial, porque afectar esos bosques va a generando cambios en las corrientes de precipitación a nivel regional y global.
Recuperación de las zonas afectadas
-¿Cuáles serían las primeras acciones a implementar de manera urgente ante la situación?
-Estamos hablando del sur del río Orinoco. El tema Arco del Orinoco es de poca data, es reciente, lo creó (Hugo) Chávez en uno de sus discursos televisados. Hay que hablar del sur del Orinoco, de la situación minera. Lo primero es dar un frenazo a la situación de inseguridad por los grupos armados de la zona. Asumir como Estado y confrontar esa situación, enfrentar a los grupos armados de otros países, detener a quien haya que detener. Sin eso no se va a poder avanzar en restaurar el territorio afectado por la minería. Hay que hacer investigaciones, poner a participar a las universidades en esto. Hay propuestas de soluciones desde hace tiempo. Hay que tomar en cuenta las experiencias de los sectores religiosos, como la de los salesianos, pero lo primero que hay que atender es la violencia que hay en la región.
-Hay personas que dicen que se requiere explotar los recursos de la zona, sobre todo ante la merma en la producción petrolera. ¿Existe la posibilidad de explotar racionalmente esos recursos?
-Hay que trabajar el tema de la ordenación territorial. Un plan de ordenación de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro y buscar con certeza cuáles son las áreas y a qué se destinan. Si en algún caso se permitiera la actividad minera, como en El Callao, que tiene una tradición desde el siglo XIX, tienes que hacerlo bajo todas las normas que ya existen, estudio de impacto ambiental, tiene que haber un organismo (que controle), restablecer la institucionalidad, que vigile y fiscalice en la parte minera las concesiones que se entreguen a las empresas; un Estado presente por la parte ambiental; rehacer el ministerio del Ambiente, eliminado en 2014 y lo convirtieron en un ministerio de Ecosocialismo, que no se sabe muy bien a qué se refiere. Dotar de recursos al ministerio del Ambiente, y antes de otorgar concesiones, tener un equipo preparado, con vehículos, imágenes satelitales, y dotadoss de recursos para la vigilancia.
Ecoturismo opacado
Concluye Jorge Padrón reiterando que el informe de Bachelet dejó por fuera la que es la razón que genera la situación, y que es anarquía promovida por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Liquidaron la actividad turística; el estado Bolívar era muy importante, tal vez más que Nueva Esparta, con los parques Canaima y La Gran Sabana. Hay bastante posibilidad de que vengan turistas desde Brasil, de hecho, hay algunos que actualmente se aventuran. En el mismo corazón del Arco Minero, que lo representa la cuenca del río Cuyuní, que es donde están Las Cristinas y las Claritas y donde la destrucción es garrafal, y en la región de Imataca, que era protegida, hay un potencial importante para el ecoturismo de observación de aves. Hasta 1999 ibas a la Gran Sabana, te conseguías unas posadas en el camino, y había promoción de actividades de promoción de aves, por la riqueza de especies que no hay en ningún otro lugar del mundo”, puntualizó.
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