Juan Carlos Apitz: Ley Libertador Simón Bolívar «deroga tácitamente» el Código Penal
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz expresó que la Ley Libertador Simón Bolívar tiene intenciones represivas y un claro tinte político en contra de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro
Juan Carlos Apitz, abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunció que la Ley Libertador Simón Bolívar «deroga tácitamente» el Código Procesal Penal, al permitir juicios en ausencia, contrario a lo que establece el ordenamiento jurídico venezolano, e incluso a las excepciones que contempla para dicho tipo de procesos.
El pasado 29 de noviembre, el gobernante Nicolás Maduro promulgó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar que establece inhabilitaciones políticas, incautación de bienes, muebles e inmuebles y otras penas a personas naturales y jurídicas que «promuevan» la imposición de sanciones contra «la ciudadanía y el Estado». Esto, en respuesta a la Ley Bolívar aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
En entrevista para TalCual, Apitz señaló que la Ley Libertador Simón Bolívar tiene una clara intención política y es un instrumento represivo para la sociedad, los medios de comunicación y las redes sociales.
«Esta ley también trata de instaurar la verdad gubernamental y promueve que todo lo contrario a ella, debe ser aniquilado. Ellos (el gobierno) quieren que se cuente su verdad de manera forzada», agregó.
El profesor universitario también explicó que la Contraloría no tiene facultades para emitir inhabilitaciones políticas y administrativas y destacó que las mismas deben ir acompañadas siempre de una privativa de libertad, de acuerdo a lo que establece la legislación venezolana.
«La inhabilitación política es una pena accesoria a una primera condena, el artículo 42 y 64 de nuestra Constitución son claros. La pena principal es la privativa de la libertad. Una de las contradicciones de esta ley, es que la pena principal pareciera ser la inhabilitación”, recalcó Apitz.
Opinó que ante las posibles inhabilitaciones, duda que la oposición se plantee participar en las próximas elecciones regionales: «Yo no sé si la oposición democrática quiera participar en las elecciones regionales, por lo que pasó el 28 de julio y porque la capacidad de los alcaldes y gobernadores es poca, con la imposición de gobiernos paralelos a los disidentes del partido oficial”.
El abogado comentó que la Ley Libertador Simón Bolívar tiene un antecedente histórico: la Lista Tascón, publicada en 2004 con los nombres de las personas que firmaron la solicitud de un referéndum revocatorio contra el expresidentre Hugo Chávez, y con la que se despidió a varios trabajadores públicos, de acuerdo con un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Apitz añadió que la ley promulgada el pasado 29 de noviembre forma parte de un «populismo punitivo» acompañado por la Ley Contra el Odio y la Ley contra el Fascismo: «Qué lamentable que esta ley, que es de un claro tilde político, lleve por nombre Simón Bolívar (…) porque es una ley represiva. Esta es una ley contra el ‘fascismo’ repotenciada”, expresó.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV también comentó que en Venezuela, los dirigentes del gobierno son los que mencionan las sanciones, y no la ciudadanía.
«Los únicos que mencionan sanciones internacionales una y otra vez, son los voceros del gobierno para tratar de justificar por qué en Venezuela no hay agua, no hay luz, hay inflación, desabastecimiento (…) El único que habla de las sanciones es el gobierno”, opinó Apitz.
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