Juan Luis Sosa: «Para que haya los Picón y los Márquez en el nuevo TSJ hay que participar»
Integrante del Movimiento por la Democracia, el abogado Juan Luis Sosa opina que participar en el proceso de designación de magistrados del TSJ, que adelanta la AN que controla el PSUV, no es reconocer a algún factor político. Advierte que desde el Poder Legislativo se construye una Venezuela en la que no están la mayoría de los venezolanos ni toda la oposición. «Si no participamos en el proceso, luego también quedaremos fuera de la etapa de relegitimación de todos los jueces»
De prórroga en prórroga. Así avanza el proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que adelanta el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Aunque aprentemente, y luego de siete años, se moverán la piezas en el máximo tribunal nacional servil al gobierno de Nicolás Maduro la instancia parlamentaria ha extendido el plazo para la postulación dos veces en una misma semana. Primero fue el martes 15 de febrero, día en que los diputados Giuseppe Alessandrello (PSUV) y José Gregorio Correa (Alianza Democrática) se jactaban de una «participación histórica» e informaron que eran más de 300 las aspiraciones recibidas.
El segundo tiempo extra lo anunciaron el sábado 19 de febrero. Precisaron que la recepción de las postulaciones sería hasta el 21 de febrero a las 5:00 pm, con el alegato de que era desbordante el número de candidaturas a las a las magistraturas.
Sin embargo, fuentes del TSJ que pidieron resguardar su identidad, contradicen las cifras. Aseveran que las prórrogas que anunciaron Alessandrello y Correa son una estrategia del presidente de la AN, Jorge Rodríguez (PSUV), debido a que, al menos hasta el 15 de febrero apenas 120 personas habían optado al cargo.
«En ese momento buscaron consejos comunales para postular abogados que no tienen trayectoria, con el propósito de mostrar al país el éxito en cuanto a la cantidad de personas que aspiran», agrega el informante.
Con la designación de magistrados del TSJ en puertas, el abogado en derecho público Juan Luis Sosa, integrante del Movimiento por la Democracia, asevera a TalCual que es importante aprovechar cualquier ventana que se abra para buscar espacios de reinstitucionalización y para redemocratizar a la sociedad venezolana.
Sosa, de 46 años, se ha desenvuelto en áreas del derecho administrativo y constitucional, con una maestría en Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg de Alemania. Enfatiza que el abandono de los espacios democráticos, al que han apostados algunos sectores de la oposición, lejos de diluir la crisis la ha exacerbado, porque la «coalición dominante» ha tenido el camino libre.
Egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Sosa dejó la administración pública en 2008. Insiste en que es «un error» ceder los espacios que ahora se abren en el TSJ, tal y como desde el sector de la oposición liderada por Juan Guaidó se planea hacer.
A su juicio, desde el Poder Judicial se abren espacios para una transición constitucional por reforma. Sobre esto explica que esta es hecha por la propia coalición que tilda de «autoritaria». Aclara que aunque él no diría que Maduro es «el hombre de la transición», sí se avanza en un proceso que puede significar espacios para el encuentro y la redemocratización.
Serán 20 los magistrados que la AN designará este año 2022, luego de la reciente reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada el 30 de diciembre pasado. Con ella se restituyó la cantidad de juristas a la misma que existía hasta 2005, cuando ese número se elevó a 32 por conveniencias de Hugo Chávez.
Como lo prevé la ley, la Asamblea Nacional pesuvista designará por 12 años a los magistrados y sus suplentes de seis salas: Sala Constitucional, con cinco miembros; salas Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Social y de Casación Penal, con tres miembros cada una.
Transición constitucional
—¿Cuál fue el detonante para impulsar la participación en la postulación de candidatos a las magistraturas del TSJ que usted propone?
—Creo que seguir apostando a la ficción y a la no política es contraproducente. Debemos actuar desde donde estemos y poner la centralidad de la crisis en Venezuela y dejar de pensar que la centralidad está en la comunidad internacional para comenzar a jugar a la política. Dentro de esos espacios hay un tema neurálgico, que es la justicia, y el tema de la reinstitucionalización de la justicia.
Primero, porque tiene que ver con que, como en todo, hay una marcada parcialidad hacia uno de los actores. Segundo, porque hay una sombra de que está sucia y es corrupta, de que no hay justicia a tiempo y la justicia es uno de los pilares fundamentales para garantizar la paz social. Si no entiendo, como ciudadano, que existe ese ente y no entiendo que realmente se administra justicia, de allí a tomarla por propia mano hay muy poco y se rompe la convivencia social. No solo es importante para resolver el problema político sino para hacernos viables como sociedad.
Evidentemente, si hay un sector que no está en la negociación porque no está en la AN (oficialista), entonces hay que jugar a la política para que el proceso se dé fuera del Parlamento y, luego, este poder lo reconozca. Ahora, si no se participó en las elecciones regionales y actualmente nos salimos de los procesos de reinstitucionalización, se está quedando por fuera de todo.
Yo creo que así como se eligió al último Consejo Nacional Electoral (CNE), donde tuvo participación una parte la oposición y la sociedad y se logró que el ente también lo integraran dos rectores que significan un avance respecto a anteriores poderes electorales, creo que en este momento la participación puede significar que haya magistrados calificados que puedan servir para procesos, no de venganza sino de justicia, de buscar de la justicia su objetivo, que es la seguridad jurídica, convivencia social, derechos humanos y tomar decisiones que priven que sigan ocurriendo ejecuciones extrajudiciales.
Participar no significa reconocimiento de la realidad que está, pero parte de la discusión debe ser el cómo hacemos para tributar en procesos de encuentro de coexistencia de convivencia y redemocratización. Estuvimos en una jornada por convencer a los sectores en la necesidad de participar y no dejarle este proceso solo a la AN, porque ahí se construye una Venezuela en la que no esta la mayoría de los venezolanos ni de la propia oposición.
—Mencionaba aspectos importantes del sistema de justicia. ¿Qué opina de los señalamiento que ha recibido el TSJ en referencia a su falta de independencia?
—Nadie puede negar lo que está a la vista. El TSJ, y sobre todo las salas Electoral y la Constitucional, se han convertido en el brazo ejecutor de la coalición dominante autoritaria. No se ofende a nadie con decir la verdad. Las personas que están ahí pasarán a la historia. Recuerda que ese TSJ fue designado luego que el gobierno perdió la AN (en 2015), lo hicieron sin cumplir los extremos constitucionales. Con ello pasaron de ser un autoritarismo competitivo a ser hegemónico. Tenían que asegurarse de tener el control desde el TSJ.
Lo que vienen diciendo organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil es algo que toda la sociedad sabe: el TSJ no reúne condiciones suficientes, en términos de justicia y credibilidad, para facilitar procesos y por eso es importante que se cambie.
Creo que a raíz de lo que fue el conflicto político, desde 2016 para acá, se tomaron decisiones que significan retrasos, incluso en tiempos históricos y de interpretación. Se ha roto el espíritu propio constituyente del 99 y la propia. Constitución.
Por eso es importante que haya un procesos en el que los magistrados tengan credibilidad y suficientes credenciales para estar ahí.
Pasó algo parecido con el CNE. Son espacios de apertura que permiten ver que hay una luz por donde pudiésemos avanzar para solucionar. Si no participamos en el proceso, luego también quedaremos fuera de la etapa de relegitimación de todos los jueces.
—¿Cuán urgente resulta, justamente, cambiar el estatus provisorio de los jueces de la nación?
—El nombramiento de los magistrados es un primer paso para nombrar a los jueces del país que 80% no son por concurso, sino provisorios. Luego, cambiar el Poder Ciudadano y luego seguir teniendo el monopolio de la justicia constitucional y la justicia que tiene que ver con las interpretaciones de la carta magna y, al final, con la decisión de los actos del poder público. Los designados a dedo deberían ser la excepción y no la regla. Deben tener un proceso de selección y concurso público. Eso da garantía de que hay libertad al momento de aplicar el derecho. ¿Qué pasa cuando dependen de una decisión del Gobierno? Que las sanciones están supeditadas a los superiores. Una de las cosas que hay que garantizar es disminuir al mínimo los jueces provisorios.
—¿Con qué deudas se irían los magistrados actuales?
—Creo que son muchas. Una de las primeras es la discusión de la justicia y papel de los jueces. Otro, el tema de la justicia constitucional. Ahí no puede seguir viéndose la justicia constitucional como uno de las formas de control que tiene uno de los actores políticos. Tiene que haber equilibrio.
Uno de los principales papeles que puede jugar el TSJ es que puede garantizar la transición constitucional.
Es decir, dar suficientes garantías tanto a los del gobierno como a los de la oposición de que se va a cumplir la Constitución, de que nadie será perseguido y habrán líneas rojas. No puede ser una liga que se estire y se achique a voluntad. El Poder Judicial debe dar garantías suficientes para que los cambios políticos no se atrincheren.
—Eso en el tema político, ¿en cuanto al ciudadano qué queda pendiente? Lo otro, ¿cómo hacer parte de esto a la gente y que no sientan que por la mayoría de chavismo en la AN serán espacios perdidos?
—Se debe adecentar esa idea de que no hay justicia. Tiene que venir un proceso, sobre todo en temas pendientes como violaciones de derechos humanos. Este es un tema sensible. Por lo mismo que venden ficciones todos los años de que se solucionarán los problemas a partir de ellos, ahora hablan de la Corte Penal Internacional, que es un espacio evidentemente para garantizar justicia y en ningún momento es para cambiar gobiernos. Lo que digo es que no podemos apoyar un proceso de cambio de gobierno en la CPI.
A la gente hay que decirle que debe imperar el sentido de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? La gente sabe que al final las riendas las lleva el Gobierno. Uno puede no estar de acuerdo con su legitimidad o que es un Gobierno de facto —para mí es un autoritarismo hegemónico—, pero es el que controla el territorio.
Se debe garantizar que hay un sociedad civil activa. Es una necesidad que haya un conversatorio de la sociedad civil con profesionales del derecho. Insistiendo en los espacios: es necesario que se participe para que haya los Picón y los Márquez del CNE en el TSJ y figuras así que garanticen una voz independiente, imparcial, pro Constitución, que puedan facilitar los procesos. Fíjate que en el ultimo comunicado del Grupo de Contacto se hacia mención a que está pendiente del proceso de selección de magistrados
—La AN da la vuelta a la decisión del fallecido Hugo Chávez al disminuir el número de magistrados. ¿Cree que es por táctica política? ¿Realmente mejoraría el trabajo en el TSJ?
—Cuando se hizo la reforma y se amplió el número de magistrados, se hizo para mantener el control del TSJ. En este momento disminuir su número, quizá, sea para hacer las salas más eficientes. La Constitución dice el número de salas pero no el número de magistrados. Ahora bien, la clave no está en el número de magistrados sino en el funcionamiento.
Cuando en la AN del 2015-2016 la oposición intentó hace un modificación a la Ley del TSJ —y allí una decisión que impulsaba era crear una especie de dos semisalas— se pensaba ampliar el número de magistrado porque así había que elegir y se podrían equilibrar, pero ese proceso fue abortado. Básicamente, el numero de magistrado ha sido visto como un tema de control político sobre las salas.
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