Jubilaciones forzadas y retaliaciones sindicales atentan contra salud de los venezolanos
Datos del informe reciente de Monitor Salud señalan que más de 20.000 trabajadores fueron jubilados arbitrariamente en un período de 11 meses. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud, aseguró que muchas de estas acciones ocurrieron cuando los trabajadores no cumplían con los requisitos de edad y años de servicio para optar al «beneficio» o no estaban interesados en solicitarlo
Denis Guédez es uno de los 49 trabajadores sindicalistas que hasta ahora han sido jubilados del sector salud en lo que va de 2023. Tiene 51 años de edad y 35 de servicio en el Hospital Universitario de Caracas.
Al llegar a su lugar de trabajo el pasado lunes 10 de julio, fue sorprendido al recibir una resolución que anunciaba su jubilación, y aunque decidió no recibirla, porque no la pidió y menos la esperaba, el emisario le aconsejó firmar porque, «de todas formas, su nombre ya figura en la nómina de jubilados».
«Esto pasó de la noche a la mañana, y no tengo un plan B para afrontar esta situación, porque ni para el pasaje tengo. A mí nunca me notificaron y cuando lo hicieron era porque ya estaba en la nómina de los jubilados», dijo Guédez, quien se desempeñaba como supervisor nocturno de los servicios internos.
Según datos del reciente informe de Monitor Salud, entre agosto de 2022 y julio de 2023 más de 20.000 trabajadores fueron jubilados de manera arbitraria y unilateral por parte del Estado; mientras que otras 49 personas, entre dirigentes sindicales nacionales, seccionales, delegados, obreros y empleados pertenecientes al Sindicato de Hospitales y Clínicas, fueron pasados a retiro en lo que va de año. Otros 100 sindicalistas fueron jubilados de manera forzada durante el 2022.
«Esta medida arbitraria representa una flagrante violación a la cláusula 53 de la Convención colectiva marco socialista para regular el trabajo en la administración pública nacional. Hay que tener en cuenta que la jubilación es un derecho del trabajador y no una potestad del empleador, que en este caso es el patrono Estado», se afirmó en el documento.
Guédez también afirmó que las jubilaciones forzadas «forman parte de una política de Estado que busca acabar con el movimiento sindical, jubilando a 149 sindicalistas en menos de un año». Destacó que el artículo 418 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, establece que «el despido, traslado y desmejora de un trabajador amparado por el foro sindical o inamovilidad laboral se considera nulo y no genera efecto».
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud de Venezuela (FetraSalud), Pablo Zambrano, calificó de atentado contra los pacientes y contra la salud pública del país, las jubilaciones masivas y selectivas; así como las retaliaciones contra el movimiento sindical y la violación al decreto de inamovilidad laboral de los trabajadores.
«La mayoría de estas jubilaciones ocurren cuando los trabajadores no cumplen con requisitos como la edad y los años de servicio. También se dan de forma selectiva en personas que levantan la voz para exigir sus derechos. Han jubilado a médicos que están formando especialistas, que están dando postgrados», sostuvo el sindicalista.
Agregó que este tipo de decisiones «deterioran más los hospitales en materia de talento y recurso humano» y resaltó que desde el Ministerio de Salud se debe priorizar la atención pública y el paciente.
Otro tema relevante son los actos de coacción para que los trabajadores renuncien. Según el informe Amenazas como respuesta a la crisis de Monitor Salud, durante el primer semestre de 2023 se contabilizaron 142 amenazas, agresiones físicas contra el personal sanitario, así como coacciones para renunciar, siendo la región central el área con mayores casos de intimidación, con un total 60. En cuanto a amenazas registradas la cifra es de 40 para la región central, mientras que en el oriente del país el amedrentamiento se registró en 33 oportunidades.
«El sistema de salud en Venezuela ha optado por perseguir, amedrentar y encarcelar a quienes alzan la voz en manera de protesta para exigir condiciones dignas de trabajo», se indicó en el documento.
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Migración forzada y reengaches obligados
Otro punto a considerar en la debacle laboral que viven muchos trabajadores del sector salud, según Pablo Zambrano, es la migración forzada. «Se han ido del país médicos, enfermeras, bioanalista, farmaceutas, empleados administrativos obreros, personal especializado. De este modo, los hospitales se van quedando más solos y la calidad se deteriora, lo mismo que la atención médica al paciente. Ya hay muchos hospitales que no prestan servicio por falta de recurso humano».
Añadió el sindicalista que, pese al número de jubilaciones registradas, las vacantes laborales no son sustituidas con otro personal, «por lo que la carga de trabajo que dejan los vacíos laborales es distribuida al resto de los trabajadores, quienes terminan con sobrecarga laboral, por la que solo reciben un bono de guerra y el bono de alimentación».
El informe de Monitor Salud reflejó este tema al señalar que debido al éxodo que existe en Venezuela, hoy el sistema sanitario presenta uno de los déficits de personal «más alarmantes de su historia», ya sea porque el personal migró o decidió hacer otra actividad económica para sobrevivir.
«Una medida (de jubilación forzada) que describe el alcance para silenciar a quienes incomodan de alguna manera y que no toma en cuenta de los más afectados, los pacientes», recalcó el documento.
Ante la falta de personal que padecen diversos centros de salud, el reenganche laboral es una de las prácticas más usadas por el gobierno, aunque el regreso viene en peores condiciones laborales que las que tenían antes de ser jubilados. Según Zambrano, muchos jubilados que han salido obligados de la institución, han sido reenganchados en sus puestos de trabajo, pero sin ningún beneficio laboral y cobrando solo el salario mínimo y la pensión, que varía según el cargo.
«En vista de que nadie quiere ir a trabajar con ese sueldo, muchos jubilados, que ya están formados y tienen vocación de servicio, han sido recontratadas pero en condiciones más desmejoradas, porque no tienen ningún beneficio ni prestaciones sociales», destacó.
Tras lo ocurrido con su jubilación forzada, el delegado del Sindicato Hospitales y Clínicas, Denis Guédez, acudió a la Inspectoría de Trabajo para solicitar un amparo. El 1° de agosto le entregaron el número de expediente de su caso y asignaron como fecha para el reenganche laboral el próximo jueves 17 de agosto, día en el que se presentará al que fue hasta hace poco su lugar de trabajo, «en compañía de un funcionario de la inspectoría para que en el hospital le respondan por qué hay jubilación sin haberla solicitado».
«Ahora estoy cobrando muchísimo menos que cuando era trabajador activo. Hasta hace poco podía cobrar más de 600 bolívares en la quincena, tomando en cuenta mi antigüedad, mi escalafón y mi bono nocturno. Ahora mi sueldo como jubilado, quedó en un poco más de 300 bolívares. Ha sido un cambio radical, nos cambiaron la vida», indicó Guédez.
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Transgresión de la inamovilidad laboral
Pablo Zambrano dijo que otras de las acciones que atentan contra los derechos laborales de los trabajadores sanitarios es la violación del decreto de inamovilidad laboral. «Este decreto fue firmado por el propio presidente Nicolás Maduro y quienes lo violentan son los subalternos del Presidente de la República», sostuvo.
Señaló que la denuncia por las jubilaciones se extiende hasta el jefe de recursos humanos del Ministerio de Salud, «que en este caso es Eulises Rojas, él es quien está jubilando a los dirigentes, cuando él tiene dos cargos en la administración pública, porque es director de recursos humanos del Ministerio de Salud y en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), además de ser jubilado por el Ministerio Público».
Para Monitor Salud la decisión de jubilar parece más una venganza dirigida incluso a trabajadores que no completan los requisitos para salir de las instituciones, lo que representa una grave vulneración a los derechos laborales. «La criminalización de las acciones de protestas laborales resulta paradójica, por decir lo menos, tomando en cuenta que quienes detentan el poder se auto definen como un gobierno obrerista».
Guédez también dijo no entender «cómo el Gobierno apoya esta situación que enfrentamos los dirigentes, si tenemos un presidente de la República que viene de las bases sindicales, Nicolás Maduro, y un ministro del Trabajo como lo es Francisco Torrealba, que también viene de las bases sindicales».
El delegado del sindicato Hospitales y Clínicas hizo llamado al Gobierno «para que se restituyan a sus puestos de trabajo a todos los trabajadores que no pidieron ser jubilados o no cumplen con la edad para solicitar el beneficio laboral», que en las mujeres es a partir de los 55 años de edad y 60 años en los hombres. Ambos deben tener 35 años de servicio cumplidos.
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