Ya se sabe que el COPP ha venido siendo el malo de la película. El COPP es responsable del boom delictivo. El anterior ministro del Interior, Dávila, no perdía oportunidad de escudar la incompetencia de su despacho tras el burladero del COPP. Salas Feo, quien gobierna en Carabobo, uno de los estados con mayores índices delictivos del país, también hace del COPP el chivo expiatorio. Pero no es el COPP. Son los jueces, o algunos de ellos, quienes también esconden su incapacidad o su débil formación jurídica o su pura y simple falta de sesos, tras el COPP. ¿En qué cabeza puede caber que una muchacha que asesinó con premeditación, alevosía y total inhumanidad a dos jóvenes, condenada a 30 años, pueda recibir, a los seis años de reclusión, un beneficio de libertad parcial? El COPP establece esta opción, pero es el juez quien decide si puede hacerla valer. En este caso, sólo un juez (se trata de una jueza) comprado o clínicamente cretino puede tomar esa determinación. El juez (jueza, en este caso) recibe la solicitud de otorgar ese beneficio, pero el sentido común (a menos que se haya vendido) debería decirle que un crimen horrendo no puede ser considerado a tal fin y por tanto niega la petición. Elemental.
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