Justicia «revolucionaria», por Simón Boccanegra
El juicio a Tulio Álvarez, a quien se dictó prohibición de salida del país, anuncia el formidable impulso que recibirá la corrupción administrativa de ahora en adelante. Presunto caso de corrupción que sea denunciado será seguido de una demanda penal al denunciante. Un solícito juez del régimen admitirá la denuncia, dictará prohibición de salida del país al denunciante y terminará condenándolo a tres años de prisión. La guarimba perfecta. Corruptos del país, ¡regocijaos! No hay nada que temer del discurso oficial. Los jueces — “nuestros” jueces, diría Pedro Carreño— se encargarán de protegeros. Lo que se ha hecho a Tulio Álvarez es insólito. En representación de un grupo de trabajadores de la Asamblea Nacional, quienes con base en un memorando de la Superintendencia de Cajas de Ahorro, denunciaron que los aportes presupuestados a su Caja, que debía hacer la directiva de la AN, para entonces presidida por Willian Lara, no habían sido realizados sino utilizados para otros propósitos (malversación), el abogado Álvarez introdujo una demanda contra esa directiva. Pues bien, quien va rumbo a terminar preso es el representante jurídico de los denunciantes, es decir de los trabajadores. El fondo del problema (determinar si hubo o no malversación, que era lo lógico) no forma parte de las preocupaciones del juez. Con haber investigado los hechos bastaba. Si la denuncia no tenía base, se caía y el honor de Lara quedaba a salvo. Eso debió haberlo hecho el juez, pero no lo hizo, sino que actuó contra el abogado de los denunciantes. Justicia revolucionaria, según el eminente jurisconsulto Luis Velásquez Alvaray. ¡Qué manguangua!
