Justicia se aleja para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
Para el abogado Luis Izquiel este término de ejecuciones extrajudiciales es “eufemístico”, porque en realidad son homicidios, que se agravan con alevosía y se realizan por motivos fútiles e innobles
Las ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día en el país, una situación reconocida en el último informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, aunque las víctimas de estos delitos no han podido obtener justicia y mucho menos reparación.
Durante el foro “Ejecuciones extrajudiciales: La matanza como práctica de Estado”, organizado por la organización Proiuris, el abogado penalista Luis Izquiel aseveró que no existe un reconocimiento en Venezuela de la existencia de grupos de exterminio amparados por el Estado, una práctica que inició con las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015.
Una ejecución extrajudicial, según Proiuris, es una violación a los derechos humanos a través del homicidio intencional cometido por funcionarios estatales o particulares que actúan bajo su orden o aquiescencia (conocimiento) mediante el abuso de poder para consumar el delito y que quede impune.
Para Izquiel este término de ejecuciones extrajudiciales es “eufemístico”, porque en realidad son homicidios, que se agravan con alevosía y se realizan por motivos fútiles e innobles, según lo que establece la legislación penal venezolana.
“Estas ejecuciones extrajudiciales lo que se tratan es de una pena de muerte anticipada, sin ningún tipo de proceso judicial”, aclaró Izquiel, al tiempo que mencionó que si se cometen errores en los procesos judiciales, “cómo no van a cometer errores funcionarios policiales que van a operativos en zonas populares y que señalan a las personas bajo órdenes de superiores”.
Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, citados por el abogado y que se encuentran en el informe de la Alta Comisionada de la ONU, en 2018 se registraron en el país 7.523 muertes que pueden ser consideradas ejecuciones extrajudiciales, es decir, 21 muertes por día.
La mayor parte de esas muertes tuvieron en su mayoría como víctimas a jóvenes menores de 30 años, residentes de sectores populares, casi todos hombres y de tez morena.
Justicia dudosa
Con la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo de seguridad adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en 2017 la mayor parte de las muertes son atribuibles a este organismo, del cual Michelle Bachelet pidió su disolución inmediata –que no ha sido cumplida– y ha indicado que puede ser considerado un mecanismo de control social sobre la población para evitar protestas.
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Luis Izquiel afirmó que aunque la justificación de los operativos que realizan los cuerpos de seguridad señalados por ejecuciones extrajudiciales es la búsqueda y desmantelamiento de bandas criminales, habría que analizar “cuál es la efectividad real de esto en la lucha contra la criminalidad. Además vemos el fenómeno que parte de la población avala y justifica estos delitos porque son contra ‘delincuentes’ y por tanto, no importa”.
Además se incentiva un “círculo de violencia” policial, atropellos al debido proceso de cada ciudadano y robos, a los que son sometidas muchas de las víctimas y sus familiares dentro de sus propias viviendas.
Según datos del Ministerio Público en el último informe que hicieron público (2015), de 8.049 casos de violaciones de derechos humanos, solo el 1% (105 casos) fueron a juicio, lo que no necesariamente implica que hubo condena.
Las cifras que ha ofrecido el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, en agosto de este año durante una rueda de prensa, revelaron que más de la mitad de los funcionarios acusados por delitos relacionados a violaciones a los derechos humanos están libres.
En junio de este año también informó que en los primeros cinco meses del año «hemos procesado 3.820 casos, por los cuales se ha privado de libertad a 57 funcionarios y nueve particulares. Asimismo, han sido presentadas 126 acusaciones y se han logrado 22 condenas».
El equipo legal de Priouris ha podido certificar 51 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales entre mayo y agosto de 2019 solo en Caracas, y lograron interponer 18 acciones judiciales ante el Ministerio Público que abarcan a 20 de esas víctimas.
Edwin Gil, coordinador de ese equipo, detalló que se han encontrado con situaciones como que la Fiscalía 127 con competencia nacional es la que lleva la mayor cantidad de casos por ejecuciones extrajudiciales en el país, mientras que la fiscal 83 les reconoció que debido a su poca experiencia al frente de esa instancia, necesitaba de un año para familiarizarse con los casos, “lo cual es desalentador en la búsqueda de justicia”.
Víctimas sin reparación
La psicóloga Mary Sánchez, representante de Psicólogos sin Fronteras, destacó que una víctima no es solo la persona que falleció o padeció alguna violación a los derechos humanos, sino que se incluye a los familiares, pues también se ven afectados de forma indirecta por la acción que cometen los funcionarios de organismos de seguridad del Estado.
Sánchez recalcó las distintas fases por las cuales transitan las víctimas, y detalló que en el país hay pocos servicios de psicología que provee el Estado y los privados que ofrecen asistencia gratuita son insuficientes para atender a las personas que se registran cada día por violaciones a los derechos humanos.
Además, resaltó que cuando una persona no puede superar el suceso y el Estado tampoco provee los servicios ni la respuesta adecuada ante las violaciones de los DDHH, las víctimas pasan a estar dentro de la clasificación de daño psicológico, algo difícil de resarcir.
En el foro de Proiuris, los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales contaron su experiencia al enfrentarse al sistema de justicia venezolano.
Fernando Lira era un efectivo retirado de la Policía de Chacao, que fue asesinado el 6 de marzo junto a Alexander Eligio Duarte, policía activo, por funcionarios de las FAES en la carretera Guarenas-Guatire.
Su hermano Alexis Lira relató que a siete meses de su muerte, han sido amenazados de muerte por oficiales amigos de los seis FAES que fueron apresados por este delito, mientras que dos de los involucrados, que actualmente forman parte de cuerpos policiales municipales, tienen antecedentes penales.
Lira destacó que en el circuito judicial de Barlovento existe una “mafia” que impide que avance el caso de su hermano, cuya audiencia preliminar ha sido diferida en seis oportunidades, mientras que el director de la Policía de Brión, acusado por la muerte de Fernando Lira y Eligio Duarte, se encuentra en libertad y ejerciendo su cargo, pese a tener una orden de aprehensión.
Además, destacó que en ese proceso de búsqueda de justicia se han encontrado con el temor de testigos del ajusticiamiento de los Polichacao, pues a pesar de presenciar los hechos se han negado a declarar en un juicio por posibles represalias.
