La continuación del dilema constitucional en Chile, por Isabel Castillo y Nicolás Selamé
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A principios de julio se cumplió un año desde que la Convención Constitucional de Chile comenzó sus sesiones. Hoy ya se encuentra disuelta, y en septiembre la ciudadanía decidirá mediante un plebiscito ratificatorio si le satisface la propuesta elaborada. Si bien hasta hace unos meses se daba por descontado que esta consulta arrojaría un resultado favorable a la propuesta de la Convención, hoy el panorama ha cambiado: diferentes encuestadoras apuntan a un avance a favor del rechazo, el que muy probablemente ganaría si el plebiscito fuera hoy.
Este giro ha dado lugar a un intenso debate académico y político por diferentes razones. En primer lugar, existe una gran preocupación por entender cómo fue que un proceso con inédita participación ciudadana perdió tanto apoyo de la población, por lo que nos devolvió con ello a un escenario de deslegitimidad de los actores políticos, que, justamente la Convención, debía subsanar. En segundo lugar, porque existe el consenso de que el país debe darse una nueva Constitución, pero no hay un itinerario claro que establezca las vías para ello, en caso de que gane el rechazo a la propuesta plebiscitada.
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La Convención Constitucional nació como un intento de la élite partidaria por encauzar la crisis social y política más grave que ha vivido el país en décadas. Las movilizaciones de octubre de 2019 articularon una serie de demandas que concitaron amplio apoyo ciudadano y estuvieron marcadas por una masividad y violencia que puso en jaque a la institucionalidad vigente. En el contexto de una élite política desfondada, se buscó dar credibilidad al organismo mejorando las condiciones de entrada para actores con poca representación a través de mecanismos de paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y mayor apertura a la participación de candidaturas independientes.
Estas condiciones de competencia, además de una concurrencia masiva de electores jóvenes que no votaron en procesos anteriores, dio lugar a una Convención en la que primó una inspiración anti-statu quo. Los sectores conservadores, que en el Congreso acostumbraban a conseguir alrededor de la mitad de los escaños, no lograron conquistar ni siquiera el tercio que les asegurara la capacidad de bloqueo en votaciones de artículos. En cambio, los partidos de izquierda, junto con fuerzas provenientes del mundo social que estaban articuladas en torno a una retórica de impronta populista, fueron la mayoría indiscutida.
Muchos interpretaron esta composición como una garantía de que los cambios anhelados se concretarían. Sin embargo, ella también generó varios de los problemas que vivió la Convención durante su funcionamiento. En primer lugar, la elección se realizó en un momento en el que los ecos del estallido social resonaban aún en la opinión pública, lo que dio a los resultados un grado de radicalidad que parece no perdurar en la población. Esto último, especialmente, por una fuerte alza de la criminalidad y la inflación que han cambiado las prioridades de la población respecto de aquellas que se instalaron en la Convención.
Así, buena parte de la pérdida de popularidad de la nueva propuesta constitucional parece radicar en un desfase entre las aspiraciones de la ciudadanía que eligió la Convención y la que hoy debe aprobar o rechazar lo que ella ofrece.
En segundo lugar, la entrada masiva de convencionales independientes (64% del total de los representantes, incluyendo el 35% que corrieron en listas de independientes, y 29%, en listas de partidos) implicó la participación de muchos representantes que, si bien contaban en principio con el respaldo ciudadano, tenían poca experiencia y disposición a la negociación política. Ello derivó en una serie de errores de forma y fondo que la prensa cubrió ampliamente y que conllevaron un progresivo descrédito de la Convención.
Además, tratándose de personas que no venían de organizaciones con agenda clara, muchas veces desde el activismo sectorial, fue difícil imprimirle al texto una visión armónica y transversal. Ejemplo de ello es el diseño del sistema político, en el que pocos convencionales tenían una postura definida y se terminó acordando una propuesta en el límite de tiempo.
No es tan extraño que en el escenario descrito el rechazo a la propuesta constitucional haya crecido. Sin embargo, esta opción y sus líderes solo parecen capitalizar el descrédito de la nueva propuesta constitucional, encontrando serias dificultades para ofrecer una respuesta a la demanda de cambio que continúa transversalmente en la ciudadanía, incluso entre sus votantes. Esto, porque buena parte de los liderazgos conservadores no cree en la necesidad de estos cambios, y la discusión al respecto fragmenta seriamente una campaña que se ha articulado solo en registro negativo frente a la Convención.
Aunque las encuestas aún no lo registran, el rechazo debería enfrentar en los próximos días su etapa más dura. Esto, porque luego de meses aumentando su apoyo, deberá explicitar cuál es el itinerario que consideran más adecuado para realizar cambios constitucionales al texto vigente en caso de que se rechace el propuesto por la Convención. En este sentido, el sector se ha visto complicado por las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien planteó que el resultado del plebiscito de entrada, en el que la ciudadanía mandataba la redacción de una propuesta por vía convención constitucional, debía respetarse mediante la convocatoria de una nueva Convención.
Aunque no está claro que la propuesta sea la más popular entre una ciudadanía crítica del trabajo de la Convención recién finalizada, requiriendo además un nuevo acuerdo político para hacerla viable jurídicamente hablando, la jugada de Boric ejerce presión a quienes han impulsado la opción del rechazo sin aclarar el curso que seguirán los cambios.
Por parte de la aprobación, ha costado a los líderes del sector sintonizar con el clima de opinión y defender la propuesta como un punto de inicio y no de llegada. En este sentido, voces como la de la expresidenta Michelle Bachelet que defiende la aprobación del texto como un imperfecto pero necesario punto de partida para un Chile más justo y equitativo, pueden ser importantes para atraer a una ciudadanía que no quiere sellar a fuego el trabajo de la Convención.
Queda aún por ver si el resto del sector se hace eco de sus palabras antes de la elección de septiembre y abre la posibilidad de introducir reformas al texto, de ser aprobado. De ello depende, en buena medida, la posibilidad de cambiar la adversa situación en la que se encuentra la nueva propuesta constitucional.
Isabel Castillo es politóloga e investigadora de posdoctorado en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Miembro de la Red de Politólogas.
Nicolás Selamé es sociólogo e investigador. Magíster en sociología, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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