La Conversa | Oscar Murillo: “La migración no ha parado, la crisis estructural sigue”
El coordinador de Provea condenó que se quiera criminalizar el hecho de trasladarse a otro país en pos de procurar una mejor calidad de vida y en el caso de millones de venezolanos para huir de la persecución política. Sostuvo que a pesar de los embates y estrategias de sectores minoritarios por normalizar la hecatombe nacional, la sociedad democrática no se rinde en sus esfuerzos por recuperar los espacios cívicos
Oscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), dijo que al menos 300 venezolanos están saliendo diariamente por la frontera con Brasil, debido a que se mantienen los problemas estructurales en el país.
“Es una tendencia que se ha acentuado desde el año pasado. La migración no ha parado, porque las condiciones estructurales del país siguen aún vigentes, la emergencia humanitaria compleja está lejos de resolverse”, dijo el activista en la edición de este martes 4 de febrero de La Conversa, el espacio semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y TalCual.
En esta oportunidad el programa que llevó por nombre ¿Ya Venezuela se arregló y se acabó la migración? estuvo moderado por la directora de ARI Ronna Rísquez y contó con la participación de César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes.
Murillo expuso que la narrativa sobre la supuesta normalización en Venezuela proviene de tiempos previos a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. “Hubo una cierta estabilización posterior a la pandemia del coronavirus, pero estamos lejos de una solución a la crisis, si algo se ha ampliado es la brecha social, que sigue privando a millones de personas de agua, electricidad, alimentación, transporte y educación”, sostuvo.
Rísquez expuso que ese discurso es comprado por líderes extranjeros como el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien expuso que el flujo de migrantes en la selva del Darién ha disminuido porque la “crisis en Venezuela se ha estabilizado”.
Murillo añadió que las razones para migrar en Venezuela siguen intactas y ahora a la EHC se han sumado las detenciones arbitrarias de la población civil y que la crisis es más palpable cuando la gente se aleja de Caracas, donde estados como Amazonas, Bolívar, Sucre y Zulia han sido severamente castigados.
Venezolano igual a refugiado
A juicio de Murillo, las millones de personas que huyeron de Venezuela por hambre y persecución deben ser consideradas refugiadas y los estados receptores tienen la obligación de atender sus requerimientos. “Las deportaciones masivas y sumarias que se han anunciado desde Estados Unidos ponen en riesgo la vida e integridad de muchas personas, se está violando el principio de no devolución”, advirtió.
Batiz, por su parte, comentó que entre los argumentos para eliminar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el gobierno de Donald Trump esgrimió que la situación en Venezuela mejoró en el área de servicios públicos, alimentación, salud y seguridad.
El coordinador de Provea condenó que se criminalice el derecho universal a migrar. “Ser migrante no es un delito, la gente tiene la potestad de solicitar una medida de protección en otros países, esos anuncios de enviar a personas a cárceles en El Salvador y Guantánamo alarma a la población”, apuntó durante el programa.
Asimismo, Murillo también expresó que en apenas 15 días de la nueva administración estadounidense se ha desplazado el tema de la democracia por el autoritarismo y que luego de la reunión de Richard Grenell, enviado especial de Trump, con Nicolás Maduro se han tejido teorías sobre una supuesta normalización de la crisis política, económica y social en Venezuela.
Según el coordinador de Provea, una de las génesis de la crisis estructural en Venezuela fue el desconocimiento de la Asamblea Nacional electa en 2015. “Hace rato que el gobierno abandonó sus funciones, se ha dedicado a controlar los espacios de la vida pública de los venezolanos”, afirmó. Además, añadió que uno de los sectores más vulnerables de la población son los trabajadores, jubilados y pensionados.
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El director de El Pitazo recordó que según datos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) 84,7% de los detenidos en Estados Unidos son nacidos allí, lo que echa por tierra la tesis de que la migración lleva la batuta en crímenes cometidos en ese país. Por su parte, el director de Runrunes complementó que la mayoría de los 8 millones de venezolanos que han migrado pertenecen a un grupo etario de entre 20 y 40 años y con formación académica.
El defensor de DDHH, Oscar Murillo, expresó que produce tristeza ver a adultos mayores o jóvenes en edad universitaria ejerciendo la vigilancia privada por sueldos precarios. “La crisis nacional no va a tener resolución hasta que las instituciones se apeguen a la Constitución, todo pasa por ejercer la justicia y la verdad y hacerlo en completa armonía”, insistió.
Murillo también destacó que otro factor que potencia la migración forzada es la persecución política ejercida después del 28J y que a ello se le suma una persecución digital, detenciones arbitrarias, las cuales tienen un efecto negativo en derechos sociales y económicos.
El coordinador de Provea denunció que el Ministerio Público no publica en su página web la lista de excarcelados luego de las detenciones que se llevaron a cabo a raíz de los resultados de los comicios del 28J y que los excarcelados del interior del país deben presentarse en Caracas y la verdad es que la realidad económica les imposibilita hacer eso.
Por último, dijo que para el gobierno de Nicolás Maduro “representa un alto costo salir del poder, pero ello no significa que la población venezolana ha claudicado”. “Los venezolanos estamos en sobrevivencia, el llamado es no caer en la desesperanza. Tenemos una sociedad venezolana que sí es democrática. Los tiempos difíciles no exime el compromiso de hacer las cosas bien”.
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