“La CPI debe estar en conocimiento de atropellos a presos políticos”
Familiares de presos políticos insisten en que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señala que esta respuesta puede producirse en diciembre, cuando la Fiscalía de la CPI debe presentar su informe de actuaciones 2021
Sorbay Padila, esposa del coronel Oswaldo García Palomo, aseguró que la administración de Nicolás Maduro es “inclemente” con los presos políticos, que actualmente suman más de 230, por lo que la denuncia es importante para que la Corte Penal Internacional (CPI) esté en conocimiento de los atropellos que sufren a diario.
En el cuarto foro “Las víctimas le hablan al fiscal Karim Khan”, organizado por el comisionado del gobierno interino Humberto Prado, la esposa del coronel relató las torturas que ha sufrido desde que detenido arbitrariamente en enero de 2019 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y trasladado a las celdas conocidas como La Casa de los Sueños, en la sede del organismo en Boleíta (este de Caracas).
Sorbay Padilla detalló que su esposo sufrió asfixias, descargas eléctricas, fue golpeado con tablas, enterrado en un hoyo y hasta lanzado desde una montaña desnudo, mientras se encontraba en las casas de torturas que posee la Dgcim en zonas fuera del área metropolitana.
“No solo han sido torturas físicas, sino las psicológicas que sufre desde hace dos años y ocho meses. Le han quitado visitas, no ve la luz del sol, le toman fotos, le ponen ruidos para no dormir”, destacó la esposa del coronel García Palomo.
NO PUEDE HABER ACUERDO EN MEXICO SIN LA LIBERTAD D LOS PRESOS POLITICOS#8Sep Hoy a 955 DIAS Secuestrado en la Casa de los Sueños en EL DGCIM de Boleita continua en Peligro la vida del Cnel GARCIA PALOMO y la violación de sus DDHH no se ha detenido pic.twitter.com/gbDgvEmoih
— Sol Rojas (@sol651) September 8, 2021
Pero el militar no fue el único integrante de la familia que sufrió torturas. Al ser detenido en 2019, también fueron llevados a una casa de torturas en Los Samanes ella, dos de sus hijos y su nuera. En ese lugar recibieron descargas eléctricas, golpes y pisotones durante cinco días, hasta que fueron liberados.
Padilla y parte de su familia se encuentran fuera del país debido a que “la persecución sistemática ha sido fuerte (…) Este régimen ha sido inclemente con los presos políticos. Mi esposo ha sido uno de los más vulnerables porque el ensañamiento con él ha sido total, pero sabemos que la justicia en Venezuela no existe”.
Por ello, la esposa del militar insistió en que la comunidad internacional, y en especial la Corte Penal Internacional “tiene que estar en conocimiento de todo el atropello que ha sufrido mi esposo, mi familia y el resto de los presos. Existe una orden de traslado a Ramo Verde y no se ha ejecutado, solo ha tenido una audiencia de presentación. Por supuesto, qué van a alegar si no hay nada que alegar. Simplemente es un opositor fuerte al régimen, pero así sucede en Venezuela”.
Los que perdieron a sus hijos o algún familiar, dijo Padilla, “sé que no van a recuperar a su ser querido pero sí pueden tener un poco de paz a través de esa justicia en órganos internacionales. Creo que en Venezuela en algún momento podemos tener justicia, pero en estos momentos tenemos esperanza en la Corte Penal Internacional”.
Además, solicitó a los familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que sigan denunciando este tipo de atropellos.“No dejen de denunciar, denunciar es importante. En la medida en que las personas que han sido víctimas de torturas denuncien, sus casos se van a conocer. Otra cosa importante es que no olviden a sus presos”.
“Ser un preso político en Venezuela es complejo”
Diego Zárraga, hijo del ingeniero petrolero Guillermo Zárraga, también participó en el foro y destacó que desde que su padre fue detenido el pasado 14 de noviembre de 2020 dentro de su vivienda por la Dgcim, la vida familiar cambió por completo.
Régimen criminal con sus esbirros del SEBIN se llevaron a mi papá, Guillermo Zárraga, siendo las 3am de hoy sábado 14 de noviembre.
Su delito, ser uno de los más experimentado en el área de la industria petrolera en el país. pic.twitter.com/8532yZI0DQ— ● Diego Zárraga #LiberenAGuillermo (@DZeta14) November 14, 2020
“Es sumamente difícil, yo salí de Venezuela en 2017 también por un tema de persecución (…) Estábamos haciendo planes para poder verlo, para compartir de nuevo y el régimen me lo arrebata. Lo torturaron, lo metieron en la Casa de los Sueños, luz prendida 24 horas, no sabe cuando es de día o de noche, no tiene opción para comunicarse”, explicó Zárraga.
Destacó que su otro hermano está fuera del país y su madre se encuentra en Coro (estado Falcón), de donde son originarios y donde laboraba su padre como técnico operario de Pdvsa en la Refinería Cardón. Por tal razón, las visitas son complicadas debido a las dificultades de transporte por la escasez de gasolina y restricciones de la pandemia.
“No conocemos el motivo de persecución de todos, mi papá nunca ha incursionado en política, solo acudió a una reunión para recuperar la industria petrolera. Para nosotros han sido días difíciles, que no vemos luz al final del túnel, estamos haciendo todo lo posible para ver a mi padre en libertad”, aseguró.
Al igual que en el caso del coronel Oswaldo García Palomo, el ingeniero Guillermo Zárraga solo tiene una audiencia de presentación, donde le imputaron los presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
“Ser un preso político en Venezuela es complejo, no tienen derecho a nada”, sentenció Diego Zárraga, quien también solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que siga presionando por la liberación de todos los trabajadores.
“No es justo que un trabajador esté detenido por pensar distinto, por dar una opinión, por querer mejorar el ambiente laboral para todos. Les pido que ejerzan la mayor presión necesaria para que todos los presos políticos estén libres”, reclamó.
Justicia en la CPI
Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, recordó que actualmente el examen sobre Venezuela que se sigue en la Corte Penal Internacional (CPI) está en etapa de complementariedad, para conocer si los delitos que consideran como crímenes de lesa humanidad han sido juzgados de forma efectiva en el país.
El abogado recordó que, debido al recurso dilatorio interpuesto por el fiscal Tarek William Saab sobre la actuación de la exfiscal Fatou Bensouda, se agregó un elemento nuevo en el informe de la Fiscalía de la CPI donde se asegura que en Venezuela hay inacción de las autoridades para juzgar a los responsables de estos crímenes y la cadena de mando.
*Lea también: ¿Qué dice el informe reclasificado por la CPI del examen sobre Venezuela?
También espera que la respuesta de la Fiscalía de la CPI sobre el paso a una investigación suceda el mes de diciembre, cuando dicha instancia debe presentar su informe de actuaciones del año 2021.
Sobre los testimonios, Daniels dijo que nada de lo que diga ningún especialista “va a poder superar el testimonio tan desgarrador, tan lamentable que las víctimas han expresado. Escuchar a las víctimas es como asomarse a un abismo de sufrimiento y dolor, y nunca debemos olvidar esa situación”.
Destacó que la justicia militar no responde a ningún estándar internacional de procesamiento de personas, lo que se evidencia en el caso del coronel Oswaldo García Palomo. “La justicia militar en Venezuela es la peor manifestación de la falta de justicia y de la falta de independencia de los jueces”.
En el caso del ingeniero Zárraga, el director de Acceso a la Justicia mencionó que el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT, que estuvo en Venezuela, menciona que se identificaron 31 casos de asesinatos de sindicalistas.
“De estos 31 casos se solicitó información a la Fiscalía. La respuesta fue que en 14 de los 31 casos no dio ninguna respuesta o que los nombres de los asesinados no estaban en sus archivos. En uno había archivo fiscal y el resto estaba en investigación, en ningún caso había sentencia absolutoria”, destacó Daniels.
“La realidad de los casos de presos militares o sindicalistas son los dos extremos de un aparato represivo que busca sembrar miedo en ambos sectores de la sociedad”, sentenció el director de Acceso a la Justicia.
