La democracia como herramienta de permanencia, por Luis Ernesto Aparicio
El pasado 29 de agosto, tras la reunión del Consejo de la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, compareció ante los medios de comunicación y destacó los temas abordados, muchos de ellos de interés internacional.
En su declaración, el diplomático mencionó Venezuela, afirmando que, aunque geográficamente distante, su situación es relevante para la comunidad europea. Borrell señaló que la UE «no puede aceptar la legitimidad del actual mandatario venezolano», concluyendo que este sería un «presidente de facto, pero sin la legitimidad democrática».
En este contexto, es importante reflexionar sobre cómo caracterizar a los gobiernos que muestran un evidente desprecio por los sistemas democráticos o, en su defecto, buscan destruir los pocos vestigios que de estos quedan. En el caso venezolano, la Unión Europea ha optado por utilizar el término «presidente de facto».
Existen múltiples textos y autores que abordan el concepto de «presidente de facto». Elaborar una lista exhaustiva de definiciones podría consumir gran parte de este espacio, por lo que me permito acudir a una referencia filosófica que nos ilumine al respecto.
Hans Kelsen, un destacado jurista y filósofo del derecho, es frecuentemente citado para definir este tipo de términos. En su obra sobre la teoría pura del derecho, Kelsen distingue entre un gobierno de iure (legal) y un gobierno de facto (de hecho). Según Kelsen, un presidente de facto es aquel que, sin haber llegado al poder por medios legítimos o legales, ejerce el control efectivo sobre el aparato estatal.
Partiendo de esta definición, un presidente de facto es una autoridad que ejerce poder de manera efectiva y real, pero sin haber sido constituido formalmente según los procedimientos legales o constitucionales establecidos.
En términos generales, «de facto» significa «en la práctica», por lo que un gobierno de facto puede existir sin el reconocimiento legal o la legitimidad formal, aunque controle las instituciones y administre el territorio.
El fenómeno de un presidente de facto que adapta las instituciones democráticas a su favor para perpetuarse en el poder ha sido observado en varios países. Estos líderes manipulan las instituciones democráticas y usan tácticas electorales para consolidar su régimen. Uno de sus primeros pasos es intervenir en el poder judicial, asegurándose de que sus acciones, incluso las más cuestionables, no sean desafiadas legalmente. Además, el debilitamiento del Estado de Derecho que promueven durante su mandato les permite maniobrar sobre las leyes y las normas establecidas.
Una táctica clave en tiempos recientes ha sido la modificación de la Constitución para permitir la reelección indefinida o ampliar los poderes presidenciales, debilitando los mecanismos de control y equilibrio entre los distintos poderes del Estado, y asegurando su permanencia.
Asimismo, un instrumento complementario utilizado por los presidentes de facto es la celebración de elecciones para legitimarse, aunque estas se realicen bajo condiciones que favorecen su continuidad. En muchos casos, controlan el órgano electoral, lo que les permite manipular el conteo de votos o alterar los resultados. También se aprueban leyes que benefician su candidatura y dificultan la participación de la oposición.
Otro pilar fundamental para el ejercicio del poder en una presidencia de facto es el control del aparato militar y policial. Estos líderes suelen contar con el respaldo de las fuerzas armadas y de seguridad, lo que les garantiza el control físico del territorio y la capacidad de sofocar cualquier intento de oposición política o social. A cambio, las fuerzas armadas son recompensadas con privilegios o mayor poder, garantizando así su lealtad.
*Lea también: La CIDH y la protección de derechos en Venezuela, por Marino J. González R.
Con estos elementos en mente, puedo concluir que los presidentes de facto justifican su permanencia en el poder argumentando que sus acciones son necesarias para mantener la estabilidad, combatir la corrupción, proteger la seguridad nacional o defender una supuesta voluntad popular.
Sin embargo, estas justificaciones no ocultan el hecho de que su autoridad se ejerce a expensas de la democracia y el Estado de Derecho.
Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD
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