La economía tachirense se mueve con combustible colombiano
Carlos Seijas Meneses
Publicado julio 14, 2020
Productores, distribuidores y comerciantes del estado Táchira, que siguen de pie tras casi siete años consecutivos en recesión y tres en hiperinflación, se han visto en la necesidad de comprar en divisas bidones con combustible colombiano para mantener sus operaciones
La severa escasez de gasolina que, paradójicamente, enfrenta el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, y que no alivió el nuevo esquema de venta de la que el gobierno importó de Irán, ha invertido el flujo del contrabando de combustible en la frontera entre Colombia y Venezuela.
La gasolina que en Colombia cuesta 0,57 dólares la revenden en zonas fronterizas de Venezuela entre 75.000 y 100.000 pesos colombianos la pimpina de 25 litros, dependiendo de dónde se compre; precios que elevan el combustible a montos que oscilan entre 0,83 y 1,10 dólares el litro, bastante por encima de los 0,50 centavos de dólar que cuesta en las estaciones de servicio dolarizadas y muy por encima de los Bs. 5.000 (0,023 dólares) de las bombas subsidiadas.
La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Táchira Karim Vera, afirma que la escasez de gasolina ha obligado a productores, comercializadores y comerciantes que usan plantas eléctricas para poder operar en medio de un racionamiento de la energía en la entidad, a comprar combustible colombiano a «precios que superan los 80.000 pesos un bidón de 20 litros», monto que equivale a 22 dólares, aproximadamente, que son más de cuatro millones y medio de bolívares.
«Desde inicios de 2020 vimos cómo empezó a escasear el combustible no solo en la región fronteriza sino en todo el país. En Táchira se evidenció que la gasolina que se estaba usando era colombiana, sobre todo en municipios del norte del estado, que tienen hasta tres o cuatro estaciones que permanecen cerradas. Ya no se llevan gasolina de Venezuela a Colombia sino de Colombia a Venezuela. Es la que se ha usado para los vehículos y las plantas eléctricas», dice la parlamentaria.
La única gasolina que se consigue en San Antonio del Táchira, capital del municipio Bolívar, es la colombiana, que la revenden en zonas alejadas del centro de la ciudad, en barrios populares, a 3.000 pesos el litro.
«Hay negocios que usan esa gasolina que están vendiendo ahorita, la colombiana. Los comerciantes se la compran a informales porque qué más pueden hacer», afirma la abogada Isabel Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira. «Si no compran de esa, que es la que está, no pueden prestar el servicio».
De acuerdo con el Centro de Investigación y Análisis de Crimen Organizado (InSight Crime), la gasolina que sale de Villa del Rosario, municipio colombiano ubicado en el departamento Norte de Santander, estaría ingresando a territorio venezolano por trochas del municipio de Bolívar, logrando llegar no solo a su capital San Antonio del Táchira, sino también a la capital del estado, San Cristóbal.
«En estos territorios el litro de gasolina costaría entre $0,50 y 1,5. Esto se compara con el precio promedio colombiano de $0,53 por litro registrado a mediados de mayo, lo que muestra el lucrativo negocio de revender gasolina en Venezuela».
InSight Crime indica que la mayor parte de la gasolina disponible en el mercado negro es colombiana, pues es bastante escasa la venezolana. «La poca gasolina venezolana que se revende es ofrecida por los militares que desde hace meses controlan las estaciones de servicio».
«En junio llegó una vez la gasolina a 0,50 dólares el litro pero luego desapareció, aún no se sabe por qué fue suspendida su venta, y la subsidiada (a Bs. 5.000) fue suministrada especialmente a ‘funcionarios’, entre comillas. Tenemos casi un mes sin nada. Las estaciones de servicio están cerradas», asegura Castillo.
En San Antonio del Táchira las santamarías de 90% de los comercios están cerradas desde marzo. Por cada manzana, hay solo dos negocios abiertos, a excepción de supermercados, panaderías y farmacias, que funcionan con plantas eléctricas. También trabajan mercados en espacios abiertos.
El comercio que no tenga una planta eléctrica sencillamente no puede funcionar. La luz solo llega unas cuantas horas al día y de manera intermitente. De acuerdo con el Comité de Afectados por Apagones, entre el 13 de marzo y el 30 de abril hubo al menos 2.221 interrupciones del servicio en el Táchira, el segundo estado que sufrió más fallas durante el primer mes y medio de cuarentena después de Zulia, que registró 4.365.
«Las condiciones en el estado son las más precarias que existen. Los locales que no cuentan con una planta eléctrica no tienen cómo vender cuando se va la luz, porque no hay punto ni efectivo y las telecomunicaciones están pésimas. Pero si tienes una planta pero no acceso a gasoil o gasolina te quedas igual».
La única opción para la agricultura
«Lo que queda de actividad económica en Táchira sigue funcionando gracias a la gasolina que traen de contrabando y que compramos nosotros los venezolanos», afirma Gerson Pabón, productor de hortalizas del Táchira y director de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro). «Gracias a la gasolina del hermano país que llega por diferentes caminos seguimos produciendo comida para los venezolanos. No hay gasolina en las estaciones de servicio. Aquí radica la cuarentena porque no hay combustible. La iraní llegó nueve días después de que dijeran que la iban a repartir, dieron 30 litros por vehículo y listo».
Los pocos camiones y camionetas pickup que siguen atravesando el páramo tachirense ruedan con combustible colombiano que los agricultores compran a contrabandistas en zonas fronterizas. «La que usan los carros es colombiana», asegura Pabón. «Aquí el que tenga algo de dinero y cómo bajar a surtir su vehículo en los sitios donde la puede conseguir compra gasolina colombiana. El que no tiene plata sencillamente no puede ir a la finca».
La mayoría de los camiones que se usan en el páramo tachirense tienen un tanque de 100 litros, por lo que los productores necesitan comprar cuatro pimpinas y desembolsar hasta 400.000 pesos, que son más de 111 dólares.
Desde que empezó la cuarentena en marzo hasta mediados de junio, Pabón ha llenado dos veces el tanque de 95 litros de la pickup que usa para transportar cilantro, perejil y apio; combustible colombiano que ha comprado a 100.000 pesos la pimpina de 25 litros.
«No sabemos de qué octanaje es, pero es la única manera para subir a la finca y bajar lo que estoy produciendo, porque en las pocas gasolineras donde llegó algo de combustible apenas dieron 30 litros por persona y solo a los que se anotaron en una lista en la alcaldía del municipio Jáuregui».
En medio de la escasez de gasolina, exacerbada durante la cuarentena por el coronavirus y que ha paralizado a 85% de los productores del Táchira, Nicolás Maduro anunció un nuevo esquema de venta de combustible con tres modalidades: un precio de Bs. 5.000 (0,025 dólares), uno «internacional» 0,50 dólares y un subsidio completo al transporte público y de carga.
«Ojalá llegara aquí la gasolina a medio dólar, lo que pagamos por la gasolina colombiana nos sale más caro que lo que dice el presidente», expresa Óscar Andrés García, productor de pimentón, cebolla, frijol y maíz en el municipio Jáuregui. «La alcaldía nos asignó 30 litros y en las estaciones de servicio terminaron suministrándonos 20 litros que no alcanzaron ni para buscar las hortalizas. Es mejor ir a La Fría a comprar a la gasolina colombiana para que no se nos pierdan las cosechas y darle comida al pueblo«.
Se encarecen los alimentos
El aumento de los costos por la compra de combustible colombiano a precios internacionales ha incidido en los precios de los productos.
Entre la primera semana de junio y la primera semana de julio, el kilo de carne en comercios tachirenses aumentó de 650.000 a 900.000 bolívares, el kilo de queso blanco de 550.000 a 710.000 bolívares, el kilo de pollo de 430.000 a 540.000 bolívares, y el kilo de pasta de 250.000 a 270.000 bolívares, según un estudio llevado a cabo por el Observatorio de la Canasta Alimentaria de la fracción parlamentaria del partido Primero Justicia.
