La escasez de capital público en América Latina, por Marino J. González R.
Cada día es más evidente que América Latina confronta serias restricciones para garantizar el desarrollo económico y social a la gran mayoría de la población. Si bien es cierto que existen diferencias entre los países de la región, es bastante claro que estas restricciones tienden a ser generalizadas. Una de estas restricciones es el bajo crecimiento de las economías, de los más reducidos en el ámbito global. Otra restricción es la cantidad y calidad de los recursos fiscales destinados a los requerimientos del desarrollo.
La situación fiscal de América Latina y el Caribe fue el tema central del último seminario regional realizado por Cepal la semana pasada. En el documento publicado con motivo de este seminario se analizan en detalle las circunstancias que afectan el panorama fiscal de la región para los próximos años. Se señalan en el documento las tres áreas críticas para aumentar la cantidad de recursos nacionales: (1) la consolidación de sistemas tributarios progresivos, (2) la mejora en la eficiencia del gasto público, y (3) la implementación de estrategias integrales de financiamiento sostenible.
Un aspecto central que se enfatiza en el documento es la persistencia del bajo nivel de inversión pública en América Latina (página 102). La consecuencia de esta baja inversión pública es la escasez de capital público. Esta escasez se expresa en la baja proporción de las infraestructuras, instalaciones y maquinarias que pertenecen al gobierno general con respecto al PIB total. Se menciona que en 2023 esta proporción era 20%, mucho menos que el 63% que representa en las economías avanzadas. La razón de esta situación, según se indica en el documento, es que los países solo pueden reponer la depreciación de las infraestructuras, no pueden incrementarlas ni actualizarlas.
La consecuencia directa de esta escasez de capital público, según se indica en el documento, es la imposibilidad de aumentar la cobertura de servicios sociales y económicos, tales como transporte, energía, agua, saneamiento, salud, educación, entre otros. Desde esta perspectiva es poco probable que se alcancen niveles superiores de bienestar para la población de la región. Si a esto se agrega el efecto en los deterioros de infraestructura producto del cambio climático, el panorama luce mucho más preocupante.
En la página final del documento se indica que la situación anterior no se va a modificar solamente con el aumento de la inversión pública. Se requiere también transformar la capacidad institucional relacionada con la gestión fiscal. En los países menos eficientes en la inversión pública, el efecto negativo de estas restricciones institucionales es mucho mayor.
En este contexto resulta muy claro que se requiere una mayor comprensión de las restricciones institucionales de los gobiernos de América Latina, en los distintos niveles territoriales, como primer paso para mejorar la cantidad y calidad de la inversión pública.
Esto supone conocer y modificar las prácticas decisionales que condicionan la generación y utilización de los recursos fiscales en los países. En la base de tales prácticas se encuentran las grandes debilidades de las políticas públicas en la región.
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Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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