La guerra es la paz (comunal), por Rafael Uzcátegui
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En el momento en que se ha debilitado el tejido comunitario de base, luego del estímulo a la delación vecinal, y nos encontramos a las puertas de la instalación de un gobierno de facto en nuestro país, las autoridades aprueban atropelladamente una ley bajo la cual se pretenden elegir 30 mil jueces de paz con el adjetivo «comunal» en Venezuela. Al vaciar de contenido y significado una idea loable, los jueces de paz comunal serán parte del entramado «legal» que sustente un gobierno sin legitimidad de origen a partir del 10 de enero de 2025.
Recientemente mi amigo Elías Santana, un histórico activista por los derechos de participación vecinal en el país, fue entrevistado en un programa de radio a raíz de la reforma de la «Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal» por parte de la Asamblea Nacional, que ha anunciado que el próximo 15 de diciembre se elegirán 30.000 jueces de paz comunal. Santana, a quien respeto, hablaba con entusiasmo sobre la normativa, que parecería materializar los viejos anhelos de tener mecanismos de conciliación y mediación de conflictos a nivel comunitario.
Su principal objeción era la premura con que serían elegidos estos funcionarios, los cuales carecerían de un reglamento que delimite sus actuaciones y una asignación presupuestaria de la Ley Nacional en la materia.
A nuestro juicio, las preocupaciones deberían ir más allá de lo procedimental, que en una democracia es una dimensión importantísima. La premura en la aprobación e implementación de esta figura, cuando estamos a las vísperas del momento más oscuro de gobernabilidad desde el año 1958, debería tener una valoración del contexto en el que se implementará. Existen suficientes precedentes de cómo el chavismo realmente existente ha desnaturalizado ideas hermosas y políticamente correctas, para convertirlas precisamente en todo lo contrario.
En nuestra opinión el llamado «sistema de paz comunal» será parte del andamiaje jurídico que sustentará un gobierno de facto a partir del 10 de enero de 1958. Si para Michael Foucault el «micropoder» es un tipo de poder que se ejerce de manera silenciosa y casi imperceptible en todos los ámbitos de la sociedad, la «justicia de paz comunal» se convertirá en un eficiente dispositivo de «microrepresión» a nivel territorial.
Como se debe ser extremadamente cuidadoso en lo que se dice en entrevistas públicas, estando dentro de Venezuela, espero que mi amigo Elías tenga en cuenta los niveles de intervención del tejido social comunitario promovidos en los últimos años. La mediación y la conciliación, para que sean realmente tales, necesitan de un nivel suficiente de confianza por parte de todas las partes.
La confianza colectiva no se decreta sino que se construye, a partir de la creencia de los miembros de una sociedad que sus individuos actuarán de manera predecible, pues comparten una serie de valores y principios, una historia y una cultura común que les da sentido de pertenencia a una comunidad concreta. Los referentes políticos y sociales son tales porque se convierten en modelos ejemplares de conducta al materializar esos valores. Para explicar el debilitamiento de esa confianza colectiva, los sociólogos han inventado la categoría de «anomia», ese momento en el que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a los individuos.
El principal referente normativo de nuestra sociedad, el presidente de la República, tras la negativa a acatar los resultados de una elección que su gobierno organizó sintetiza la actual primacía de la no-virtud entre nosotros. Este predominio actual de la indecencia es la que ayuda a explicar, por ejemplo, el momento de extorsión generalizada aplicada por los funcionarios contra la población. Por ello, el daño al tejido social consecuencia del estimulo de la delación vecinal, que ha sido parte de la detención masiva de ciudadanos luego del 28 de julio, estaría por verse.
Saliendo de la sociología y atendiendo a la propia ley reformada, hay razones que confirman nuestra preocupación. La primera, la inconstitucionalidad de la división territorial del país en «Comunas», a espaldas de lo establecido en el artículo 16 de la Carta Magna. Según la norma aprobada las competencias de los «jueces de paz comunal» serán, entre otras, los «conflictos en el ámbito local»; el arrendamiento de propiedades; reglamentos de convivencia, la supervisión de organizaciones vecinales; casos de violencia de género; situaciones de protección a niños, niñas y adolescentes; propiedad y tenencia de animales domésticos y situaciones dentro de los Consejos Comunales.
La ley indica que para el cumplimiento de sus funciones podrá «solicitar el apoyo –subrayado nuestro– de la policía municipal, estadal o nacional», todas bajo el ministerio de Diosdado Cabello. Los JPC recibirán «retribuciones económicas» por el ejercicio de sus funciones, derivado de la ley de presupuesto anual, lo que en situaciones anteriores se ha traducido en una relación clientelar sin independencia. No podrán ser parte del sistema de «justicia comunal» las personas que incurran en «posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares y cualquier otra conducta que afecte los intereses de la nación».
Con discriminación de entrada al 70% de la población, y con conceptos vagos y discrecionales de sus ámbitos de actuación, no hay espacio para el regocijo por la implementación de mecanismos de mediación y conciliación en territorios por parte de los cuadros políticos oficiales en la realidad que hoy vivimos.
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Además de ser un mecanismo de control social, que no debería desvincularse del precedente jurídico de la decisión contra la abogada María Alejandra Díaz Marín, multada e inhabilitada por introducir en tribunales un recurso jurídico, el apuro por elegir «jueces de paz comunales» tiene otro propósito. En nuestra opinión el relanzamiento del «Estado comunal» intenta mantener el silencio de los chavismos subalternos, en la actualidad en disonancia cognoscitiva entre lo que vieron y escucharon en sus centros de votación, el pasado 28-J, y las directrices emanadas desde el PSUV. Este «caramelo envenenado», recordando un argumento usado contra la aprobación de la reforma constitucional en el referéndum del 2007, intenta cerrar el círculo de la mentira, esa que debe mantenerse por tres millones de personas de aquí hasta el 10 de enero de 2025.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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