La justicia arrastrada, por Teodoro Petkoff
Si pudieran quedar algunas dudas sobre la absoluta carencia de independencia de poderes en nuestra república, el grotesco episodio de la demanda contra Capriles Radonski tiene que haber contribuido a despejarlas completamente. Una especie de personaje folklórico, un tal Gerson Pérez, introduce una demanda contra el gobernador de Miranda por supuestos actos de corrupción. La doctora Morales, por su cuenta y riesgo, creyendo que se la comía frente al capo, acepta el recurso y ordena de inmediato a la fiscalía abrir las averiguaciones para proceder al antejuicio de mérito y llevar a juicio a Capriles.
La presidenta del TSJ, cuyo juicio y criterio político caben en una cáscara de maní, comienza a darse cuanta de que ha metido la pata cuando Aristóbulo advierte que el fulano Gerson Pérez es un expulsado del PSUV, argumento sin pie ni cabeza, que la señora Morales utilizó para justificar su reculada, y luego, no puede caber ninguna duda, recibió una llamada tal vez no del propio Chávez sino de alguien como Jaua o Maduro, ordenándole que remediara la estupidez cometida y revocara su propia medida, cosa que hizo más rápida que inmediatamente.
Las moralejas de esta historieta tan trágica como cómica son varias. Primero, las instituciones están tan al servicio del régimen que están dispuestas a cumplir cualquier trabajo sucio si siquiera intuyen, sin necesidad de que él lo exija, que ello complacería a Yo-El-Supremo.
Si la doctora Morales tuviera un mínimo de vergüenza y dignidad pondría su cargo a la orden porque una plasta de esa magnitud debe haberla hecho el hazmerreír de sus propios colegas, varios de los cuales se dirán que hasta para jalar hay que tener sindéresis y que, en todo caso, hacerlo no significa colgarse de las partes genitales del adulado. Segundo, aunque Aristóbulo quiso remendar el capote no logró impedir que se le viera una costura. La demanda, según él, no era absurda e inapropiada por sí misma sino porque el recurrente, Gerson Pérez, no es miembro del PSUV, partido del cual habría sido expulsado por alguna trapacería anterior semejante a esta y que no había autorizado esa acción. Se podría inferir que, según la doctrina Isturiz, el TSJ sólo puede dar curso a recursos provenientes del PSUV; ciudadanos comunes que pretendan hacerlo sin contar con el salvoconducto del carnet rojo-rojito están vetados.
De igual manera, el caso de Oswaldo Álvarez Paz forma parte de esta cohorte de sinvergüenzuras judiciales. Ha sido condenado a dos años de prisión pero teniendo el país por cárcel. Quizás un resto de pudor impidió el exaprubto de dejarlo en prisión porque la acusación se redujo al final al cargo de un delito de opinión. Oswaldo había dicho que nuestro país se ha transformado en un importante centro del narcotráfico. Nada que no hayan señalado muchas otras personas, nada que no sea claramente perceptible en la noticia diaria y nada que no haya revelado el delincuente Makled. Pero tenía que aparecer una jueza que ejecutara la medida, motu proprio o por orden de arriba, pero nuevamente como expresión del lamentable estado de postración en que se encuentra la Justicia venezolana. Si esto no es una autocracia entonces no hay palabra en el diccionario para definir la naturaleza de este régimen.
