La justicia transicional pasa por el reconocimiento de las víctimas

Exbecarios del Programa británico Chevening destacaron la necesidad de levantar un registro de los afectados por violaciones a los derechos humanos y promover reformas para garantizar que no haya impunidad. La abogada Noemí Pérez señaló que la Comisión de la Verdad debe resultar de un acuerdo nacional. Por su parte, la investigadora Cristal Palacios dijo que en el proceso debe incluirse a la diáspora venezolana
Aunque en Venezuela no se ha iniciado el proceso de cambio político es fundamental sentar las bases para la justicia transicional, cuyo centro deben ser las víctimas.
El sociólogo Luis Cedeño, director de Paz Activa y exbecario del Programa británico Chevening, aseveró que el punto esencial es no desamparar a las víctimas y determinar la forma de atenderlas. En ese sentido, subrayó la importancia de identificar a los afectados por las violaciones de los derechos humanos.
“Hay que atender a la víctima en el corto plazo, no dentro de 10 años. Aquí en Venezuela no está claro el número de víctimas”, dijo Cedeño. Sostuvo que muchas veces la reparación de las víctimas no es pecuniaria, pero falta dinero para ejecutar el proceso transicional y por eso se habla de fondos fiduciarios. Sin embargo, enfatizó que lo que más esperan las victimas es el reconocimiento.
“El fin ulterior de la justicia transicional es construir la democracia”, expresó. Añadió que la justicia retardada no es justicia negada, ni tampoco impunidad, y sostuvo la necesidad de trabajar sobre tres sentimientos que se manifiestan en estos casos: la rabia, el rencor y la retaliación.
Esos son algunos de los aspectos expuestos durante el foro organizado por exbecarios venezolanos del Programa Chevening junto a la embajada Británica y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, que se realizó en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de esa casa de estudios, este jueves 21 de noviembre.
Noemí Pérez, también exbecaria Chevening e investigadora de la Universidad de Londres, puntualizó que la Comisión de la Verdad debe surgir como resultado de un acuerdo nacional y por imposición de una de las partes. Pérez, quien tiene experticia en el acceso a las mujeres a la justicia transicional, advirtió que este tipo de investigaciones tiende a exacerbar la discriminación hacia algunos sectores de la población.
Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de reinsertar a las víctimas de vulneración a los derechos humanos a la sociedad. En ese sentido, mostró inquietud por el futuro de las mujeres venezolanas que han sido sometidas a explotación sexual en medio del conflicto político que vive el país.
“Es importante incorporar el abordaje comunitario y de lo local en el diseño de Justicia Transicional y matizar el enfoque del sistema de derecho internacional”, indicó Noemí Pérez.
Por su parte, la psicóloga Cristal Palacios, investigadora en el Instituto de Justicia Transicional, Ulster University, dijo que la diáspora venezolana es uno de los actores a tomar en cuenta para la activación de la justicia transicional y “debe ser reconocida como un agente más allá del voto”. Expresó que un aspecto de peso sobre la diáspora es que no existe un censo o registro concreto sobre su alcance, aunque se han hecho algunos conteos, especialmente, a partir de 2015.
“Necesitamos un censo de la diáspora. Necesitamos contarnos. La Emergencia Humanitaria Compleja ha opacado el testimonio de la diáspora. ¿Quiénes son las víctimas de la diáspora? ¿Son los desplazados víctimas que se tomarán en cuenta en un proceso de justicia transicional en Venezuela? “, señaló Palacios.
Un elemento neurálgico a considerar, según los ponentes, es que dentro de la diáspora criolla hay víctimas pero también victimarios. También plantearon que en la justicia transicional se evalúen los errores del pasado, incluyendo los políticos, antes de la llegada del sistema que originó el conflicto político y que se den garantías de no repetición.
Reformas integrales
Durante el foro sobre justicia transicional algunos especialistas intervinieron a través de videos. Thairy Moya Sánchez, exbecaria Chevening e investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, señaló la necesidad de ajustar las técnicas legales pata la aplicación de la justicia transicional. Subrayó que se requieren reformas a las leyes militares para desarrollar la referida jurisdicción.
Por su parte, Clara Sandoval, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Essex y quien fue consultora del Ministerio de Justicia de Colombia durante el proceso de paz, esgrimió que en el caso de Venezuela cuando se piensa en una propuesta de Justicia Transicional, debe evaluarse “si debemos incluir en el mandato atender las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales”.
En ese contexto, el presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, Oscar Parra, aseveró que “la Justicia transicional sólo es sostenible si la legitima la sociedad y las víctimas, éstas deben proponer métodos alternativos de sanción”. El también exbecario Chevening subrayó que es clave definir el universo de las víctimas que se atenderán en el proceso y refirió que, en Colombia, el registro se llevó 3 años.
En la Asamblea Nacional adelantan la propuesta de leyes para la justicia transicional, dijo la presidenta de la comisión especial que aborda el tema, diputada Delsa Solórzano. La parlamentaria expresó que la encuesta que realizan como diagnóstico reveló que existe másdisposición al perdón en las victimas que están en el país que dentro de los que forman parte de la diáspora.