La mordaza a la prensa es prioridad revolucionaria
Con motivo del día internacional de la Libertad de Prensa, periodistas de Venezuela y Cuba exponen las restricciones y amenazas en este ámbito
Autor: Reyes Theis (Caracas) y Luz Escobar (La Habana) | Fotos: 14ymedio
Las similitudes entre Cuba y Venezuela se están haciendo cada vez más evidentes, y no se trata solo de las coincidencias ideológicas y de la repetición de ideas vacías y panfletarias. El día a día cada vez se asemeja más y los designios arbitrarios de sus regímenes coinciden en tratar a la prensa como enemigos.
Quien haya estado fuera de Venezuela durante varios años y visite Caracas, se encontrará un país muy distinto al que conoció. La basura regada por las calles, los cráteres en las vías, el proceso de deterioro de las edificaciones y un parque automotor de más de 10 años, dan evidencia de un deterioro que avanza como un cáncer en el paisaje urbano.
Si sigue mirando con atención hacia las aceras, verá las largas filas de personas que madrugan en supermercados para obtener algún alimento que le permita la subsistencia del día, gente hurgando en la basura para comer, niños deambulando solos, con ropa sucia y sin zapatos, y quizás alcance a ver el rostro de algún peatón con lágrimas y mirada perdida. Si se acerca a un hospital, el dramatismo se torna aún mayor ante la falta de insumos.
Toda esta crisis económica y social que vive esta nación será difícil de encontrar en la primera página de los principales diarios de circulación nacional o regional de Venezuela. Los diarios más grandes del país: Últimas Noticias y El Universal, desde hace varios años fueron adquiridos en operaciones nada transparentes y han caído en manos de consorcios cuyos dueños se presumen amigos del Gobierno, pues cambiaron por completo sus líneas editoriales y en sus páginas se despliegan fundamentalmente los discursos oficiales, mientras las versiones de la disidencia son silenciadas o manipuladas y la publicidad que exhiben es gubernamental. Los periodistas más prestigiosos han sido o despedidos o han renunciado, ante el desempeño antiético.
Otros medios impresos han desaparecido o tenido que conformarse con publicar en Internet. Las restricciones del monopolio estatal de venta de papel periódico, sumado a la imposibilidad de acceder a divisas para importarlo, han sido las razones por la que una buena parte de ellos han dejado de circular.
En abril pasado el diario El Tiempo de Puerto La Cruz, de casi 60 años de fundado, tuvo que convertirse en semanario, un paso previo al cierre definitivo de la versión impresa que han dado otros periódicos como TalCual, en un intento de estirar al máximo el papel disponible. En el caso de TalCual, ahora cuenta únicamente con su versión en Internet.
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) ha registrado que desde 2013 se ha afectado la circulación de al menos 42 diarios en distintas entidades del país. De ellos, 19 cesaron sus ediciones impresas de forma definitiva, mientras que los otros 23 periódicos pausaron su publicación temporalmente. Además, más de 50 periódicos han tenido que reducir el tiraje, la circulación y número de cuerpos informativos para sortear la escasez, no solo del papel periódico sino de otros insumos, como planchas y bobinas que son necesarias para su circulación.
Algunos diarios impresos que se vieron obligados a suspender su publicación fueron La Región (Sucre), El Impulso (Lara) Diario Los Andes (Mérida), Ciudad Maturín (Monagas), y El Mío (Anzoátegui).
Panorama desolador
El 3 de mayo es el día internacional de la Libertad de Prensa y en Venezuela no hay mucho que celebrar, pero sí que recordar. En su último informe, el Ipys señaló que “Las agresiones, las amenazas, el abuso del poder estatal, la desinformación, la opacidad y diversas formas de censura, marcaron el 2017 como el año de los mayores obstáculos para el ejercicio del periodismo en Venezuela”. Fue así como los resultados del sistema de monitoreo y alertas de esta organización evidenciaron al menos 518 casos que acumularon 1087 violaciones a la libertad de expresión.
Los hechos comprendieron 507 agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación social, 283 limitaciones de acceso a la información pública, 250 casos de uso abusivo del poder estatal en materia de comunicaciones, 22 acciones legales administrativas, 10 casos de censura interna, 8 casos de censura previa, 6 agresiones con el uso de normas que dificultan la libertad de expresión, y un caso de impunidad.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explica que en el marco de la visión de los gobiernos chavistas, se desarrollaron diversas estrategias para golpear a periodistas y medios:
“La primera estrategia fue la descalificación publica, las agresiones con impunidad por personas que no se identificaban como funcionarios, pero desde el año 2014, en el contexto de las movilizaciones de protestas, son funcionarios quienes golpean a los periodistas”.
El año pasado las agresiones a los trabajadores de los medios que cubrían las intensas protestas que sacudieron al país fueron reiteradas. Pero la imagen de una periodista arrastrada y tomada por los cabellos por 16 efectivos de la Guardia Nacional en la sede del Tribunal Supremo de Justicia se viralizó en las redes sociales e impactó por la brutalidad de las fuerzas represoras.
La protagonista de la historia era la corresponsal de Univisión en Venezuela, Elyangélica González, quien luego de aquel incidente tuvo que abandonar el país y hoy reside en los Estados Unidos donde trabaja para la misma cadena.
“Los cuerpos de seguridad trabajan con los colectivos (grupos paramilitares oficialistas). Había una actuación de colectivos contra unos estudiantes que manifestaban en el TSJ y yo simplemente estaba narrando lo que estaba pasando, que la Guardia estaba viendo como estaban actuando los colectivos contra los estudiantes sin que hicieran absolutamente nada (para oponerse) y esa fue la razón por la cual fui agredida por más de 16 funcionarios. Había una intención de callar una realidad. Era la confirmación de la coordinación de la Guardia con estos colectivos para dispersar manifestaciones. El haber hecho esto implicó una golpiza, y lo peor vino después: persecuciones y amenazas que me hicieron salir del país, porque estaba en riesgo mi familia y mi seguridad”, expone vía telefónica.
Pero las restricciones para el ejercicio del periodismo no se encuentran solo en la calle. Las gerencias de los medios y las mesas editoriales pueden ser otros campos para librar una batalla distinta en forma, pero que lleva implícito el mismo objetivo: de parte del periodista contar las historias y de parte de los Ejecutivos censurar las que pueden poner en aprietos a la empresa, por temor a las medidas que pueda tomar el régimen.
Elyangélica González accedió a contar parte de su experiencia en estos ámbitos. “En Venevisión no me dijeron nunca esto no sale, simplemente yo dejaba mi nota hecha, me iba y ellos en reunión editorial decían que una noticia no debía salir, la cortaban o pasaban solamente un sonido (una entrevista de pocos segundos) para que no se dijera que no se transmitió, pero a mí no me participaban. Si no estaban de acuerdo con la óptica que yo le daba a la información, simplemente me decían esto no puede salir así, entonces se silenteaba, es decir un locutor dice la información, sin análisis, sin profundidad y ponen un sonido”.
Destaca que en la emisora de radio en la que trabajaba en Venezuela se le recordaba que debía ser imparcial. “Pero nos prohibían hablar de algunos temas y eso no es imparcialidad, es censura”, acota.
Además narra una anécdota que evidencia lo que se vive en los medios, cuando tenía un programa de radio que moderaba con una persona que era aliada del Gobierno. “Entrevistábamos a un funcionario y esta persona (el moderador oficialista) mandó a cerrar mi micrófono y ordenó que cuando se entrevistara a funcionarios solo él podía hacer las preguntas. Pero como yo era rebelde y hablaba muy fuerte, el operador sin saber qué hacer, abría el micrófono. La idea era callarme a cómo dé lugar, porque yo no iba a hacer preguntas complacientes”, comenta.
Las restricciones al acceso a las fuentes informativas también es una realidad que los periodistas venezolanos deben enfrentar. Hay una prohibición expresa para que ningún funcionario público declare a medios de comunicación privados y entes como el Banco Central de Venezuela o el Ministerio de Salud ocultan las estadísticas que deberían ser de conocimiento público.
Una de las pocas fuentes informativas del Poder Público abierta a los periodistas es la Asamblea Nacional de mayoría opositora, pero la intención del silenciamiento absoluto de la información ha movido a la Guardia Nacional a impedir el acceso a los trabajadores de los medios al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano, como ocurrió el martes 24 de abril.
Carlos Correa destaca además el paquete de leyes aprobadas para impedir la libre expresión de las ideas, como la reforma del Código Penal, la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y recientemente la Ley contra el Odio, aprobada por la autodenominada Asamblea Nacional Constituyente.
“Se ha castigado muy duro a funcionarios que expresan sus opiniones críticas. Nosotros hemos documentado más de 80 detenciones aplicando la Ley del Odio por expresiones de funcionarios”, informó el director de Espacio Público.
Los ancianos venden periódicos para ganarse unos centavos y aumentar sus diminutas pensiones
No se oye ni se ve
Según el estudio del Instituto Prensa y Sociedad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente rector en la materia, puso fin el año pasado a las transmisiones de 54 medios radioeléctricos. “Estas han sido las medidas más abusivas y desproporcionadas que ha ejercido Conatel en los últimos 12 años, de acuerdo a los análisis que ha realizado IPYS Venezuela”, señala.
El informe detalla que entre los últimos medios afectados estaban reconocidas emisoras de radio como 92.9 Tu FM y Mágica 91.1 FM. “El 25 de agosto de 2017 el organismo estatal no les renovó la concesión, e inmediatamente después su señales fueron sustituidas por otras emisoras llamadas Radio Corazón Llanero y Radio Vinotinto FM, respectivamente. Poco después, el 5 de septiembre, Conatel habría ordenado el cese de las transmisiones de la estación 88.1 FM de la radio educativa Fe y Alegría en la ciudad de Maracaibo, y horas más tarde habría revocado la orden sin brindar explicaciones”.
Según el registro de IPYS Venezuela durante 2017 ascendió a 49 el número de estaciones de radios nacionales censuradas.
Entre ellas figuran: Hit 90.7, Estudio 92.1, Radio Punto Fijo Stereo y Jet 95.3, Yara 104.3, K-ndela 90.3, Más Network 98.9, Rumbera 106.5, Shaddai 101.9, Mix98.3 y Criollísima 104.9, Suena 101.7 FM, Sonora 99.3 FM, Cunaviche 106.3 FM, Top Stereo 90.3 FM y Latín Top 101.1 FM.
24 de las estaciones radioeléctricas salieron del aire en el marco de las manifestaciones ciudadanas que comenzaron el 1 de abril, “en un contexto en el que fueron confiscadas las libertades ciudadanas en Venezuela, bajo un Decreto de Estado de Excepción”, acotó el Ipys.
Algunos canales de televisión no escaparon de estas inhabilitaciones. El 16 de julio también había sido clausurado por Conatel el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, ULA TV, alegando falta de documentos. En Santa Cruz de Mora y Tovar, en el estado Mérida, el ente además cerró las televisoras locales ZeaTv y Televisora Cultural de Tovar.
El 24 de agosto Conatel también retiró de la parrilla de programación a los canales de televisión colombianos Caracol TV y RCN y entre 2014 y 2017, seis televisoras extranjeras han sido ha salido de la parrilla de programación de las cableras por orden expresa del organismo estatal. Los otros canales de televisión suspendidos fueron: CNN En Español (EEUU), El Tiempo Televisión (Colombia), Todo Noticias (Argentina) y Antena 3 (España), refiere el informe.
Rejas en la red
Ante la arremetida en contra de medios convencionales como la radio, televisión y la prensa escrita, los trabajos de investigación periodística y la información en tiempo real se han refugiado en Internet. Pero el brazo sensor del régimen ha llegado allí también, aunque con más dificultad, más que todo por las complicaciones técnicas.
Venezuela figura en los últimos lugares del continente en cuanto a la velocidad de Internet, pero a ello hay que sumar bloqueos y hackeos constantes a portales de periodismo independiente, como elpitazo.com
En momentos de agitación política los bloqueos se hacen más evidentes, en ese sentido, IPYS Venezuela confirmó a través de su Red Nacional de corresponsales, que en abril de 2017 los usuarios en cinco ciudades del país no pudieron acceder a la cobertura de protestas ciudadanos que ofrecían los portales de noticias VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV. La organización asegura que esos canales de televisión por Internet fueron censurados por parte de cinco proveedores de Internet, estatales y privados.
Toda este panorama explica por qué Reporteros Sin Fronteras en su informe correspondiente al año 2018 indica que Venezuela experimentó en cuanto a la libertad de prensa la mayor caída del continente al perder 6 posiciones en el ranking para llegar al puesto 143 de 180 países del mundo, realidad, que a juicio de la periodista Elyangélica González, la lleva a afirmar que en Venezuela “no se puede ejercer el periodismo en forma libre”.
Esperando la llegada del periódico en un estanquillo de El Vedado, en La Habana (14ymedio)
Prensa y castrismo, dos viejos contrincantes
Pasan las ocho de la mañana y el diario Granma aún no llega al estanquillo de periódicos. A esa hora, no obstante, las noticias más importantes ya corren de boca en boca en una Cuba donde la censura informativa y el monopolio del Partido Comunista sobre la prensa se han mantenido como una constante por más de medio siglo.
Durante décadas la prensa ha sido uno de los sectores más controlados y vigilados del país. En una Isla donde las paredes tienen oídos y la gente habla en un murmullo sobre los temas más conflictivos, los medios son el espacio donde el régimen ejerce un control absoluto.
A pesar de la vigilancia, en los últimos años han aparecido más medios independientes, auxiliados por la tecnología, pero sobre todo impulsados por un público que reclama mayor diversidad en los temas y los enfoques. Revistas de moda, sitios digitales dedicados al béisbol y portales con enfoques feministas forman parte del nuevo y variado ecosistema informativo.
Esta explosión de espacios periodísticos contrasta, sin embargo, con la cerrazón que mantiene el oficialismo ante los medios independientes. Por ley, cualquier intento de difundir noticias o promover opiniones diferentes a las del Gobierno puede ser considerado un delito de “propaganda enemiga”.
Cuba tiene varias de las leyes más restrictivas de toda América Latina para el sector. La Constitución prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión mientras que el ejercicio del periodismo solo se permite si «mantiene los objetivos de la sociedad socialista», según alertó en un informe de 2016 el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Se sanciona hasta con un año de prisión la difamación de las instituciones, organizaciones políticas y «héroes o mártires de la República». También pueden ir a la cárcel los que incurren en calumnia, difamación, insulto, injuria «o cualquier otra forma de expresión despreciativa u ofensiva» contra funcionarios públicos.
Así ha sido por décadas, aunque en un primer momento parecía que la relación entre información y Revolución iba a ser una luna de miel.
El poder del partido
En 1959, cuando Fidel Castro llegó a La Habana con su caravana verde olivo, la prensa acogió con entusiasmo a los barbudos bajados de la Sierra Maestra. Titulares optimistas, fotos de las muchedumbres que vitoreaban el paso de los guerrilleros y las duras imágenes de los desmanes de la dictadura de Fulgencio Batista llenaron las primeras planas.
Aquel idilio duró poco. Castro emprendió el exterminio de todos los medios de alcance nacional y los de circulación provincial. A lo largo del año 1960 los periódicos, revistas, emisoras de radio y canales de la televisión pasaron a manos del Gobierno y un lustro después la prensa quedó bajo el control absoluto del Partido Comunista de Cuba (PCC)
Desde entonces el PCC ha tenido la atribución de nombrar los directores, adjudicar útiles de trabajo y, sobre todo, diseñar la línea editorial de cada medio. La formación de periodistas en las facultades universitarias se inicia con un riguroso proceso de selección ideológica y en sus aulas son frecuentes las purgas y las expulsiones por motivos políticos.
En marzo de 2003 el Gobierno de Fidel Castro desencadenó una feroz ofensiva contra la disidencia y la prensa independiente, conocida como la Primavera Negra. Fueron condenados 75 opositores y al menos 25 eran reporteros que colaboraban con medios internacionales o habían fundado sus propias agencias de prensa.
Aquel zarpazo represivo se hizo bajo el amparo legal de la Ley 88, conocida popularmente como Ley Mordaza y cuya aplicación generó una ola de repudio internacional. Tras el escándalo desatado, el castrismo buscó nuevas formas de intimidar a los reporteros independientes que duran hasta el día de hoy.
A la zaga en el continente
En 2017 el mapa de la libertad de prensa en el mundo se tiñó de negro y Cuba siguió estando entre sus zonas más oscuras. La Isla ocupó el puesto 172, de 180 países, en una clasificación elaborada por Reporteros Sin Fronteras que analiza la situación de la prensa en el mundo. Ninguna otra nación de América Latina quedó tan lejos en el índice.
Junto a varios colegas, José Antonio Fornaris fundó hace algunos años un sindicato para representar a los profesionales de la prensa y recoger sus principales demandas. La Asociación para la Libertad de Prensa (APLP) es una de las tantas organizaciones no permitidas por el Gobierno que operan en la Isla con bajo perfil y muchas presiones.
Entre las denuncias que llegan cada día a la sede de la APLP sobresalen las confiscaciones de medios de trabajo. Solo en 2016 registraron al menos 18 casos en que la Seguridad del Estado quitó a algún reportero una cámara fotográfica, un teléfono móvil, la laptop donde escribía, el disco duro en el que transportaba sus artículos o una simple memoria USB con información.
Desde 2017 la represión contra el sector agregó una nueva táctica. “Acusar a los periodistas independientes por usurpación de la capacidad legal” y procesarlos por ejercer una profesión sin tener un diploma emitido por los centros de altos estudios del país. Entidades docentes donde rige la máxima “la universidad es para los revolucionarios”.
La prohibición de salida del país también forma parte de las represalias contra estos reporteros. Recientemente a Fornaris le inhabilitaron su pasaporte y no puede salir del país.
“Este tipo de régimen le teme mucho a la libertad de prensa, por eso a los periodistas independientes les corresponde, cada día, dar a conocer la realidad del país”, puntualiza.
En el centro de la Isla el panorama es muy similar. En la ciudad de Camagüey el periodista Henry Constantín lleva meses sin poder siquiera viajar a otra provincia. La policía política controla de cerca al director de la revista La Hora de Cuba y al resto de su equipo. “Hay mucha vigilancia sobre todo a la hora de hacer reportajes en la vía pública”, asegura.
Sol García Basulto, diseñadora y colaboradora de la publicación, ha sufrido también en carne propia la ojeriza oficial. A mediados del año pasado la reportera sufrió restricciones de movimiento después de que la policía le impusiera “una medida cautelar de prisión domiciliaria” por recoger testimonios entre los camagüeyanos. Sin poder moverse de su provincia, Basulto utiliza la red social como una plataforma para canalizar sus denuncias.
Ante ese panorama, Henry Constantín considera que el primer paso para acercarse a la libertad de prensa es que los medios independientes puedan contar con el “derecho a tener una existencia legal con garantías”. La posibilidad de “proteger las fuentes, de expresar todo tipo de opinión y de entrevistar a funcionarios públicos”, también son imprescindibles.
Florecen los medios independientes
Los medios de comunicación pertenecen al Estado según la Constitución de 1976 pero la ausencia de una Ley de Medios ha permitido el florecimiento de la prensa independiente. Un resquicio que han aprovechado decenas de reporteros en todo el país.
“La posibilidad de hacer pasantías en medios de otros países ha contribuido a elevar la calidad del periodismo que se hace dentro de la Isla”, opina Constantín, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Una mejora que se percibe “tanto en el trabajo audiovisual como en la prensa escrita”.
La calidad, a pesar de las frágiles condiciones en que trabajan, es una obsesión para muchos de los reporteros, editores y directores de medios emergentes.
Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista, lidera el equipo de la revista El Estornudo y asegura que la profesión periodística va más allá del color ideológico o la posición política, sino que es “el rigor” lo único que lo diferencia de la propaganda.
El sitio digital que dirige Álvarez ha sido bloqueado recientemente en los servidores nacionales, como tantas otras webs. Es una decisión “con una fuerte carga política, que puede funcionar como un estigma, provocar más cautela o recelo hacia la revista por parte de las fuentes o de posibles nuevos colaboradores”, lamenta el reportero.
La desconfianza entre los periodistas de los medios oficiales y los independientes es un obstáculo difícil de superar para trabajar en conjunto. Las acusaciones vuelan entre uno y otro lado.
Álvarez opina que esta desconfianza “por lo pronto no va a desaparecer, puesto que es el resultado directo, dentro del ecosistema de medios en Cuba, de un sistema político que fomenta la división ideológica y la fractura homogénea de la opinión pública en aliados y enemigos”.
En 2016, en un gesto inédito un grupo de jóvenes periodistas firmó una carta, publicada por el diario local Vanguardia, de Villa Clara, en la que reclamaban su derecho a colaborar con otros medios, especialmente con las revistas y periódicos independientes que habían nacido al margen del oficialismo pero sin ser abiertamente opositores. La demanda se disolvió entre presiones y jamás llegó a concretarse una autorización oficial.
La experiencia vivida por Reinaldo Escobar, jefe editorial de 14ymedio, es un precedente interesante. El reportero trabajó durante dos décadas en la prensa oficial hasta que fue expulsado. “Decidí publicar una serie de columnas de opinión que criticaban algunos temas que a finales de los años 80 todavía eran tabú, como el oportunismo, la ineficiencia y las excesivas prohibiciones”, recuerda.
En Juventud Rebelde, el segundo diario del país, los textos más críticos de Escobar coincidieron con los años de la glasnost en la Unión Soviética. “Algunos colegas de la redacción me miraban como si me hubiera vuelto loco y otros como si mi funeral periodístico estuviera a la vuelta de la esquina”.
En 1988 una decisión del entonces Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR), adscrito al Comité Central del Partido Comunista, dejó fuera del medio a Escobar y le impidió volver a ejercer su profesión en los medios oficiales. “Al principio pensé que me habían destruido la vida pero poco tiempo después comprendí que me habían hecho un hombre libre y, desde entonces, no he vuelto a sufrir la autocensura».
*Este trabajo es una iniciativa de @Venecuba y contó con la participación del equipo de redacción de @14ymedio en La Habana.
