La mutilación del sindicalismo, por Teodoro Petkoff
En el sector público se viene dando, en el plano de las relaciones con sus sectores laborales y el gobierno-patrono, una reducción extremadamente astringente de la contratación colectiva. Son innumerables los organismos públicos donde desde hace años se ha eliminado de facto la discusión entre los sindicatos y su patrono a fin de establecer las reglas contractuales que deben regir sus relaciones. En la administración pública en general, hace ya cinco años que no se sientan trabajadores y patronos a discutir contratos y hay algunos sectores donde la mora en ese sentido alcanza bastante más de un lustro. La contratación colectiva ha sido sustituida por un decreto anual del gobierno incrementando el salario mínimo y, en algunas ocasiones, aumentando los salarios en general, por cierto, en porcentajes que están bastante por debajo de las aspiraciones de los trabajadores, e incluso ocurriendo muchas veces que el decreto sólo es cumplido parcialmente.
El caso es que las relaciones obrero-patronales no se reducen a la cuestión de sueldos y salarios, por importante que sea esta, sino que abarcan un amplio y variado conjunto de reivindicaciones atinentes a las condiciones generales del desempeño laboral y de las obligaciones de los patronos para con los trabajadores. El mecanismo del decreto anual o bianual (como en el caso de los médicos), con prescindencia de la discusión con los trabajadores, los cuales dejan de ser sujeto activo del proceso que los involucra para ser reducidos a la condición de sujetos pasivos de las decisiones presidenciales, no sólo vulnera una conquista histórica del movimiento obrero mundial, debida en mucho a las luchas de los grandes movimientos obreros de orientación socialista, en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siguiente también en nuestro país, sino que transforma en puro gamelote toda la retórica chavista sobre la «democracia participativa». A esos trabajadores simplemente se les «participa» cual será el incremento salarial que Yo-El-Supremo se digna concederles, con prescindencia de toda otra reivindicación contemplada en la contratación colectiva tradicional y sin que ellos tengan arte ni parte en el asunto.
Pero el fenómeno tiene una implicación más profunda. No se trata sólo de liquidar la contratación colectiva sino de cambiar completamente la naturaleza del movimiento sindical en el sector público. El proceso, en éste, apunta a hacer del movimiento sindical no un representante de los trabajadores ante el patrono-Estado sino representantes del Estado ante los trabajadores, según el clásico modelo totalitario soviético-cubano. Se trata de una burocracia sin ningún rol sindical real.
Se espera del movimiento sindical no una acción reivindicativa sino la de comisario del Estado para ayudar a la policía a regimentar y encuadrar a los trabajadores dentro de los planes del Estado y a destruir el movimiento obrero, tal como viene ocurriendo en Guayana. Tal proceso comenzó hace varios años, casi anulando a los sindicatos públicos como interlocutores de su patrono, el Estado y el gobierno, y está llegando al punto en el cual o los trabajadores públicos se ponen las pilas o pasarán a ser meros ceros a la izquierda.
