La náusea legítima, por Carolina Gómez-Ávila
Omitir los nombres de Antonio Ledezma, Manuel Rosales, Carlos Ocariz y Pablo Pérez -señalados por Euzenando Azevedo en la misma declaración en la que involucró a Henrique Capriles- da al traste con las esperanzas que los venezolanos pusimos en el rol político que, para la restitución de la República, pudo haber tenido ese parapeto de TSJ que alardea de ser “legítimo” y que está instalado en el exilio sobre bases de cartón piedra con el aval de un desconocido Luis Almagro -cada día menos institucional y más actor político cercano en opinión, ataques y apoyos a la novísima opositora Luisa Ortega Díaz, al recalcitrante Antonio Ledezma y al club de expresidentes hispanoparlantes reunidos bajo el nombre de Grupo IDEA, una agrupación fundada por el banquero Nelson Mezerhane, por lo que cabe suponer que es su financista.
Cada vez que esas figuras se pronuncian sobre el caso venezolano hacen coro a María Corina Machado, la única de los extremistas que queda dentro de nuestras fronteras. Juntos son una orquesta que toca siempre la misma pieza. Todos opinan igual, acusan siempre a los mismos, se defienden entre ellos y exigen una revuelta popular. Está claro que la mano que mece esa cuna no quedó saciada de sangre en 2014 ni en 2017 porque está pidiendo más.
Pero el escándalo que nos ocupa este fin de semana es todo lo que se puede esperar cuando las noticias llegan a un público que no cuenta con la información suficiente para comprender su alcance y opinar responsablemente. Lo que vemos, es lo que pasa cuando la prensa no se toma el tiempo y el trabajo de ofrecer el marco necesario para facilitar la comprensión, bien por desestimar ese rol, bien porque son afines a la parte que quiere estos resultados.
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No se recuerda que recibir dinero de particulares para la actividad política no sólo no es un delito gracias a Chávez que prohibió, en el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el financiamiento del Estado a los partidos políticos -entregándolos en bandeja de plata a los poderes fácticos- sino que para hablar de corrupción tendría que haberse dado, a consecuencia, una acción del funcionario que beneficiaria pecuniariamente al empresario.
¿Y si esto hubiera pasado? Pues en este desastre de país nuestro no dudo que pase todos los días sin importar actividad ni color político. No habría sorpresa en el hecho de que los empresarios que se mantienen medianamente en pie, lo estén por haber transado con el Gobierno (nacional, estadal o municipal) para sostenerse, ¿o no está claro que en esta debacle no hay forma de producir o comerciar sin cometer quién sabe qué cantidad y tipo de ilícitos y que ningún político de oposición dispondrá de recursos para seguir en la lucha sin apoyo de ellos?
Un segmento ruidoso de la población no entiende esto y, además, pretende que funcionarios y empresarios exhiban “la pureza de la raza aria”; una ridiculez ajena del todo a la política y a la obligada supervivencia en dictadura
Creo que cuesta entender que el chavismo nos maleó a todos, sin excepción; que torció las leyes para que cada venezolano tenga en su haber al menos una infracción legal cuya penalización dependa de su oportuna docilidad. Cuesta más entender que el secreto del control social en ciertos grupos no es el hambre sino la impunidad; que circunstancialmente todos se ven obligados a violar el ordenamiento legal para ser rentables y, a partir de allí, quedan atrapados en una espiral descendente para no quebrar. Pero lo que más cuesta es ajustar las expectativas y supeditar la ambición de poder a un objetivo previo: el retorno de la democracia.
Para quienes abjuraron de la ruta electoral, la lucha por ser Gobierno no excluye el canibalismo que esta semana nos ha mostrado la cubanizada oposición “en el exilio” a través del “TSJ legítimo”. ¿Qué otra cosa podemos sentir los opositores intramuros -los que de verdad intentamos la resistencia por vías republicanas y democráticas- que una náusea legítima?
