La OIT y la justicia social en Venezuela, por Gioconda Cunto de San Blas
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Salarios y pensiones para vivir con dignidad, sueldos equiparados a la canasta básica, derecho a la negociación colectiva, respeto al derecho a la libertad sindical, cese a la criminalización de la protesta… Consignas como estas han marcado las masivas protestas de docentes, trabajadores, jubilados y pensionados que a lo largo del año han ocurrido en Caracas y otras ciudades.
Razones hay de sobra: en Venezuela no ha habido aumento del salario mínimo desde marzo de 2022, cuando el régimen lo subió a Bs. 130 al mes ($ 30 de entonces), un monto de por sí ridículo, que además se ha reducido 87% hasta $ 3,76 al ritmo de la devaluación de la moneda local. Hoy una familia de 5 personas necesita 126 salarios mínimos mensuales para comprar la canasta alimentaria básica, cuyo costo fue de $ 491 en agosto, dato que viola el art. 91 de la Constitución (CRBV).
Para peor burla, el ejecutivo ha sustituido el aumento salarial por creación de bonos arbitrarios con denominaciones absurdas (bono Guerra económica / José Gregorio Hernández / Hogares de la patria / El Esequibo es nuestro, etc…), ninguno de los cuales incide en prestaciones sociales (art. 92 CRBV) ni resuelve las penurias económicas de los beneficiarios.
Se suman los reclamos por la restitución de derechos laborales, hoy secuestrados por el régimen, entre ellos, la restauración de las mesas tripartitas (trabajadores, patronos, gobierno) para la solución de problemas laborales diversos (art. 96 CRBV), el derecho a la libertad sindical sin temor a sanciones penales o el cese de la criminalización de la protesta (ambos en art. 95 CRBV), cuyas víctimas más recientes (Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Nelson Astudillo) han sido condenados a 16 años de prisión cada uno por hacer el trabajo que les corresponde como dirigentes sindicales. A ellos se suma el estudiante John Álvarez (UCV), arrestado por una supuesta implicación en planes conspirativos con los 6 luchadores sociales antes mencionados. Como nota al margen, el Foro Penal contabiliza hoy 270 presos políticos (124 civiles y 146 militares), ilegalmente detenidos en las peores circunstancias (arts. 44 a 46 CRBV).
Tales atropellos constitucionales han sido denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Venezuela es miembro desde sus inicios, hace 104 años. Tristemente, nuestro país aparece como punto recurrente de agenda en las reuniones que tres veces por año realiza el Consejo de Administración de la OIT (CA-OIT), algo que cuando ocurre no es heraldo de buenas nuevas. La más reciente reunión, la 349ª, tuvo lugar entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre pasados.
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En ella se exigió al gobierno de Venezuela reportar los avances recomendados por la Comisión de Investigación del CA-OIT en relación a las convenciones 26 (fijación de salario mínimo), 87 (libertad de asociación y protección del derecho a organizarse) y 144 (consulta tripartita, estándares internacionales de trabajo), luego de la tercera reunión (30/01/2023 a 01/02/2023) del foro de diálogo social creado al efecto. Dados los magros resultados presentados por el gobierno venezolano se acordó una cuarta sesión del foro de diálogo social del 3 al 7 de octubre de 2023, con la asistencia de una misión de la OIT. Allí se añadió la exigencia de liberación de los dirigentes sindicales encarcelados en agosto, así como la reiteración de adelantar los compromisos asumidos en reuniones anteriores.
Al final, el régimen abandonó la mesa de discusión por considerar que las condiciones no estaban dadas para continuar. Se ha propuesto una nueva reunión en febrero de 2024.
Un punto a destacar de la 349ª reunión del CA-OIT se refiere a la creación de una Coalición Mundial por la Justicia Social, cuyo objetivo será el de generar mayores compromisos políticos e inversiones que redunden en acciones concretas hacia la justicia social y el trabajo decente, con miras a su reconocimiento en la agenda multilateral, en particular, la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas de 2024 y la Cumbre Social Mundial de las Naciones Unidas propuesta para 2025.
Entre los asociados podrán estar gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales, órganos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, instituciones financieras, ONG, instituciones académicas y de investigación aliadas de la OIT, unidas en la aspiración de promover la justicia social como meta prioritaria en los programas de desarrollo mundiales, regionales y nacionales, propiciando el intercambio de conocimientos, experiencias, buenas prácticas, herramientas, datos e información.
Esta puede ser una plataforma interesante para que la Venezuela sindical, esa Venezuela menospreciada por el régimen, pueda encontrar una nueva forma de relación con su entorno y lograr resultados exitosos en sus luchas por una vida plena para los ciudadanos de este maltratado país.
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
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