La seguridad y la población carcelaria forma un amplio capítulo en el Plan País de Guaidó
La ex-secretaria de Seguridad y Orden Público del Zulia, Odalis Caldera, resaltó que para poder aplicar el Plan País es necesario que se tenga voluntad política, para que así pueda llevarse a feliz término
Diversos expertos en materia de seguridad presentaron el 11 de abril sus propuestas en este contexto, enmarcado en el llamado Plan País, proyecto que lidera el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela, para cuando pueda darse de forma efectiva un cambio de Gobierno.
La exposición, que se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), se basó en varios temas como el de la población reclusa, los funcionarios policiales, control de armas, el elemento social dentro de la delincuencia y reforma del sistema judicial.
Exposición de motivos
El director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, recordó que Venezuela es el país más violento de América Latina, en donde los niveles de delincuencia se han incrementado dramáticamente en los últimos años, basándose en las cifras de homicidios en comparación a Colombia, que cuenta con guerrillas y otras organizaciones delictivas identificadas.
«En Venezuela se destruyó el pacto social y la institucionalidad. Se incentivó la violencia y el uso de las armas. Se desarmaron cuerpos policiales y ciudadanos honestos, pero no los delincuentes. Se impidió la actuación policial, se ideologizó y se les quitó autoridad, por lo que aumentó la impunidad en el país».
Alertó que no existen detenciones tras la comisión de delitos, poniendo como ejemplo que en el 91% de los delitos de homicidios no hay arrestos. Y al no haberlos, aumentaron. Además indicó que de 1999 a 2018 se registraron 333.000 personas muertas por este delito, «muertes que se han podido evitar». Siendo los jóvenes y hombres de sectores populares los más vulnerables.
Destacó que diariamente mueren 40 jóvenes por violencia delincuencial, mientras que durante 2018 fueron asesinados 14.736 jóvenes, que según los cálculos cada semana mueren 283 menores de 30 años.
Manifestó que el único plan del Estado en estos últimos años ha sido responder con más violencia, a través de las OLP y en operativos encabezados por funcionarios del FAES. Al respecto, recalcó que 7.523 personas perdieron la vida por resistirse a la autoridad.
Explicó que entre 2016 y 2018, más de 18 mil personas murieron por este delito, a tiempo que en lo que va en 2019 son 15 personas al día que fenecen por ese argumento.
«No habrá recuperación económica, si no hay seguridad. La gente tiene miedo de que le roben en el transporte, el liceo. Tienen miedo de salir de su trabajo y llegar a su casa. Hay miedo en el país porque ha habido muerte e injusticia».
En ese sentido, indicó que el panel de expertos presentan una propuesta para recuperar la seguridad, que no es responsabilidad única de la policía sino de la sociedad. «Eso es decir a quién se apoya y exalta: Si es al malandro y flojo o al trabajador honesto».
Por su parte, la ex-secretaria de Seguridad y Orden Público del Zulia, Odalis Caldera, resaltó que para poder aplicar el Plan País es necesario que se tenga voluntad política, para que así pueda llevarse a feliz término.
Recalcó que al establecerse el llamado «gobierno de transición», en las primeras 90 horas se creará un despacho adjunto a la Presidencia, que sea independiente, para garantizar la estabilidad democrática, así como la coordinación y supervisión de los cuerpos de seguridad y se designarán equipos de alto desempeño que vayan a las áreas donde imperen los servicios básicos: Agua, luz y telecomunicaciones.
Se prevé aplicar un plan de custodia en vías terrestres «que garanticen el libre tránsito de mercancía y personas» por todo el territorio nacional. Además, que en el espacio de tres meses se pueda hacer un mapeo de las áreas urbanas, rurales e indígenas que sean vulnerables a la actividad criminal, al igual que el ataque a grupos al margen de la ley.
De igual forma, sugirió la legalización de grupos sociales que ayuden a la coordinación de actividades en salud, cultura y deporte, junto a una actualización de data de los venezolanos y extranjeros para un «registro confiable de identificación».
Funcionarios y la sociedad
El exdirector de la Policía de Sucre, Manuel Furelos, el comisario Eduardo Noriega y la socióloga Magally Huggins presentaron este apartado que comprendió los siguiente:
- -Recuperar el espíritu de acción policial y servir a la población, ya que actualmente se preló la cantidad sobre la calidad.
- -Ubicar a los posibles funcionarios con «don de servicio» e «inyectarle» el concepto de que el policía es el mejor ejemplo de un ciudadano.
- -Promulgar la ley de la Asamblea Nacional que habla sobre la prevención social del policía. Dignificación de salarios y tomar medidas en corto, mediano y largo plazo.
- -Reingeniería de los cuerpos policiales, optimizarlos y modernizarlos en procedimientos, preparación y equipos.
- -Independizar las policías y demás entes del Gobierno para que cumplan su función y sean especializados en áreas. «No volverlos toderos».
- -El 94% de las muertes en Venezuela son producto de armas de fuego, por lo que es necesario generar políticas de control de armas y recuperación de espacios públicos.
- -Eficiencia en invertir en temas preventivos que después de la acción.
- -Reconstrucción del tejido social, centrándose en poblaciones urbanas vulnerables y recurrir al aporte de la sociedad civil.
- -Reconocer como delito, además del homicidio y el secuestro, la violencia de género, violencia intrafamiliar y el incesto.
- -Acabar con la corrupción y la impunidad.
- -Creación de coordinación de políticas preventivas en materia social.
- -Rendición de cuentas.
Ejerciendo justicia
Los criminólogos Luis Izquiel y Fermín Mármol García fueron los exponentes de este apartado.
- Reforma del sistema judicial que «permee hacia abajo», donde los jueces en todas sus áreas sean designados por concursos públicos y no designados.
- Eso evitaría que sea una máquina de persecución de la disidencia.
- Reforma legal del Código Penal
- Crear código de faltas porque «la impunidad tienen que comenzar por pequeñas trasgresiones y los procedimientos para aplicar» sanciones.
- Rescate de proteger la vida
- Redimensionar, optimizar y verificar proceso de identificación ciudadana
- Permitir a los órganos de justicia resolver más causas posibles y tener más elementos de convicción para evitar el «fantasma de la duda».
- Incentivar la denuncia ciudadana de forma anónima.
- Reimplementar la encuesta de victimización nacional
Sistema carcelario
Para la presentación del enunciado, se les encargó al diputado Gilber Caro; el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, y el director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma.
- Fomentar la educación integral desde las escuelas. «Los niños no nacieron como criminales».
- Reorganización del programa de formación de reclusos. «El 64% de la población carcelaria reincide en el delito, por lo que hemos fallado».
- Erradicar la ideologización de los reclusos en los recintos penitenciarios.
- Construir y remodelar las cárceles en Venezuela, ya que hay 46.775 personas en los centros de reclusión y se evidencia que el 70% de la población carcelaria está por retardo procesal.
- Crear políticas en pro de la población de reclusos, ya que en 20 años han muerto 7.200 presos en las cárceles por diversos motivos.
- Preparación del personal y evitar el hacinamiento en los calabozos policiales.
- Aumento del presupuesto para la alimentación de los reclusos. Actualmente al año perciben BsS 1.247.
- Aprobación de ley de calabozos policiales.
- Privatización de cárceles.
- Instauración de un defensor de la población reclusa.
- Asistencia post penitenciara que se le debe brindar al recluso que reinserta en la sociedad.
