La sentencia de Maikel Moreno y la crisis de 2017, por Alonso Moleiro
Alonso Moleiro @amoleiro
Hace un año, en el pináculo de la crisis institucional, económica y social más grave que haya tenido que vivir Venezuela en muchas décadas, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, hizo públicas dos sentencias en las cuales quedaba disuelto, de hecho, el Poder Legislativo electo en los comicios convocados en diciembre de 2015.
La llegada de la Oposición a la Asamblea Nacional, gestada en un ambiente en el cual la Mesa de la Unidad Democrática debió remontar, como ha sido costumbre, una cantidad apreciable de resoluciones amañadas que intentaron inhibir su triunfo, coronó un hecho político inobjetable. Tan inobjetable como las primeras victorias presidenciales de Hugo Chávez. Agobiada por los efectos de un gravísimo deslave económico, provocado por un manejo dispendioso y corrompido de los dineros públicos, la población le dio a la dirigencia opositora, haciendo uso de sus derechos, un nítido mandato, con un enorme legitimidad, expresada en una amplísima ventaja en votos, que le permitieron conquistar los mandos del Parlamento, “el corazón de la legalidad democrática”, como bien lo dijo alguna vez Jean Jeacques Rousseau.
En lugar de aceptar el mandato de las mayorías nacionales, lo que ha hecho la Oposición durante todos esos años, lo que hubiera hecho cualquier funcionario público en un país civilizado, la clase política chavista, expresada en el Partido Socialista Unido de Venezuela, con sus tentáculos ramificados en todos los poderes públicos, decidieron organizar un complot para neutralizar la decisión que los venezolanos habían refrendado en la consulta de 2015.
La Asamblea Nacional de 2010, que concluía sus funciones, dominada por los chavistas, se reunió apuradamente en diciembre de 2015, apenas días después del mandato de aquellas elecciones, para nombrar a los nuevos miembros del TSJ. Con los célebres “magistrados express”, los mandos chavistas daban el primer paso para desconocer su derrota electoral y echar aquel pronunciamiento popular al cesto de la basura. Controlados desde Miraflores, los integrantes de este apócrifo Tribunal Supremo de Justicia asumieron el control de la legalidad, usurpando las funciones naturales legislativa y despojándola de sus funciones constitucionales. La decisión estaba tomada: a través de estos magistrados nombrados de forma indebida, la vieja Asamblea Nacional chavista se disponía a continuar legislando, pasando por encima de la nueva.
Bajo el peregrino soporte conceptual del “desacato”, un puñado de dirigentes políticos y funcionarios piratas desplumaron por completo al Poder Legislativo que recién asumía funciones, que jamás pudo, aún con todos sus votos, ejercer contraloría, organizar interpelaciones, aprobar presupuestos, nombrar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, ni ejercer, en general, lo que era su mandato, popular y constitucional, que es velar por el interés público.
La sentencia de Moreno secuestró y vació de contenido el ejercicio del sufragio en Venezuela y produjo entre la gente un justificado sentimiento de indignación. Nadie debe olvidar que un atrevimiento de ese tamaño regresa la vida institucional del país a los tiempos del perezjimenismo, en un momento en el cual en Venezuela hay escasez de vacunas, de medicamentos, de comida; y cursa el país un gravísimo proceso de descomposición social expresado en la crisis de los servicios públicos, el auge del hampa y la corrupción.
Las protestas convocadas por la disidencia civil venezolana a partir del 1 de abril agruparon a una gigantesca cantidad de hombres, mujeres, adolescentes y ancianos, y conocieron, sin que existieran medios nacionales capaces de reproducir su convocatoria, una amplísima cantidad de réplicas en todos los pueblos y ciudades del país. Aunque hubo episodios violentos en barriadas populares urbanas y pueblos apartados, producto de la indignación y la desesperación, todos censurados en la televisión, la determinante mayoría de aquellas convocatorias tenían un talante completamente pacífico. Aquellas eran gigantescas procesiones de grupos civiles, estudiantiles y culturales que pretendían ejercer su derecho a manifestarse y que todos los días eran esperados por policías artillados que luego les perseguían en motos.
El alto gobierno decidió llevar adelante un brutal y descarnado proceso represivo, que fue acompañado de una campaña televisiva sádica e irrespetuosa, completamente reprobable en términos morales, orquestada por Ernesto Villegas, el ministro de Comunicación de entonces, destinada a deshumanizar el planteamiento político y social de los manifestantes, a presentarlos como un atajo de dementes radicalizados a los cuales no les asistía ningún motivo para protestar, una vez que se concretó, usando los caminos verdes de la legalidad, aquel “fujimorazo” al Parlamento.
Policías y guardias nacionales dispararon frente a manifestantes desarmados, llevaron a prisión a centenares de personas, golpearon y asaltaron a incontable cantidad de manifestantes, apoyándose también en grupos paramilitares armados organizados para tal efecto, y asesinaron a 158 personas, mientras, cada semana, algunos oficiales, presentados como víctimas de los crímenes que cometían, eran alabados y condecorados por Nicolás Maduro en cadenas de radio y televisión.
El resultado último de aquel traumático episodio, que todo el país habría querido ahorrarse, y que no se hubiera concretado si la clase política chavista hubiera observado un mínimo de honor e integridad ante una derrota política, se concretó en la tristemente célebre Asamblea Nacional Constituyente. Cuerpo colegiado que no es reconocido por nadie fuera del país, gestado bajo una trucha metodología que fue cuestionada por los voceros más autorizados en su dimensión técnica y política, y que se hizo realidad luego de otro operativo represivo deleznable conducido por Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, que produjo 16 muertos en las calles el mismo día de la cita de aquella autoelección amañada. La clase política chavista resolvió el problema de la misma manera con la cual se zafa de sus derrotas en las gobernaciones: colocando un “protector”, sin soporte constitucional, frente a la instancia electa. El 30 de Julio le salió un “protector” también, a la Asamblea Nacional.
El papel de Maikel Moreno en el recuento de todo este episodio, como el de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Carreño, Istúriz, y otros portavoces del chavismo, quedará, a no dudarlo, cuidadosamente sentenciado por los libros de historia. Las generaciones de venezolanos que vienen lo tendrán muy claro. Ahí están los hechos. Por mucho que hoy vivan de los fuegos de artificio de sus spots televisivos. Lo que le hicieron a la población, en lo político, en un momento en el cual los pacientes mueren en los hospitales por falta de medicamentos, no había tenido lugar en Venezuela en muchas décadas.
Detrás del proceder que han observado se expresan las lagunas más graves de nuestro devenir histórico. Las falencias de una sociedad subdesarrollada, en la cual abundan dirigentes sin principios republicanos, sin educación política, sin interés en el bienestar general, sin formación intelectual y sin la integridad y el empaque para plantarle cara a una derrota. Personas con mentalidad sectaria y tribal, que se creen propietarios de nuestro país, y que consideran un derecho adquirido tomar ventaja, abusar de la regla, contratarse un gestor, pasarse de vivos frente a las circunstancias. Aquellos que consideran completamente legítimo aprobar Leyes Orgánicas usando una mayoría simple, o habilitar indefinidamente a un Presidente para que gobierne por decreto, y al mismo tiempo, patear el tablero a cualquier costo cuando pierden unas elecciones.
