La tragedia de vivir en la frontera
Hasta tres días completos sin electricidad, meses sin agua potable, sin gasolina e incomunicados por vía telefónica los habitantes de la frontera venezolana día a día se abren paso para sobrevivir con pocos recursos en una de las zonas “más calientes” del país
Rosalinda Hernández C.
«Ya perdimos la cuenta de las horas que hemos pasado sin luz. Tampoco hay agua, ni gas y menos gasolina. Retrocedimos unos 100 años en el tiempo. Ahora hasta usamos lo que mi abuela llamaba “camino real” para ir a Cúcuta, porque no hay paso normal por los puentes”, narró Miguel Chacón, habitante de San Antonio, población fronteriza del estado Táchira con Colombia, una de las más golpeadas de la entidad por los recurrentes apagones que mantienen al país en una semiparalización.
Tras haberse recuperado el servicio tras la falla general del lunes 25, la zona fronteriza volvió a quedar a oscuras este viernes 29 de marzo a las 6:30 de la tarde y cerca del mediodía de este sábado 30, aún no era restablecido el suministro eléctrico.
Los habitantes de esta ciudad limítrofe aseguran que apenas lograron congelar la poca comida que guardan en los refrigeradores. La luz ya se había ido el pasado lunes 25 de marzo a la 1 de la tarde y no se restableció hasta el miércoles 27 en horas de la noche tras cerca de 60 horas a oscuras, incomunicados y soportando temperaturas que van entre los 32 y 35 grados Celsius.
“Es desesperante vivir así, los niños no van a clases desde hace como un mes cuando empezó todo esto y no es sólo porque no hay luz, es que tampoco tenemos agua para hacer mantenimiento en las escuelas. En la casa, los chamos lloran de desespero porque todo está racionado, los vasos de agua, la comida, hasta les he dicho que no hagan juegos en los que tengan que correr porque no hay agua para bañarse”, dijo María Cárdenas, habitante del barrio Las Colinas de San Antonio.
El agua es un negocio
En la localidad son pocas las opciones que existen para abastecer de agua fuera de las ofrecidas por la empresa del Estado, Hidrosuroeste, por lo que comercializar con el líquido se ha vuelto un negocio muy lucrativo.
“No solo tengo que preocuparme porque no se vaya a dañar la comida que tenemos en las neveras, el suplicio lo padecemos también con el agua. Aquí en el restaurante hace mes y medio no sale agua por las llaves, así que a diario toca comprar una cisterna de 3.000 litros para poder cocinar. La venden en 80.000 pesos, los tengo que pagar a diario y aún así no es suficiente porque debo traer en la camioneta ollas, potes y cualquier otro recipiente que pueda llenar en el tanque de Hidrosuroeste”, relató Juan Carlos Galvis, propietario de negocio de comida en San Antonio, que el pasado viernes en la noche, a pesar de permanecer con muy pocos comensales, se mantenía abierto gracias a una planta eléctrica.
El comerciante, dijo a TalCual que tuvo que reducir a menos de la mitad el local debido a la crítica situación que atraviesa el comercio en frontera, en donde un poco menos de 90% de la zona comercial e industrial ha tenido que cerrar sus puertas, de acuerdo a José Rozo, expresidente de Fedecámaras Táchira y habitante de la población de frontera.
Los municipios Bolívar (San Antonio) y Pedro María Ureña, eran reconocidos dos décadas atrás por su próspera dinámica comercial e industrial, con un aeropuerto internacional (Juan Vicente Gómez) donde a diario se movían no menos de ocho vuelos con conexión a otras ciudades de Venezuela y Colombia. «Ahora sólo hay desolación, abandono y criminalidad en estos pueblos», denunció el empresario.
Quien paga más sobrevive
La supervivencia en la poblaciones de frontera con Colombia no solo se ha reducido a los más fuertes sino a quienes posean mayor capacidad económica para hacerse (comprar) de servicios que en otros países son comunes, como agua, comida, gas doméstico, salud, medicinas, transporte, entre otros.
Quien se enferme en San Antonio o Ureña está obligado a salir bien sea hacia San Cristóbal o al departamento colombiano Norte de Santander, porque en las poblaciones no hay centros de salud con capacidad para atender emergencias de magnitud.
Repagar servicios en pesos colombianos (moneda oficial en la zona) o en dólares es lo común, aseguran sus habitantes
“Prefiero pasar por la trocha que pagarle a los guardias (Guardia Nacional) 10.000 pesos (unos 11.000 bolívares) para cruzar por el puente (Simón Bolívar). Por culpa de ellos el pueblo está así y no les importa el dolor de la gente que se ve obligada a ir a Cúcuta a en busca de atención médica o medicinas”, dijo un joven en medio de una cola en la aduana de San Antonio, donde la GN revisaba a cada persona que demandaba cruzar la frontera por la vía legal hacia Colombia.
Aunque no se ha oficializado el paso por los puentes internacionales, el pasado viernes este medio pudo constatar que decenas de personas cruzaban la frontera a través del puente internacional Simón Bolívar.
Con informes médicos, récipes, carnet estudiantil o con la anuencia de las autoridades militares, los venezolanos pasaban a Colombia y regresaban cargados de comida y otros productos que se consiguen en Cúcuta a precios muy por debajo de lo ofertado en el mercado nacional, de acuerdo con los entrevistados.
La afluencia de compradores retornando por la vía legal y la información de una apertura total de frontera que rodaba por las distintas redes sociales, logró que un capitán de la Guardia Nacional llegará al puente Simón Bolívar, unos pasos más adelante de los containers que continúan atravesados en la vía luego del intento de paso de ayuda humanitaria del pasado 23 de febrero. El militar reprendió a la tropa que tenía el control de la línea limítrofe y les dijo que eran los responsables de lo que estaba sucediendo “porque ustedes hacen lo que les da la gana’
En medio del altercado entre superior y subalternos, el paso fue cerrado y una multitud cargada de mercancía y niños en brazos se quedó del lado colombiano
“No es justo, esta mañana nos dejaron pasar por aquí con el compromiso que podíamos regresar por el mismo lugar con poca mercancía y ahora no nos dejan pasar. Esto que hacen es una injusticia. Yo vengo de Yaracuy a comprar en Colombia la comida que allá no se consigue”, gritaba una mujer en pleno puente.
Entre empujones y forcejeos, un grupo de indígenas gritaba a los militares que si no se les permitía el paso se lanzarán a la fuerza y romperían el cerco de seguridad para llegar a territorio venezolano.
“Nos tienen esclavizados y sometidos a lo que a ellos les da la gana. Nos mantienen engañados con un caja de Clap que nunca llega y entonces pasamos a comprar la poca comida que podemos aquí y ahora no quieren abrirnos el pasó”, explicaba Dalia Gutiérrez, madres de dos niños que esperaba con notable indignación que la GN le permitiera el paso hacia San Cristóbal.
La insistencia de los transeúntes logró que se reabriera el tránsito peatonal por el puente y pasadas las 8 de la noche, ya en medio de la oscuridad gracias al corte de luz, aún había gente saliendo y regresando de Venezuela por la vía legal. En las orillas del puente se observó que el paso por las trochas también continuaba activo, marcado por las linternas y teléfonos móviles de quienes optaron por esa vía para retornar a Venezuela.
