La unidad familiar, por Lidis Méndez
El caso de Rocío San Miguel representa un abuso de poder del Estado contra el espacio cívico y la sociedad civil organizada en Venezuela, además de demostrar la poca voluntad de las autoridades para cumplir con el ordenamiento jurídico que las rige y respetar el debido proceso.
A lo anterior se añade que el caso contra la activista parece más un error que una buena estrategia, porque Rocío San Miguel aparte de ganar un juicio al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); por lo tanto, las autoridades tienen un mandato en cuanto a su obligación de protegerla.
La persecución y encarcelamiento por motivos políticos no es solo un peligro para la persona o grupo afectado, sino para toda la sociedad, por lo que ser indiferente a hechos tan sistemáticos en medio de nuestra precaria existencia social, es realmente inaudito. Este acto no solo afecta a la activista y a su familia, sino que constituye un ataque directo contra el tejido social y la sociedad civil organizada.
En un contexto donde la represión se ha convertido en una estrategia común y selectiva, las consecuencias se hacen sentir de inmediato en el cuerpo social a través de la desconfianza hacia el Estado, la indignación ante las autoridades y el repudio hacia los autores intelectuales de este tipo de acciones.
Impedir el ejercicio de nuestros derechos por la vía de la fuerza es una acción que se ha salido de control en Venezuela, el Ministerio Publico funge como verdugo de sindicalistas, miembros de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, obviando su rol como garante independiente en la administración de la justicia, el juicio previo y el debido proceso.
Una sociedad sana tiene el deber de condenar enérgicamente estos actos y presionar sistemáticamente para que se respeten los principios fundamentales que garantizan la dignidad y la libertad de las personas hasta que se pueda probar que es culpable de los hechos que se le imputan. Cuando el abuso de poder afecta no solo a la persona detenida, sino también a su familia, la tragedia se amplifica.
El camino hacia unas elecciones medianamente confiables de 2024 esta obstaculizado por las inhabilitaciones y persecuciones políticas, en tal sentido, cabe preguntase si ¿Estamos realmente luchando por un cambio en las esferas del poder o nos quedamos atrapados una red que impide el florecimiento de nuevas ideas y perspectivas? La respuesta pública sobre este dilema no debe limitarse a conocer los sucesos y giros mediáticos, sino también a evaluar críticamente la condición de las instituciones, los funcionarios, los “representantes políticos” y a nosotros mismos.
En medio de los carnavales y semana santa quizás sea difícil observar una reflexión colectiva y acciones enfocadas de un sector significativo de la población, pero indudablemente el verdadero desafío estará en los meses que están por venir. Debido al desorden social en el cual subsistimos, quizás el ciudadano común perciba la política como una herramienta sin sentido, y más aún cuando observa que desde las esferas de la «justicia» se puede fabricar cualquier mal ante el cual se encuentra literalmente indefenso.
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Y es precisamente en este punto, donde acecha el peligro del abuso del poder y donde sus autores se dan por satisfechos, porque ellos sí saben que el conformismo, la indiferencia, la falta de empatía y la pasividad son más destructivos que la crisis económica, la corrupción, el clientelismo y el amedrentamiento.
Pero el agravio a la unidad familiar para extralimitar un control que asegure «resultados legítimos y confiables» en las próximas elecciones, es sin lugar a dudas el mayor signo de malignidad y debilidad que se haya observado hasta el momento.
Y esto es aterrador, porque contra los delirios y la estupidez estamos indefensos. Llegamos a un punto donde ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí; un gobierno completamente satisfecho de sí mismo, se ciega fácilmente y se vuelve iracundo al defenderse. Por esta razón, se requiere mayor cautela cuando las acciones parecen inverosímiles, ya que persuadir a personas irracionales es un sinsentido y peligroso, quizás por eso Mari Pili expresó que «el silencio es por miedo, no por falta de indignación o de vergüenza ante los hechos».
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la libertad y el bienestar son derechos fundamentales de todo ser humano, no podemos callarnos por respeto a quienes sufren por ser (o haber sido) unos verdaderos héroes y heroínas; por todos los seres humanos que luchan por el bienestar de otros a expensas del suyo propio, por aquellos que aman su país tanto como aman a su familia, nos mantenemos en resistencia cívica con la cabeza fría y un corazón ardiente exigiendo justicia, orden y libertad.
Lidis Méndez es politóloga.
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