La Vega: El operativo policial más letal en la historia reciente del país
“Si en La Vega intervinieron 300, 350 funcionarios y del otro lado hay 23 fallecidos, no hay una correspondencia. En términos bélicos, ¿eso es una guerra? No. Eso es una masacre”, concluye el criminólogo Keymer Ávila
Sofía Nederr | Luna Perdomo
Especialistas en derechos humanos así como en criminología no dudan en afirmar que los sucesos ocurridos en La Vega el pasado 8 de enero califican como una masacre.
Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, sostiene que lo que “ocurrió en la popular barriada caraqueña es lo mismo que ha ocurrido en muchos operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), donde las personas son detenidas y luego ejecutadas. No hay enfrentamiento y no mueren como consecuencia de este”.
Del mismo modo, Alvarado se interroga: “¿Cómo explicas que no hay heridos de parte de los funcionarios policiales?, ¿por qué no hay heridos? Porque en cualquier enfrentamiento real hay muertos y heridos; y no todos los heridos tienen que fallecer; eso no ocurre ni en la guerra”, detalla.
El criminólogo Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) apoya la tesis de Alvarado y también califica los asesinatos de La Vega como una masacre.
“En la reciente incursión de la fuerza pública en La Vega no son pocas las denuncias de ejecuciones. Cuando hay tantas muertes de un solo lado y ni siquiera heridos del otro, es motivo para encender las alarmas, es un indicador de que el uso de la fuerza letal tuvo una finalidad distinta a la preservación de la propia vida, y sugiere un uso excesivo y desproporcionado”, explica Ávila.
Puntualiza que la discusión no debe centrarse en si caen inocentes o culpables, más bien cree que esa distinción es irrelevante y hasta peligrosa.
“El punto es que en nuestro país no existe la pena de muerte -pena que está en extinción en el mundo entero-, y en esos casos la pena es producto de un proceso judicial, no es administrada discrecionalmente por la policía en la calles. Cuando eso sucede se le está otorgando un poder ilimitado a los cuerpos armados, mermando todos nuestros derechos como ciudadanos. En esto no se deben hacer excepciones, los derechos son para todos o no son para nadie”, subraya.
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Para el representante de Provea, los testimonios que han ido saliendo de los familiares de las víctimas demuestran que muchas de esas personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. “En la historia del país no hay un operativo de seguridad ciudadana donde haya habido tanta cantidad de víctimas”, asevera.
“Si en La Vega intervinieron 300, 350 funcionarios y del otro lado hay 23 fallecidos, no hay una correspondencia. En términos bélicos, ¿eso es una guerra? No. Eso es una masacre. Allí hay un uso claramente asimétrico y desigual de la fuerza”, concluye Keymer Ávila.
Operativos vs. víctimas
Marino Alvarado recuerda que los cuatro operativos de seguridad ciudadana del país con mayor cantidad de víctimas son la primera Operación Liberación de Pueblo (OLP), realizada en la Cota 905 el 13 de julio de 2015, donde fueron asesinadas 15 personas. Detalla que, a diferencia de la masacre de La Vega, en ese momento el ministro de Interior, Gustavo González López, dio el parte informando cuántas personas fueron asesinadas y cantidad de funcionarios que participaron. “En este caso (La Vega) no ha habido mayor información”, condena.
En segundo lugar, Alvarado menciona la masacre de Barlovento, cometida por el Ejército, donde 12 personas fueron detenidas, hubo desaparición forzada y, luego de un mes, aparecieron asesinadas.
Seguidamente, recuerda un operativo OLP en varios municipios de Carabobo, donde el mismo día mataron a 13 personas. El cuarto que refiere Alvarado fue otra Operación Liberación de Pueblo en varios sectores ubicados entre El Valle y Coche, en mayo de 2016, donde mataron a 12 personas.
“La de La Vega las superó. Estamos hablando de 23 víctimas y estoy seguro que en la medida que vayan saliendo las denuncias, que realmente se investigue, se va a saber y a conocer la verdad de que efectivamente hubo una masacre”, enfatiza el representante de Provea.
Asimismo, Keymer Ávila refiere que en el trabajo del Monitor del Uso de la Fuerza Letal Para América Latina y el Caribe se establecieron varios indicadores, uno de los cuales fue el porcentaje de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, dentro del total de homicidios.
La Vega. 14/01/2021. Foto: Luna Perdomo
Venezuela estuvo entre los primeros lugares, porque ocupaba 30%. Es decir, uno de cada tres homicidios es consecuencia de la interacción de las fuerzas de seguridad del Estado.
En ese contexto, explica el criminólogo, la experticia arrojó que en el país, por cada policía fallecido, morían 26 civiles.
“La literatura especializada nos dice que un número superior a 10, es decir, más de 10 civiles fallecidos por cada policía es un claro indicador que el uso de la fuerza letal tuvo una finalidad distinta a la preservación de la propia vida del funcionario, en caso de emergencia, y es un indicador de abuso”, añade.
Ávila destaca que, en los contextos bélicos, cuando solo hay fallecidos de un solo bando con cero heridos, existen indicadores suficientes para aseverar que se trató de una masacre.
Contrastes entre gobiernos
El criminólogo Keymer Ávila expresa que muchos actores que ahora forman parte del gobierno, y el mismo expresidente Hugo Chávez, han sido fuertes críticos de las políticas represivas de los años 60, 70, 80 y 90. Incluso decían que la policía, durante la llamada IV república, estaba con la burguesía e iba contra el pobre.
En ese marco se dio la reforma policial, y se prometió que no se permitirían operativos policiales en contra del pueblo pobre. Ávila refiere que los operativos de la IV república como la Operación Vanguardia, y el Plan Unión estaban legitimados por la Ley de Vagos y Maleantes.
“Esto viene de Pérez Jiménez que dejó ese regalito a los gobiernos democráticos que la mantuvieron intacta, y la ley estuvo vigente hasta los 90, le daba total discrecionalidad a la administración, y un marco legal a estos operativos policiales excesivos que mataban muchísima gente. Y también hubo eventos cumbres como El Caracazo, El Amparo, o los pozos de la muerte”, afirma, y recuerda que el gobierno reniega de la IV república.
“Paradójicamente, hay un marco más garantistas, más leyes, pero, en la práctica, vemos que se incrementa la violencia institucional”, sostiene.
Para Ávila no debe perderse de vista que cuando se habla con los familiares y madres de personas muertas a manos de fuerzas de seguridad del Estado, arrojan claramente que se trata de ejecuciones.
“Es irrelevante si realmente están involucrados en delitos o no. Esta distinción que si eran inocentes o culpables, eso es irrelevante. El peor delincuente debe ser detenido. Si el tipo está armado y está rendido debe ser detenido, debe ser detenido. O sea, el uso de la fuerza letal solamente está justificado para proteger la propia vida del funcionario o la de terceros. Solo legalmente se puede acabar con una vida para salvar una vida”, acota.
Al mismo tiempo, enfatiza que los funcionarios que participaron en los hechos de La Vega tienen que rendir cuentas por el manejo de armas de la República.
El criminólogo señala que se evidencia la precariedad institucional que padece el país y que se irradia hacia los sectores populares victimizados de diferentes maneras: primero por la exclusión social y económica, segundo por las bandas delictivas y, tercero, por el propio Estado.
“En La Vega se ha sustituido el estado de sitio que tenía la banda por el que ha impuesto la PNB, las calles siguen desiertas, los hombres armados son los que siguen rondando”, agrega Keymer Ávila.
En este sentido, a Marino Alvarado le llama la atención el silencio oficial. El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, no se ha pronunciado con relación a los sucesos ocurridos en La Vega. Tampoco lo ha hecho el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz. “Yo supongo que ellos están coordinando con la ministra Carmen Meléndez, con el director de las FAES para ver cómo inventan alguna mentira”.
Además, el defensor de derechos humanos considera un reto para Saab ante las investigaciones que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI). “Con esta masacre se confirma que en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad, se confirman los altos niveles de impunidad, con el mismo hecho de que ni siquiera el Ministerio Público ha salido a dar una declaración”, sostiene Marino Alvarado.
A juicio del investigador de Provea, “lo que debe hacer Tarek William Saab es investigar a la ministra Carmen Meléndez porque este es un operativo bajo su dirección, e investigar al director de la Policía Nacional Bolivariana, al director de las FAES, a los altos mandos de ese operativo que terminó con la vida de 23 personas”. Cree que este también es un trabajo de Alfredo Ruiz.
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“La masacre de La Vega reafirma la necesidad de disolver las FAES”, reitera una vez más Marino Alvarado, quien añade que este cuerpo policial “es una maquinaria de terror que genera muerte, produce más inseguridad y como lo denuncian los familiares, se roban los bienes de la gente”.
Política de exterminio
Marino Alvarado explica desde la experiencia internacional y nacional que por más armados que pueda estar un grupo de delincuentes, se pueden hacer operativos que garanticen reducirlos y preservarles la vida.
No obstante, Alvarado asevera que “en Venezuela los cuerpos policiales se acostumbraron a matar, no van a detener a los presuntos delincuentes, van a asesinarlos, ni siquiera a producirles heridas para detenerlos. Aquí hay una política de exterminio, aquí el objetivo es exterminar al delincuente”, expone.
Alvarado afirma que el hecho de tener antecedentes penales en Venezuela y vivir en un barrio se ha convertido “casi en una sentencia de muerte. Cuando los funcionarios entran a los barrios y consiguen a alguna persona que tiene antecedentes penales, con bastante seguridad esa persona es asesinada”.
El investigador de Provea dice que las versiones que ellos han recogido desmienten que varios de los asesinados tuvieran antecedentes penales o estuvieran vinculados a bandas delictivas, y sostiene que “vivir en una zona donde vivan los delincuentes no te hace delincuente”.
