La verdad y la venganza, por Hernán Castillo
Autor: Hernán Castillo | @CastilloHernan
Ante la obsesión del socialismo del siglo XXI por desnaturalizar la historia política de Venezuela, como si la historia comenzara con el chavismo, hay algunos eventos que tratar de darles una equilibrada y justa interpretación por motivos básicamente de pedagogía y formación política de las nuevas generaciones de jóvenes luchadores por la libertad. Uno de ellos es lo relacionado con la “Comisión de la Justicia y la Verdad”, creada el 29 de mayo de 2013.
Sobre el supuesto de establecer la verdad de los hechos y aplicar justicia a los responsables de las víctimas de la represión y la violencia política en Venezuela, entre 1958 y 1998, ha convertido la muerte de Alberto Lovera en uno de los casos más emblemático de la represión durante esos años. No obstante, también hay otros crímenes políticos igualmente abominables, tanto en el sector gubernamental como en el sector subversivo, durante los años de lucha armada en Venezuela.
Alberto Lovera fue Secretario General del PCV en Caracas y el primer Secretario del Comité Político-Militar del PCV 1961-1965. Lovera fue hecho preso por agentes de la Dirección General de Policía (Digepol) el 18 de octubre de 1965 y su cuerpo apareció despedazado flotando en las playas de Lechería, en el estado Anzoátegui, el 27 de octubre de 1965 con horrendas torturas.
Bajo ninguna circunstancia las violaciones a los Derechos Humanos y las extralimitaciones y abusos de los funcionarios de la seguridad y defensa del Estado se pueden justificar. Ya que la democracia como sistema superior a cualquier otro orden político está en la obligación moral de combatir, respetando la Constitución y las leyes, a quienes por medio de las armas traten de derribarla como fue el caso de Lovera, entre otros.
Si la “Comisión de la Verdad” se propone buscar la verdad, igualmente debería orientarse hacia la investigación de otros escandalosos e igualmente abominables asesinatos y muertes que la subversión y las guerrillas le ocasionaron a las fuerzas gubernamentales y a civiles inocentes que no participaban de la lucha política, ya que la vida de todos los venezolanos tiene el mismo valor. No es que la vida de unos venezolanos tiene más valor que la vida de otros. La muerte y al asesinato de venezolanos, cualquiera sea su identidad política, no debe ser motivo de maniobras para la venganza ni de complacencia de nadie.
Por ejemplo, el domingo 29 de septiembre de 1963, un comando del Frente Armado para la Liberación Nacional (FALN,) asaltó al tren turístico de El Encanto en Los Teques, que transportaba 400 personas, en su mayoría niños y mujeres excursionistas. En el ataque terrorista murieron el Sargento de la Guardia Nacional Saturnino Palma Reyes, los Distinguidos Cruz Santiago Noguera y José Dávila Anzola. Y los Guardias Nacionales, Melecio Crespo Torres y Cristóbal Velazco Marín.
El 13 de marzo de 1966, en la carretera entre Guarico y Villanueva en el Distrito Morán en El Tocuyo, estado Lara, en la emboscada guerrillera en El Cepo murió el teniente Félix Álvarez Romero; los Cabos Primeros, Rafael Santiago Mendoza y Leonardo Enrique Campos. Los Cabos Segundos, Daniel Peraza Plaza y Francisco Coromoto Jiménez. El Distinguido Juan Ramón Sánchez. Y el soldado Ángel Pérez Chacón. Dos campesinos, Braulio Ramos y su mujer, y sobrevivió la niña de seis años María Catalina Geize Mamuchacho que viajaba con sus padres. También murieron dos guerrilleros, Gonzalo Pérez Marte, tocuyano, y Juvencio Lucena Mendoza, de Río Claro, ambos larenses, quienes inútilmente perdieron sus vidas con la creencia de que en Venezuela era posible el triunfo de una guerrilla comunista.
El 3 de marzo de 1967 fue asesinado por un comando subversivo el doctor Julio Iribarren Borges, director del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS).
En fin, estos, entre otros muchos crímenes políticos, para esa Comisión parecieran no tener importancia.
El tema del establecimiento de las responsabilidades en la violencia política no puede ser asumido de una forma aislada e interesada. Si se van a establecer responsabilidades tienen que establecerse de una forma integral y completa, porque de lo contrario es una simple y venganza política.
Finalmente, otro de los problemas de esa Comisión es que fue revivida por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, y se erige en nombre de la parcialidad política de las víctimas de la represión política en la segunda mitad del siglo XX y no de todas las víctimas de la violencia política venezolana. Cuando lo que se debería tratar es de establecer la verdad y hacer justicia, no sólo con los crímenes políticos que se cometieron en la segunda parte del siglo pasado, sino también con los crímenes políticos y las violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido a todo lo largo de los primeros años del siglo XXI en Venezuela.
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