La Zona Rental y el socialismo atorrante, por Marco Negrón
Twitter: @marconegron
Entre 1997 y 2003 nos tocó dirigir el desarrollo de las diez hectáreas de la Zona Rental Plaza Venezuela, un proyecto de renovación urbana crónicamente estancado pero potencialmente uno de los más ambiciosos del continente, cuyo éxito volvería a colocar a Caracas como capital de referencia de la región.
Él tenía, además, una especial significación, porque los beneficios que generara irían a financiar los programas de investigación de la UCV, apuntalando sólidamente su autonomía; sin embargo, con el petroestado exhausto, su desarrollo solo sería posible mediante alianzas público-privadas entre la Fundación Fondo Andrés Bello, propietaria de los terrenos, e inversionistas privados. La guía para hacerlo realidad era el Plan Maestro formulado por el Instituto de Urbanismo de la UCV, un instrumento a la vanguardia de los mejores del mundo y sin antecedentes en el país: además de servir al desarrollo de un proyecto de renovación urbana de gran escala y largo plazo, debía gestionarse a través de contratos que garantizaran que los terrenos permanecieran en manos de la Fundación, revirtiendo sin costo para ella al caducar el contrato respectivo, junto a las edificaciones que el arrendatario hubiese erigido. Lograrlo significaría un salto cualitativo en el fortalecimiento de la Universidad y de su autonomía y una revolución en las estrategias de planificación de la ciudad.
El Plan estaba vigente desde 1987, pero diez años después no había ningún avance: la ZR seguía invadida por una miríada de locales de todo tipo y baja calidad que pagaban mensualidades miserables (en promedio 0,72 $/m2 de terreno), por lo que se disponía de un presupuesto raquítico que hacía que las transferencias a la Universidad no llegaran ni al 1% del presupuesto ordinario del Consejo de Desarrollo Científico.
Para salir de la parálisis, en 1997 diseñamos una estrategia que rápidamente dio resultados: para el 2000 la ZR quedó totalmente despejada, lo cual permitió convocar una oferta pública para desarrollar un primer lote, ganada por la empresa franco-colombiana Desarrollos Cativen, S. A., la cual construiría un centro comercial con hipermercado, pagando, hasta el vencimiento del contrato, un canon mensual equivalente a seis dólares por metro cuadrado de terreno, indexado a la inflación; el proyecto del edificio fue seleccionado a través de un concurso de arquitectura con participación de tres oficinas venezolanas, una francesa y una española.
Ya este primer desarrollo produjo un cambio de gran calado: pese a los importantes gastos en que se debió incurrir para poner en marcha la estrategia, el aporte de la Fundación a la UCV pasó de los 96 mil dólares de 1996 a los 431 mil de 2003. Pero, además, se había logrado revertir el progresivo deterioro en que había estado sumido ese sector de la ciudad, tan vital para fortalecer la capitalidad y dinamizar su economía: todo indicaba que el camino para el pleno despliegue del Plan se había despejado.
Pero en eso llegó Chávez: impresionado por la calidad de las instalaciones, apenas terminado amagó con expropiarlo, aunque al final terminó comprándolo a Cativen, rebautizándolo Gran Abasto Bicentenario.
Lea también: ¿Quién planifica el futuro?, por Griselda Reyes
En junio de 2012, henchido de orgullo como si fuera obra suya, procedió a inaugurarlo con bombos y platillos «como parte de la Venezuela nueva», a la vez que trasladaba al Ejecutivo los compromisos contractuales adquiridos con la Fundación; pero no contó con la capacidad corrosiva de su propio régimen: apenas cuatro años más tarde su heredero declaraba, menos orgullosamente pero sin sonrojarse, que «Abastos Bicentenario se pudrió… la corrupción entró y los arruinó»; por supuesto, no mencionó quiénes les abrieron las puertas a los portadores del letal virus.
Pero la torta tiene varias guindas, la primera de las cuales es que, aunque Maduro aseguró que pasaría a los Consejos Comunales «como distribución directa de mercados», en realidad lo entregó a una empresa de reciente constitución, Salva Foods, propietaria de Salva Market, tiendas que, entre otras cosas, venden artículos de lujo y alto costo.
Nueva dirección, Zona Rental, Plaza Venezuela pic.twitter.com/KO68Hif7L8
— MireyaMM (@mireyamm20) September 26, 2022
La otra guinda: cuando en 2015, en flagrante violación de la ley, el BCV dejó de publicar información económica sensible como la tasa de inflación, dejaron de pagar la renta contractualmente establecida argumentando que, como esta debía ajustarse periódicamente a la inflación, era imposible determinar su monto, situación que hasta el sol de hoy se mantiene, convirtiendo al Estado en vulgar okupa, poniendo en riesgo la existencia misma de la Fundación y privando súbitamente a la actividad científica de la UCV de unos robustos ingresos.
Para entonces la Fundación había avanzado en la asignación de otros dos grandes proyectos: en 2007 el Intercambiador Modal de Transporte Público y en 2009 el Centro Hotelero. Como es fácil entender, a raíz de lo ocurrido con el Centro Comercial los inversionistas que habían ganado las respectivas licitaciones optaron por retirarse. En cambio, cumplidos diez años de los pomposos anuncios de Chávez, en estos días se publicita una «venta de garaje» en los sótanos del hipermercado: ¿la «Venezuela nueva» ofrecida por el caudillo? ¿Qué más puede venir?
Marco Negrón es arquitecto
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
