Las calles son del pueblo, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
En Venezuela, la conflictividad social está encabezada por las protestas y movilizaciones laborales desde hace aproximadamente 10 años continuos. Esta tendencia se consolida en el primer semestre de 2022, demostrando así el rotundo fracaso de las políticas públicas supuestamente dirigidas a satisfacer las necesidades de la clase trabajadora. El real resultado de la gestión gubernamental en esta materia es el absoluto empobrecimiento de las mayorías populares, que además viven una enorme frustración al verse masacradas, perseguidas y encarceladas, cuando piden respeto a sus derechos.
Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
Si se analiza el gráfico del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se observa que por ejemplo, durante el año 2012, en plena campaña por la reelección presidencial de Chávez, se llevaron a cabo unas 5.483 protestas. Desglosada esa cifra para la anualidad, sería equivalente a 15 protestas diarias en todo el país. Entre 2018 y 2019 hay una subida exponencial en la protesta popular, reducida relativamente por el efecto pandemia entre 2020 y 2021. Ahora bien, de acuerdo al contenido de las demandas planteadas, el 80% de las tensiones y conflictos está relacionado con derechos sociales.
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Actualmente, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reporta en su informe del primer semestre del este año, 2.856 protestas vinculadas con la demanda de cumplimiento de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca). Indica, además, que esa cifra equivale al 73%, del total de protestas registradas en el periodo. De esas 2.856 protestas en la primera mitad del 2022, la población exigió derechos laborales en 1.642 casos. De esta forma, la reivindicación principal sigue siendo de carácter laboral, por cuanto representa el 42% del total.
El deterioro del poder adquisitivo del salario junto con la pérdida brutal de capacidad adquisitiva de las pensiones y jubilaciones, son la causa fundamental de las demandas de la clase trabajadora, a lo que se ha sumado la anulación del instructivo dictado por la Onapre, por cuanto se trata de un mecanismo que sustrae dinero de las remuneraciones, tanto al personal académico de las universidades públicas, como a toda la nómina de la función pública, exceptuando los altos cargos, cuyo esquema de pago se maneja de forma bastante discrecional por parte de las autoridades de cada cartera ministerial.
Evidentemente, se ha profundizado la crisis económica. Ello, junto con olas de escasez de alimentos y medicinas, un largo período de inflación, y en general, un deterior generalizado en el acceso al disfrute de los servicios públicos esenciales, como agua, electricidad, salud y educación, ha empeorado la calidad de vida en Venezuela. A todo esto, se suma el desplazamiento forzoso de la población.
A pesar que han trascurrido ya 10 años desde la última reelección de Chávez, tiempo en el que pudo haberse corregido deficiencias o situaciones que incidieran negativamente en las condiciones del pueblo, lo cierto es que muy lejos de producirse mejoras, se han generado importantes retrocesos. Por ejemplo, en materia laboral, no existe la contratación colectiva y menos aún la libertad sindical.
También, y de manera lamentable, durante la última década se ha acentuado la represión. Además de los clásicos enemigos externos e internos identificados por el gobierno bajo la etiqueta del imperialismo y la derecha, progresivamente se ha acentuado la persecución a una serie de dirigentes sociales, populares, de izquierda e incluso, militantes de partidos políticos y organizaciones sindicales aliadas del PSUV o del llamado proyecto bolivariano, tal es el caso del PCV y la CUTV. Al final las calles siguen siendo escenario de las luchas de un pueblo que clama por sus derechos y enfrenta a la GNB, el Sebin, el Dgcim y demás estructuras de la violencia del estado, bajo una misma consigna: las calles son del pueblo y no de la policía.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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