Las FAES usan 16 mecanismos para justificar sus ejecuciones extrajudiciales
Proiuris señala que los cuerpos policiales usan los posibles antecedentes penales de la víctima a modo de justificación de las ejecuciones extrajudiciales
La organización no gubernamental Proiuris identificó 16 mecanismos que usan las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), para justificar las ejecuciones extrajudiciales que cometen en zonas pobres del país.
En la investigación «Las FAES matan con patrocinio del Estado», Proiuris analizó 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas sobrevivientes desmienten las versiones oficiales sobre presuntos enfrentamientos entre policías y delincuentes, que son calificados jurídicamente como «resistencia a la autoridad” y no son debidamente investigados por el Ministerio Público.
Además se analizó la forma de asesinato de las principales víctimas, cuyas muertes quedan asentadas en los certificados de defunción como producto de un shock hipovolémico, así como la documentación de cuatro masacres perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado durante 2019, que suman 26 muertos.
«La brutalidad policial tiene un impacto diferenciado en mujeres y en niños, niñas y adolescentes. Las viudas deben asumir la carga del sostén económico de la familia y la canalización de los duelos. Entre enero y septiembre de 2019, 301 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de sus padres», destacó la ONG en su informe.
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Proiuris logró desglosar los mecanismos por etapas que cumplen las FAES desde que llegan a las zonas de los presuntos enfrentamientos hasta el procesamiento judicial de cada caso.
En primer lugar se da una irrupción violenta en residencias y domicilios, además de la concentración de la actuación judicial en los barrios pobres. Las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes en edad productiva, como lo identificó el informe publicado el 4 de julio por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Esos presuntos enfrentamientos son calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad, con lo cual se exime de ciertas responsabilidades penales a los funcionarios porque se justifica el ataque armado contra un civil.
Luego de esto, los funcionarios alteran la escena del crimen para borrar evidencias de los excesos policiales e implantan armas –lo que se conoce como “siembra”- para simular los enfrentamientos.
Proiuris señala que además los cuerpos policiales usan los posibles antecedentes penales de la víctima a modo de justificación de las ejecuciones extrajudiciales. También hay ausencia del Ministerio Público en este tipo de procedimientos, donde los allanamientos se realizan sin autorización judicial.
Para justificar el asesinato de una persona, las FAES alegan que estaban en la “comisión flagrante de delito”, es decir, cometían una acción delictiva al momento de que los funcionarios llegaran al lugar de los hechos.
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En estos operativos, las víctimas también destacaron que se produce un robo dentro de sus viviendas por parte de los oficiales, que generalmente van enmascarados y sin ningún tipo de identificación.
Los asesinatos casi siempre se producen de manera instantánea, pues los disparos que realizan los efectivos son a zonas vitales del cuerpo, y se les niega el socorro efectivo, pese a que los cuerpos de seguridad tienen esta prerrogativa.
A todo esto se suma que las FAES se han incorporado en labores de control del orden público, sin cumplir las normas sobre uso progresivo y proporcional de la fuerza pública y existe una impunidad generalizada en estos casos.
La organización en defensa de los derechos humanos afirmó que la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales “no es debidamente investigada por el Ministerio Público, y en los pocos casos atendidos por la Fiscalía pueden operar vicios del sistema de administración de justicia que impiden el enjuiciamiento y aplicación de sanciones conforme a derecho”.
Con información de Proiuris
