Las OLP abrieron el camino para la represión en Venezuela hace cinco años
Después de las OLP, Nicolás Maduro anunció a creación de las FAES, las cuales se han convertido en el brazo ejecutor del terrorismo de Estado, sembrando terror en las comunidades
Se cumplen cinco años del lanzamiento oficial de la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP), un plan policial-militar anunciado como plan gubernamental para combatir la inseguridad, pero que rápidamente se convirtió en una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares.
Desde el inicio de las OLP, Provea registró cientos de denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios policiales y militares actuantes en estos operativos. El numeroso despliegue de funcionarios policiales y militares en las zonas donde se realizaron las OLP y el discurso oficial que alentó la política de “mano dura”, propiciaron la ocurrencia de numerosos abusos por parte de los agentes de la fuerza pública contra habitantes de sectores pobres.
En abril de 2016, junto a Human Rights Watch, Provea presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe «Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela», en el que se analizaron los señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo.
Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas e inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades se sumaron a la cuestionable actuación de la Fuerza Armada y cuerpos policiales.
La denuncia del gobierno sobre la “presencia de paramilitarismo” en las comunidades pobres dio pie a una especie de programa contra la población extranjera, especialmente colombiana, y contra quienes habitaban en zonas populares. Provea denuncia que «autoridades y el sistema público de medios mantuvieron una amplia campaña xenófoba que generó la criminalización de grupos de la sociedad por su nacionalidad o condición social».
Según las cifras suministradas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) en los primeros cinco meses de las OLP, más de 70.000 funcionarios de la Guardia Nacional, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías regionales habían participado en operativos realizados en distintas comunidades populares del país.
Por sus efectos, «la Operación de Liberación del Pueblo impactó negativamente en la garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, además vulneró la realización y garantía de los derechos económicos sociales y culturales. No hay antecedentes en Venezuela de un operativo policial que haya tenido un impacto tan negativo en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada», detalla Provea.
Ejecuciones extrajudiciales
De acuerdo con las cifras del Ministerio Público en su informe «Actuaciones en el marco de las OLP», del año 2017, desde el inicio de la “Operación de Liberación del Pueblo”, en julio de 2015, y hasta marzo de 2017, un total de 505 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública. Este mismo documento revela que «la mayoría de las personas asesinadas eran hombres mayores de edad (94,65%) y en menor medida hombres menores de 18 años (5,35%)».
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El estado Carabobo registró la mayor cantidad de asesinatos a manos de la fuerza pública con 136 víctimas (26,9%), seguido del Área Metropolitana de Caracas con 126 víctimas (25%) y el estado Bolívar con 74 víctimas (14,7%). Por estos hechos se iniciaron 357 investigaciones por homicidios. El informe del Ministerio Público reveló que para 2017, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, se investigaban 1.074 funcionarios policiales y militares involucrados en presuntos casos de violaciones a derechos humanos cometidas en estos operativos policiales; 112 de ellos habrían sido imputados ante Tribunales del país. Sin embargo, en la actualidad se desconoce el curso actual de estos procedimientos bajo la gestión del fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab.
Masacre en la Cota 905
El 14 de julio de 2015, familiares de cuatro personas asesinadas en el sector La Cancha de la Cota 905, durante un operativo de la OLP el 13 de julio de ese año, desmintieron la versión oficial que indicaba que estas personas habían resultado muertas luego de enfrentarse a la fuerza pública. Los deudos de Martínez, Elio Jesús (25); Castro, Carlos Luis (25); Istúriz, Kevin Jesús (22); Bejarano, Carlos Eneisi (18) y un menor de edad de 14 años, denunciaron que estas personas no se habían enfrentado a los efectivos policiales y no pertenecían a bandas delictivas. Un familiar del adolescente aseguró que este fue asesinado mientras dormía en su vivienda.
Según cifras oficiales, la OLP realizada en la Cota 905 dejó un balance de 16 personas asesinadas. La versión de los cuerpos policiales indicó que la totalidad de estas personas fallecieron luego de enfrentarse a las comisiones de los cuerpos de seguridad que participaron en la operación; sin embargo, en al menos siete casos, los familiares de los fallecidos desmintieron la versión oficial.
Masacre de Barlovento
El 08 de octubre de 2016, unos 1.300 funcionarios del Ejército y otros cuerpos de seguridad, desplegaron una OLP en Barlovento, estado Miranda. En su primera fase, el operativo dejó cinco jóvenes fallecidos en el sector Casupo Arriba. Según informaron las autoridades, estas personas habrían muerto en un enfrentamiento con miembros del Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional. Otras decenas de personas fueron detenidas durante la ejecución del operativo en varios sectores de Barlovento. 45 días después de este operativo, se supo que 12 de los detenidos en los allanamientos ilegales y puntos de control fueron asesinados y enterrados en fosas comunes por los militares. Otro de los detenidos falleció a consecuencia de las torturas recibidas.
En el informe presentado por el Ministerio Público en febrero de 2017 reconoció los excesos cometidos por los funcionarios: “Se extrae de los testimonios rendidos por las víctimas-testigos que, tanto ellos como los occisos, fueron sometidos a graves métodos de tortura, tales como: descargas eléctricas en varias partes del cuerpo incluyendo partes íntimas, inhalación de gas lacrimógeno, golpes con objetos contundentes; entre los cuales se puede mencionar un palo de guayaba colectado a través de la inspección técnica realizada en uno de los sitios en los cuales se dieron los hechos reseñados. Los vejámenes a los cuales resultaron sometidas las víctimas sobrevivientes y los hoy occisos violaron los más básicos derechos constitucionales”.
Provea denuncia que la mayoría de las víctimas fallecieron a consecuencia de heridas producidas por armas blancas en el cuello, luego de haber sido sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Detenciones arbitrarias
En las dos primeras semanas de despliegue de la Operación de Liberación del Pueblo fueron detenidas más de 500 personas. Solo en el primer operativo realizado en la Cota 905, en Caracas, 134 personas fueron apresadas, a quienes autoridades como el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, y Nicolás Maduro acusaron de mantener vínculos estrechos con el paramilitarismo. Dos semanas después se conoció que únicamente siete personas permanecían detenidas por presentar cargos por robo y homicidio; mientras que el resto fue liberado por no tener antecedentes ni solicitudes. Es decir, la efectividad de esta incursión fue de apenas 5%.
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Los datos recopilados por Provea en su Informe Anual 2015 indicaron que en ese período se registraron 100 casos y 17.071 víctimas de detenciones masivas, lo que representó un incremento de 494% respecto al año anterior. «El aumento de este tipo de detenciones obedeció a la implementación de la OLP, toda vez que las detenciones realizadas en el marco de dicho operativo representaron 92% (15.946 detenciones) de los casos de violaciones al derecho a la libertad personal y 93% de las detenciones masivas (17.071) registradas durante 2015», explica Provea. Entre los cuerpos de seguridad que más realizaron este tipo de detenciones destacó en primer lugar la Guardia Nacional con 901 detenciones.
Allanamientos y demolición de viviendas
Más de 18.000 viviendas fueron allanadas durante la ejecución de la Operación de Liberación del Pueblo. En operativos como el realizado en la Cota 905 y en el complejo urbanístico de la GMVV en el sector Vidoño, ubicado en el estado Anzoátegui, se realizaron allanamientos en todas las viviendas de dichas comunidades. En las OLP realizadas en los urbanismos Alí Primera y La Sábila en el estado Lara, fueron allanadas 4.032 y 4.000 viviendas, respectivamente, mientras que en la OLP ejecutado en el sector La Invasión, en el estado Táchira, 1.500 viviendas fueron allanadas. En ninguno de los casos, estos allanamientos, denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios actuantes, contaron con una orden judicial.
Igualmente, en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público. También se reportaron numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas.
Otras 1.490 viviendas de la Misión Vivienda Venezuela fueron “recuperadas” durante la ejecución de la OLP a nivel nacional. Es decir, «los habitantes fueron desalojados de forma arbitraria por las autoridades luego de haber sido estigmatizados y criminalizados», resalta Provea, que recibió denuncias de personas de nacionalidad colombiana, residentes de estos urbanismos, quienes señalaron el trato discriminatorio y los atropellos recibidos por parte de funcionarios policiales y militares debido a su nacionalidad.
Provea también encontró que 976 viviendas fueron demolidas y otras 10 incendiadas por agentes de la fuerza pública durante la ejecución de la Operación de Liberación del Pueblo, lo que califica como «una afectación del derecho a la vivienda sin precedentes en la historia venezolana». En estos procedimientos, «el Estado violó las garantías procesales previstas en el caso de desalojos y consagradas en los instrumentos internacionales y nacionales de protección del derecho humano a una vivienda adecuada porque realizó el desalojo y la demolición de forma sorpresiva y violenta», condena está organización.
De OLP a las FAES
Como sustitutos de las impopular “Operación de Liberación del Pueblo ” y su fracasada reedición “Operación de Liberación Humanista del Pueblo”, los procedimientos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) intentan contener, a fuerza de terror y abusos, el descontento de los más pobres.
Las FAES fueron presentadas oficialmente por Nicolás Maduro el 14 de julio de 2017. Dijo que la agrupación de élite había sido creada para combatir el “crimen organizado y el terrorismo”.
«Las FAES se han convertido en el brazo ejecutor del terrorismo de Estado. El despliegue masivo de policías y militares que caracterizó al OLP fue sustituido por el aumento de la letalidad policial a manos de este cuerpo élite que siembra terror en las comunidades», afirma Provea.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presentado en Ginebra el año pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) señaló: “Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES, y posiblemente a otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social. Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición”.
