Leopoldo López califica de «ilegal» solicitud de su extradición a España
López dijo que con la medida se evidencia la «criminalización» de la disidencia por parte de quienes ostentan el poder en Venezuela
El líder político y coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, rechazó este jueves 22 de abril la solicitud de extradición en su contra que hiciera el Ministerio Público a España, diciendo que esa medida es una «maniobra» ejecutada desde la gestión de Nicolás Maduro con el fin de silenciar a la disidencia.
A través de una nota de prensa, López enfatizó que desde el Ejecutivo no lograron silenciarlo durante su periodo en prisión. «la dictadura nos subestima si piensa que esta nueva maniobra va a poder intimidarnos. Todo lo contrario. Jamás podrán silenciarnos. Esto solo refuerza nuestra lucha por la libertad”.
Calificó de «ilegal» la solicitud de la Fiscalía porque es una petición que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia, que a su juicio es ilegítimo. Cree que de esta forma queda evidenciada la «criminalización» que se ejerce por parte de quienes ostentan el poder en Venezuela y reiteró que ni las inhabilitaciones, ni la cárcel, ni la persecución ni el exilio lo hará silenciar.
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También cuestionó la autoridad del mandatario Nicolás Maduro y del mismo TSJ, diciendo que uno está señalado de violador de DDHH por parte de la ONU y el otro, que es una institución que carece de autonomía. «El mundo entero sabe que es Maduro quien ha asesinado a miles de venezolanos con una dictadura represora, hambreadora y ejecutora de crímenes de lesa humanidad”.
Insistió López en que se continuará trabajando para lograr condiciones que permitan celebrar elecciones «libres, justas y verificables» en Venezuela para que luego, aquellos que hayan cometido delitos, puedan responder ante la justicia internacional por los crímenes que perpetraron.
El Ministerio Público solicitó el martes 20 de abril al reino de España la extradición de Leopoldo López debido a su presunta participación en la llamada Operación Gedeón, que se llevó a cabo a principios de mayo de 2020 que terminó con al menos ocho fallecidos y más de 50 personas detenidas.
Los magistrados de la Sala Penal del máximo tribunal del país analizarán la situación para así determinar si se cumplen o no los requisitos para solicitarlo a España. De ser afirmativa su respuesta, declararían ha lugar el planteamiento y sería la magistrada Elsa Gómez Moreno la encargada de elaborar la decisión definitiva.
