Letra muerta, por Pascual Curcio Morrone
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Concluye en Belém do Pará (Brasil) la «Cumbre de la Amazonía» convocada por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y no pudo ser más decepcionante lo ocurrido, no hubo acuerdo para tomar acciones que mitiguen la continua degradación de la selva amazónica, el bosque tropical más extenso del mundo y con la mayor biodiversidad, compartido por varios países suramericanos con una extensión territorial semejante a la de Australia y con un gran impacto en el comportamiento climático regional con una alta influencia en la economía continental: «no olvidemos que alrededor del 75% del PIB de la América del Sur está relacionado con las lluvias producidas por la Amazonía», palabras en el evento de la ministra para el Medio Ambiente de Brasil.
Ignoradas fueron las principales propuestas de los ambientalistas presentes, recogidas en el escrito «Declaración de los Pueblos de la Tierra por la Amazonía» y las cuales eran 1- proteger el 80% de la superficie selvática hasta el año 2027 de toda deforestación y 2- titular el 100% de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas; en cambio, si se procedió a la firma del acuerdo entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 900 millones de dólares destinados a micro empresarios individuales y a pequeñas y medianas empresas en la Amazonía talada «legalmente», que paradójico; mas contradictoria aun la postura de Bolivia y Venezuela guardando silencio – Bolivia, Brasil y Venezuela fueron calificados como los mayores depredadores de la Amazonía, según las organizaciones Global Forest Watch y SOS Orinoco -.
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Patético, pero a la vez incriminador el silencio de la delegación venezolana ante las propuestas señaladas, ya que el país cuenta con un texto legislativo en materia ambiental de los más completos del planeta; hasta cuatro artículos insertados en la Constitución Nacional y una amplia Ley Orgánica del Ambiente y su reglamento, así como también legislación específica que permite regular el trato que se debe dar a cada componente del medio ambiente. Los artículos 127, 128 y 129 de la carta magna venezolana prácticamente le otorgan rango de connacional a los ecosistemas forestales, soporte estructural del término Desarrollo Sustentable, taxativamente acotado en el artículo 128 y resguardado por el 129, cito: «Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural».
En tal sentido, ningún funcionario público está legalmente facultado para siquiera talar un árbol sin la evaluación previa del perito forestal y bajo la autorización y supervisión del ente público superior en la materia, el Ministerio respectivo.
Es más que sabido que la degradación de los bosques provoca cambios en las condiciones micro climáticas originales y expone al suelo directamente a la incidencia de los rayos solares y al impacto de las lluvias, afectando la diversidad biológica; es la realidad del cambio climático global determinado por la deforestación indebida – escrito TalCual «Los chismosos números« -, hecho recurrente en la Amazonía auspiciado por grupos armados, traficantes de drogas y minería ilícita que invaden y se apropian de áreas protegidas y de territorios indígenas, algunos declarados como «Reserva Forestal» sin el consentimiento de las etnias residentes y con una total ausencia de planes de manejo, figura jurídica del Derecho Ambiental que más bien funciona como concesión explicita para propiciar la depredación ecológica y la extracción de recursos tanto madereros como mineros.
De continuar el ecocidio será inevitable la disminución de la precipitación y el incremento de la temperatura, la sequia aumentará en frecuencia e intensidad por la acción del ecuador térmico durante la estación de verano, provocando una disminución del caudal de los grandes ríos regionales; prospectiva muy grave para Venezuela debido a que el río Caroní abastece la vital represa hidroeléctrica El Gurí, ver gráfico explicativo:
Trazado del ecuador térmico, temperatura media anual más alta en cada longitud en los hemisferios norte y sur; franja roja corresponde al hemisferio norte, zona de convergencia intertropical (ITCZ) mes Julio y franja azul corresponde al hemisferio sur, ITCZ mes enero
Fuente: Maps Reddit.com
La selva amazónica es un muro que enfría y no permite el avance hacia territorio venezolano de la franja calórica térmica proveniente del hemisferio sur durante el verano –escrito TalCual «Las travesuras de la Niña y el Niño« -; el follaje de árboles que sobrepasan los 50 metros de altura y con gran diámetro modera los parámetros meteorológicos porque genera entre las temperaturas diurnas y nocturnas una diferencia media superior a 5°C. En síntesis, la gran masa forestal evita que entorno a la represa El Gurí se extienda una zona de alto calor por 12 meses consecutivos.
El Acuerdo de Paris del año 2015 marcó un hito importante en el Derecho Ambiental internacional por ser vinculante a los países firmantes y permite la impugnación ante tribunales internacionales de aquellas decisiones gubernamentales relativas a proyectos incompatibles con los objetivos del Acuerdo: la protección de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático.
En la ONU el Programa para el Medio Ambiente (Pnuma) atiende a los denunciantes: «las personas recurren cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática, al exigir responsabilidades a los gobiernos y al sector privado y convertir los litigios en un mecanismo clave para garantizar la acción climática y promover la justicia climática», Inger Andersen, Directora Ejecutiva Pnuma.
Las denuncias internacionales ascienden a 2180 – «Informe mundial sobre litigios climáticos: revisión 2023»; Sabin Center, Universidad de Columbia, USA -; las comunidades afectadas pueden y deben organizarse para actuar jurídicamente, plantear la querella y los tribunales avocarse a investigar, evaluar y dictar sentencia, es la única forma en que el Derecho Ambiental prospere, se fortalezca y así deje de ser letra muerta.
Pascual Curcio Morrone es geógrafo (UCV-1983). Especialista en Análisis de Datos. Especialista en Fotogrametría, IPO, adscrito a la Universidad de Stuttgart, Alemania.
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