Ley de Fiscalización ONG y Desobediencia Civil, por Rafael Uzcátegui
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Las autoridades han venido promoviendo hechos dilemáticos para intentar debilitar la cohesión de la alternativa democrática. Mientras el liderazgo político debate sobre si participar o no en las elecciones regionales convocadas para el mes de mayo, en paralelo la sociedad civil decide cómo enfrentar la aprobación de la llamada «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro». En el fondo del debate se encuentra cuál debería ser el camino para enfrentar la instalación de un gobierno de facto en el país.
El 15 de noviembre de 2024 apareció en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.855 una normativa que tenía varios años amenazando su promulgación, cuyo largo título resumiremos como la «Ley anti ONG». El articulado obliga a todas las asociaciones del país, independientemente de su antigüedad, a inscribirse en un nuevo registro, modificar sus propios estatutos y entregar una serie de informaciones sensibles sobre su funcionamiento.
La ley estableció un plazo de 90 días para registrarse, el cual venció a mediados de febrero. Las sanciones previstas son una serie de multas cuyos montos serían un duro golpe para el trabajo de cualquier organización no gubernamental.
La amenaza de la normativa al derecho de libertad de reunión y asociación ha generado, dentro de la sociedad civil, un debate cuyos contornos son similares al del liderazgo político sobre qué decisión tomar frente a la nueva convocatoria electoral, luego de lo ocurrido el 28J y la instalación de un gobierno sin legitimidad de origen el 10 de enero. Sin duda, estos dos hitos han transformado cualitativamente el conflicto en Venezuela, un escenario que no puede compararse a nada ocurrido antes de las últimas elecciones presidenciales. Aunque parecieran decisiones tácticas y coyunturales, también reflejan la actitud a desarrollar frente a un gobierno producto de un golpe de Estado.
En la discusión de sociedad civil sobre qué hacer frente a la «Ley anti ONG» han aparecido 4 posibilidades: 1) Cumplimiento integral de la norma; 2) Cumplimiento adaptativo; 3) Exploración de otras figuras legales y 4) La no inscripción en el registro. Al igual que en la conversación sobre elecciones hay fortalezas y debilidades en cada alternativa. Cada quien adopta decisiones en base a sus valores, su diagnóstico sobre el conflicto y a qué nos enfrentamos, su explicación de lo que pasó el 28 de julio y la posibilidad de continuar cumpliendo el mandato de su organización.
Desobedecer, no colaborar
De nuestra parte consideramos que nos enfrentamos a un gobierno que, luego de realizar un fraude electoral, es inequívocamente no democrático y ha decidido mantenerse en el poder a toda costa. A partir del 10 de enero se abre para Venezuela un período sólo comparable a lo que ocurrió entre nosotros luego del año 1948, cuando una junta militar derrocó al presidente Rómulo Gallegos. Si aprendemos de lo sucedido en aquel lapso histórico, la respuesta debería ser la resistencia, basada en la no colaboración y la desobediencia civil.
La «Ley contra las ONG» merece tanto un análisis jurídico como político. Las autoridades han anunciado su intención de erosionar cualquier organización de la sociedad que sea autónoma e independiente de su vocación totalitaria. Es un mal análisis quien considere que es una ley contra «organizaciones políticas» –y políticas debe ser entendido por tener un alto perfil en la denuncia–, y que evitar la controversia lo mantendrá a salvo de las represalias. Están equivocados.
El gran modelo a seguir es el nicaragüense, donde los Ortega han logrado asfixiar, de manera progresiva, el tejido asociativo no estatal del país. Con el tiempo las dificultades terminaron alcanzando a quienes asumieron la cautela y la discreción.
Que lesione los derechos de libre asociación y sea promovida por un gobierno de facto se enmarca en el artículo 25 de la constitución: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo…».
Las razones no son únicamente morales sino también prácticas. Si nuestro mandato es la documentación y denuncia pública de las violaciones de derechos humanos, mal deberíamos convertirnos en prisioneros de una ley que nos obliga a bajar el perfil para ser menos reconocibles en la oficina de registro o ante los órganos encargados de hacer cumplir la norma. Para ejercer el derecho de libre reunión, como expresan los estándares internacionales, no hace falta registro ni autorización estatal ninguna.
Hay alternativas para continuar haciendo el trabajo en un contexto cerrado y al margen de la (i)legalidad dictatorial. Suministrar la información exigida por ley será colocar en riesgo permanente a los integrantes de nuestra organización, en una Venezuela donde han sido privados de libertad Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas o Carlos Correa. ¿Lo que no han hecho los organismos de inteligencia lo hará nuestra servidumbre voluntaria? Mal podemos pedirle coherencia al liderazgo político sin dar nosotros mismos el ejemplo.
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Sin embargo, frente al autoritarismo actual, no hay camino que sea garantía de nada. Se impone la descentralización estratégica, aspirando que alguna de las formas de lucha por la redemocratización del país pueda lograr algún avance. Las tácticas deben ser en diferentes tonos y diferentes niveles. Si el gobierno alienta el «divide y vencerás», lo peor que podemos hacer es canibalizarnos entre nosotros y dinamitar todos los puentes que el día de mañana impidan la reacción común.
Por tanto, el enemigo sigue siendo el gobierno de facto, no quienes se registren en la ley o aquellos que convoquen a votar, por las razones que sea. Sinceramente les deseo que sean más eficientes que yo en la meta de acercarnos a la democracia.
Pasado mañana deberemos enfrentar una amenaza verdaderamente existencia, luego del 10E, para este 2025: La imposición de un nuevo modelo de Estado, y por tanto de gobierno, a partir de una «reforma» constitucional.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
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